La batalla final por la minería

La otrora importante minería de Castilla y León se prepara para convertir el recién estrenado 2018 en “el año de la batalla final”, emprendida por los alcaldes de las cuencas y los sindicatos mineros para salvar un sector que antes de la adhesión de España a la Unión Europea contaba con miles de trabajadores en la Comunidad y que hoy cuenta con menos de 400 empleados en activo. En el calendario de los agentes del sector, la fecha del 1 de enero de 2019 está marcada en rojo como el momento en el que se tendrán que cerrar las explotaciones de carbón deficitarias, mientras que las rentables deberán devolver las ayudas cobradas desde 2010. La amenaza de cierre de las centrales térmicas de interior y el fin del Plan del Carbón vigente desde 2013 son otros de los motivos que hacen pensar que la minería puede estar viviendo sus últimos días en la Comunidad.

Además, la entrada de las empresas mineras en concursos de acreedores y procesos de liquidación, especialmente a partir del año 2012, dejan a día de hoy un “sector reducido con contratos que no dan estabilidad”, denuncian los representantes sindicales de las empresas mineras. A ello se suma el proceso de reconversión marcado ya en el primer Plan del Carbón, que“se basaba en prejubilaciones porque su objetivo era finiquitar la industria”, asegura el responsable de minería de CCOO en la Comunidad, Omar Garal.

Recorrido por la realidad del sector

En la cuenca berciana, la empresa Uminsa, que tras las últimas prejubilaciones dispone de una plantilla de unos 120 trabajadores, emplea en Fabero a una decena de personas en el cielo abierto conocida como la Gran Corta, a los que se suman las 30 nuevas incorporaciones a empresas auxiliares de la explotación. 60 trabajadores más llevan a cabo sus labores en el lavadero de Alinos, en Toreno, donde también trabajan los empleados de oficina de la compañía. Además, media docena de mineros más mantienen vivo el pozo interior de Salgueiro, en Torre del Bierzo, mientras que el resto de la plantilla está empleada en los tajos de la vertiente asturiana. Al respecto, la alcaldesa de Fabero, la socialista Mari Paz Martínez, recuerda que “sólo la Gran Corta llegó a emplear a cerca de 500 personas en tres turnos diferentes”.

No es mucho más halagüeña la situación en la vecina comarca de Laciana, donde la empresa Hijos de Baldomero García (HBG) constituye el único ejemplo de compañía del sector no inmersa en un proceso concursal. La mina La Escondida, en la localidad de Caboalles de Arriba, emplea desde la semana pasada a una veintena de operarios, a través de contratas que funcionan de manera intermitente mientras la empresa está pendiente de cerrar contratos de venta con la central térmica de Compostilla.

El recorrido por la cruda realidad del sector también pasa por Páramo del Sil, municipio en el que se levanta la otra central térmica del Bierzo, Anllares, cuyos dueños -Gas Natural Fenosa y Endesa- ya han solicitado formalmente al Gobierno el cierre de la instalación. “De poco sirve que la minería sigue adelante si las condiciones medioambientales impiden a las centrales térmicas seguir quemando carbón”, recuerda el alcalde de este municipio minero y vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Ángel Calvo.

En la montaña central de León, el último rescoldo de actividad minera lo mantiene activo la Hullera Vasco Leonesa, que explota en la comarca de Gordón dos unidades de producción, una de interior, con 74 trabajadores y en proceso de cierre, “pagado por el carbón que se extrae de la otra unidad de producción, en lugar de ser pagado por ayudas que fueron aprobadas en el Plan del Carbón 2013-2018”, subraya el responsable autonómico de USO, Marco Antonio Martínez Valledor. A estos empleados se suman los cerca de 150 que operan en las diferentes subcontratas de la otra explotación a cielo abierto, trabajadores que “llevan 40 años trabajando en las mismas condiciones, pero sin los mismos derechos de acceso al plan social”, denuncia Martínez Valledor.

