La Audiencia acoge el juicio contra acusados de estafar a 113 personas con falsos títulos de FP en La Bañeza
La sección tercera de la Audiencia Provincial de León juzga desde este lunes a la directora, el jefe de estudios y el secretario del centro de estudios de Formación Profesional (FP) 'Tierras de La Bañeza' por un presunto delito continuado de estafa. Presuntamente, los tres acusados aceptaban y cobraban a más gente de la que podrían matricular en el instituto que su centro tenía asociado, el IES Vía de la Plata, llegaban incluso a examinarlos y los estudiantes nunca recibían su título.
Un total de 113 personas llegaron a pagar hasta 2.300 euros por una plaza en este centro de formación de La Bañeza (León), aunque posteriormente se conoció que este solo matriculaba en el instituto asociado a 20 alumnos por curso. El resto pagaban la matrícula, una cuota trimestral y realizaba incluso los exámenes para la obtención del título de FP que nunca les llegó, puesto que nunca estuvieron siquiera matriculados. En total, el fiscal considera que los acusados estafaron más de 100.000 euros entre 2007 y 2009.
En junio de 2009 un juzgado de La Bañeza ordenó el cierre del centro por presuntas irregularidades y la Junta de Castilla y León hizo una excepción y validó los cursos a las personas que acreditaron que habían sido estafadas.
Los tres imputados han declarado este lunes en la primera sesión de este juicio, que está previsto que se prolongue a lo largo de esta semana una vez que los testimonios de los afectados que declaraban tanto por videoconferencia como de forma presencial se hayan tenido que posponer por falta de tiempo. Los acusados no han reconocido los hechos que se les imputan, aunque han incurrido en numerosas contradicciones durante su declaración.
La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los tres imputados. Una de las tres acusaciones particulares que se han personado ha solicitado que esta pena se eleva hasta los siete años de prisión. Por su parte, la defensa sostiene que no existe delito sino una simple irregularidad de corte administrativo y pide la libre absolución.
En la primera sesión de este juicio han declarado los tres acusados que ostentaban los cargos de directora, secretario y jefe de estudios del centro. La directora de la academia, Adela Posada Ramos, ha sido la primera en declarar y a respondido a todas las preguntas de la fiscal, de las tres acusaciones particulares, de la acusación de la Junta y de su abogado defensor.
El centro que regentaban los acusados en La Bañeza presuntamente cobraba en cada módulo hasta cien solicitudes de cursos de FP a realizar en un instituto de la misma ciudad a pesar de que tenía limitadas las plazas a veinte y a sabiendas de que el centro de estudios no le iba a admitir más de veinte personas por curso. Durante su declaración, la acusada ha admitido que aceptaba cien solicitudes por módulo alegando que que otros cuatro centros similares al suyo en Castilla y León tenían un cupo mayor que el suyo y se ha basado en una declaración de ampliación de plazas que solicitó a la Junta, a pesar de confesar que la autorización de admitir a más alumnos nunca le llegó.
El centro 'Tierras de la Bañeza' cobraba lo mismo tanto a los veinte alumnos que el instituto admitía como a los otros ochenta que quedaban fuera, incluso sabiendo que éstos nunca podrían obtener su título oficial porque realmente no estaban matriculados. La acusada ha negado esta afirmación y ha reiterado que ella mandaba toda la documentación al instituto y sólo se enteraba meses después de a quién habían admitido y a quién no. En este punto se ha contradicho puesto que primero ha reconocido que cuando conocía qué alumnos se habían quedado fuera no les informaba de la situación y continuaba cobrándoles y después ha dicho que lo hacía como una forma de reservar la plaza e incluso que les guardaban las notas para el curso siguiente.
Ha reconocido que este cobro se realizaba incluso a alumnos “que no sabían hacer la o con un canuto” y que no tenían preparación para realizar un curso de FP ni reunían los requisitos.
Durante toda su declaración ha recalcado que no causó perjuicio a los alumnos, que la administración conocía el problema y estaba al tanto de que en el centro había más de cien inscritos, y ha reiterado que a todo el que reclamó cuando el caso salió en los medios de comunicación “se le devolvió el dinero”. “A los demás no porque no lo han pedido”, ha añadido. La acusación que defiende los intereses de la Junta de Castilla y León le ha mostrado documentos en los que se acredita que continuaron cobrando matrículas incluso después de que se destapase el caso y un juez ordenase el cierre del centro, algo que la directora ha negado.
Los otros dos acusados, Manuel Aldonza García y Raúl Aldonza Posada, marido e hijo de la directora del centro han declarado pero solo han querido responder a las preguntas del fiscal y de su propio abogado.
Las supuestas irregularidades se cometieron desde 2007 hasta 2009 y la cantidad defraudada supera los 100.000 euros a un total de 113 personas que llegaron a pagar hasta 2.300 euros por un título e incluso realizaron exámenes sin llegar nunca a estar matriculados en un centro oficial.
