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La calidad de la sanidad pública en Castilla y León baja a regular, pero sigue siendo la quinta mejor de España
La sanidad de Castilla y León alcanza una calificación de regular, pero ocupa el quinto puesto en el ranking elaborado a partir del XII informe 'Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas 2015', elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que se ha presentado hoy en Madrid. Dicho informe mide 26 parámetros que van desde el presupuesto sanitario per capita, hasta el número de camas y quirófanos, pasando por las listas de espera o la satisfacción de los usuarios en cada región.
Según este informe, basado en datos “obtenidos antes de las elecciones autonómicas” tal y como advierten los responsables del mismo, Castilla y León se mantiene en una de las primeras cinco posiciones desde hace siete años. En concreto obtiene 64 puntos de 98 posibles, por detrás de País Vasco, que obtiene 80 y es la comunidad mejor valorada, Navarra (74 puntos), Aragón (71) y Asturias (70), todas dentro del grupo de autonomías con los mejores servicios En la cola de la clasificación se encuentra Canarias (44 puntos) en última posición; la Comunidad Valenciana (45) en penúltimo lugar, y Cataluña (48) como antepenúltima.
El portavoz de la Federación, Mariano Sánchez Baile, aseguró que el aspecto más positivo en la atención sanitaria que ofrece la Junta de Castilla y León a sus ciudadanos es que “dedica muchos recursos por habitante” o, expresado de otra manera, tiene un elevado gasto per capita, algo más de 1.309 euros, lo que la convierte en la cuarta comunidad que mas invierte. En ese parámetro destaca también el País Vasco, con un gasto de 1.548 euros por habitante, 544 euros más que la comunidad que menos dinero destina a Sanidad, Andalucía, con 1.004 euros per capita.
Castilla y León se sitúa también en los primeros puestos en número de camas, con 3,90 por cada 1.000 habitantes, sólo superada por Aragón que dispone de 4,11. Asimismo, ocupa la primera posición en el número de médicos de atención primaria, con 1,1 por cada mil habitantes, frente a los 0,64 de Baleares o los 0,69 de la Comunidad de Mandrid, las dos últimas en este apartado.
En el otro lado de la balanza está el elevado gasto farmacéutico de Castilla y León, según destaca el informe. En concreto, la Junta gastó 216,88 euros por habitante, la quinta que más. Un dato que, según Sánchez Baile, pone de manifiesto una mala dispensación de medicamentos ya que “se calcula que el 30 por ciento del gasto farmacéutico es ineficiente”. Extremadura es la región que máss gasta en este apartado, 268,68 euros, y Baleares la que menos, 168,68 euros.
El servicio, funciona
Respecto a la valoración que hacen los ciudadanos de la atención sanitaria que reciben de su comunidad, el 65 por ciento de los castellano y leoneses opina que la Sanidad pública funciona “bien o bastante bien”, la novena región mejor valorada por los usuarios. Este apartado está encabezado por Navarra (80,3 por ciento), seguida de Asturias (79,4 por ciento).
En este mismo apartado de valoración ciudadana, otro de los datos que ofrece el informe indica que el 84 por ciento de los pacientes de la Comunidad que fueron atendidos en la Sanidad pública considera que recibió una atención “buena o muy buena”. No obstante, esta cifra sitúa a Castilla y León en el puesto 12 de las 17 comunidades autónomas.
“Tremendos recortes”
Más allá de todos estos datos, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierte de que todas las comunidades, sin excepción, han sufrido “tremendos recortes” en Sanidad desde el año 2009, cifrados entre “15.000 y 21.000 millones de euros”. Fundamentalmente, asegura, esos recortes se han producido en los “recursos humanos disponibles” ya que le número de trabajadores públicos en la sanidad se ha reducido en “entre 40.000 y 45.000 trabajadores”.
La Federación denuncia asimismo la “ausencia de transparencia” por parte de las distintas administraciones públicas lo que dificulta conocer el verdadero estado de la Sanidad en las comunidades autónomas. A juicio de Sánchez Baile, esto “significa un secuestro de los datos que deberían ser públicos”. En cuanto a los datos del informe, el portavoz destaca que ponen de manifiesto que la “disparidad entre comunidades autónomas no sólo no disminuye sino que tiende a aumentar”.