Por último, Palencia conserva una “testimonial” actividad, con sólo ocho trabajadores en activo, dedicados a labores de restauración de las explotaciones a cielo abierto. A estas cifras cabe sumar el más de centenar de mineros de la provincia de León, según datos del comité de empresa, que lleva a cabo su trabajo en el pozo asturiano de Cerredo, propiedad de la Compañía Minera Astur Leonesa.

Devolución de las ayudas europeas

El plazo marcado por la Unión Europea para que las explotaciones rentables devuelvan las ayudas percibidas desde 2010 es la principal “espada de Damocles” que pende sobre el futuro del sector a lo largo de este año. Tras reunirse esta misma semana con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los representantes sindicales consideran que “todavía hay margen de actuación” para frenar un proceso en el que “la ley no marca ni la forma ni los plazos de devolución”, recuerda Garal.

Al respecto, el líder de CCOO reclama que la normativa contemple una cláusula para que las empresas no tengan que devolver las ayudas de golpe. “Ninguna empresa puede devolver esas ayudas, necesitamos que se establezcan plazos similares a los de un préstamo”, explica. En la misma línea, su homólogo en el sindicato UGT, Jorge Díez, reclama que los empresarios que se queden con las unidades productivas que salgan a subasta una vez se aprueben los planes de liquidación de las actuales compañías puedan “empezar de cero sin devolver las ayudas”.

El conflicto de las térmicas

La otra gran amenaza a la que se enfrenta la minería de la Comunidad es el anuncio de las empresas eléctricas sobre el cierre de las centrales térmicas de interior, una medida que el Gobierno está intentando regular a través de la publicación de un real decreto. Al respecto, el alcalde de Páramo del Sil considera que este documento con rango de ley es “vital” y hace un llamamiento al resto de formaciones políticas para “cerrar filas con el ministro” en un asunto “imprescindible para la poca vida que le queda al sector hasta 2030”. “Todos creemos en las renovables, pero el agua, el aire y el sol nunca están del todo cuando se los necesita”, recalca Calvo, que se refiere al carbón autóctono como “energía de respaldo”.

Desde la esfera sindical, el líder de UGT remarca el “apoyo del sindicato” al Ministerio en esta cuestión aunque subraya que “la legislación vigente permite actuar a través de mecanismos para evitar el cierre”. “La última palabra la tiene el Gobierno”, recuerda Díez. El responsable de minería en CCOO también resalta que el borrador de real decreto “no está vinculado a la obligación de consumir carbón nacional”, como sí lo estaba el real decreto de garantía de suministro firmado en el año 2010. “Es cierto que sin térmicas el carbón no tiene futuro, pero hay que mirar la letra pequeña del acuerdo y éste no garantiza el consumo de carbón autóctono”, insiste Garal.

En el mismo sentido, el líder de USO en la Comunidad recalca la importancia vital que tendría para el sector minero el mantenimiento y uso de las centrales térmicas de carbón durante el periodo transitorio hacia las energías limpias. Al respecto, Martínez Valledor considera que la energía es “una cuestión de Estado” y un “asunto estratégico”, a la misma altura que otros sectores como la educación, la sanidad o la defensa, y “con consecuencias importantes en la economía” del país.

Nuevo marco normativo

Tras el “incumplimiento total” del Plan del Carbón 2013-2018, los sindicatos negocian ya con el Gobierno un nuevo marco normativo para el sector. La propuesta sindical pasa por constituir un “frente común” con los grupos políticos para avanzar en la redacción de un plan energético nacional que permita “defender el carbón con más contundencia en Bruselas”, explica Díez.

En ese sentido, UGT considera que el mineral autóctono es “una reserva estratégica que asegura el suministro y actúa de moderador de los precios” y reclama que el futuro marco normativo fije un hueco en el 'mix' y una cifra de producción para las empresas mineras. “Ningún empresario se va a quedar con una empresa si no hay ventas de carbón”, concluye. Por su parte, Garal recuerda que “el tiempo apremia” y que el Gobierno dispone de un “margen muy pequeño” para elaborar un nuevo documento marco. “Esto se tenia que haber hecho con más antelación, estamos yendo ya muy tarde”, lamenta el líder de CCOO.

Por su parte, los alcaldes mineros insistieron en la necesidad de alcanzar un “pacto de Estado por la energía” con un nicho para cada fuente de producción y en el que el carbón ocupe su lugar como “reserva estratégica”. “No tenemos petróleo ni tenemos gas, todo lo tenemos que comprar”, explica Martínez, que coincide con Castañón al señalar al mineral como “única fuente de energía propia de España”.

“Salvar lo que queda de la minería no supone un gran esfuerzo para el Gobierno, pero sí supone tener nuestra propia producción en momentos difíciles de pico de demanda”, explica la regidora de Fabero, que elogia la “defensa a ultranza” del carbón autóctono llevada a cabo por la Agrupación de Municipios Mineros. “Hoy nuestro carbón compite con holgura con el carbón de importación, sólo hay que convencer a las grandes eléctricas de que traten con justicia, sin trato de favor, a las compañías mineras de nuestro entorno, que vayan al mercado y vean que nuestro mineral es competitivo”, destaca el alcalde de La Pola de Gordón.

En la misma línea, los sindicatos instan al Gobierno a “tomar medidas de manera urgente” para la puesta en marcha de “una transición energética con una energía de respaldo que provenga del carbón nacional”. “La política energética tiene que basarse en una estrategia de Estado, no se puede quedar en manos de empresas privadas porque al final el perjudicado es el ciudadano que tiene que pagar su factura”, remarcan.

El negro futuro del sector

Con estos retos sobre la mesa, los líderes sindicales coinciden en recalcar que debe producirse un “cambio” para asegurar la viabilidad futura de las pocas explotaciones activas que quedan en Castilla y León. “Algo tiene que pasar durante los próximos meses, casi todas las empresas están en situación de liquidación o en concurso de acreedores”, recuerda el líder de USO, que reconoce que esta especial situación de las compañías hace que el futuro sea “incierto y difícilmente predecible a día de hoy”. Aún así, Martínez Valledor confía en ver “germinar un proyecto que realmente genere confianza” aunque recuerda que ello debe reunir “muchas voluntades de muchas partes”.

Desde CCOO, Garal se muestra más pesimista y recalca que “sin ese cambio, no habrá minería tal y como lo conocemos a día de hoy”. En la misma línea, el responsable de UGT recalca que “estas empresas en el 2019 no van a existir” y reclama un “cambio político” para evitar un futuro que vé pintado del color del carbón.

Por su parte, los alcaldes de las cuencas coinciden en el diagnóstico de que 2019 puede significar “el cierre definitivo” del sector, aunque se marcan el objetivo de presentar, junto a los sindicatos, “la batalla final por el sector”. “No tiro la toalla, vamos a pelear hasta el final”, explica la alcaldesa de Fabero. Su homólogo en Páramo del Sil también avanza que “en un año pasan muchas cosas” y aunque reconoce que “la minería nunca va a volver a ser lo que fue” reclama para el mineral autóctono “una merma paulatina” durante el proceso de transición energética. “No se pude cortar con una tijera el cordón umbilical del sector del carbón”, asegura Calvo.

En el mismo sentido, el alcalde de La Pola de Gordón asegura que luchará “hasta el final” por “una industria que tiene presente y tiene futuro” y subraya que la “situación administrativa singular” de la Hullera Vasco Leonesa puede permitir que la empresa siga funcionando más allá de la fecha marcada por Bruselas para la devolución de las subvenciones, debido a que el cielo abierto funciona de manera competitiva mientras que la explotación de interior está inmersa en un proceso de cierre.