Astorga municipaliza su servicio de limpieza como hito del gobierno de izquierdas de la ciudad
El Ayuntamiento de Astorga tiene, desde este jueves, oficialmente municipalizado el servicio de limpieza viaria y recogida de basura. Con la aprobación de la gestión directa del servicio por parte de los grupos del Gobierno municipal, PSOE e IU en el pleno ordinario celebrado ayer, el Consistorio astorgano sigue la senda de otros ayuntamientos de la provincia como León o Villaquilambre, donde ya lo gestionan sociedades municipales, mientras otros, como el de La Bañeza, se lo está planteando en esta legislatura. No hubo sorpresas y como ya fueron adelantando en las semanas previas a la celebración de la sesión plenaria, los grupos de la oposición, PP y UPL, votaron en contra de la municipalización.
El teniente alcalde y concejal de Hacienda, José María Jáñez (IU), fue el encargado de defender la posición del equipo de gobierno señalando que “los números de la municipalización son incontestables. La municipalización no es solo la única opción posible, sino la más eficaz, eficiente y sostenible”, que además permitirá adoptar un sistema de recogida de residuos y de limpieza viaria “de altísima calidad sin subir impuestos ni realizar recortes, cosa que, con una privatización, ni siquiera manteniendo el actual servicio como está, en las mismas condiciones, sería posible”.
La gestión directa del servicio de mayor cuantía económica para las arcas municipales, al suponer el 10% del presupuesto anual, es la solución que PSOE e IU han dado a un servicio que desde el año 2012 se viene prestando en un limbo jurídico que los gobiernos de las últimas dos legislaturas no han sido capaces de resolver para de darle el amparo legal. En la legislatura presidida por Victorina Alonso (PSOE) la licitación del contrato se topó con la crisis económica de 2012 que intervino las haciendas municipales por parte del Ministerio de Hacienda para controlar la deuda; y en la capitaneada por Arsenio García (PSOE), las presiones del empresario del sector José Luis Ulibarri, y del astorgano Ángel Luis García (recogidas en el sumario judicial de la operación por presunta corrupción de Enredadera, que derivó en un enfrentamiento entre los concejales de Medio Ambiente y Hacienda, Manuel Ortiz y Pepe Guzmán, respectivamente) malograron la licitación del contrato cuya financiación precisaba de una subida del IBI que finalmente no se aprobó.
Con la municipalización, el Ayuntamiento astorgano queda libre de las presiones empresariales pero se adentra en la gestión directa de la que el portavoz económico del PP, Pepe Guzmán, apuntaba sus dudas en el pleno de este jueves. Según Guzmán, en los datos aportados en el informe de la Intervención Municipal, “la gestión directa o indirecta cuestan lo mismo, el ahorro es inexistente”. El edil popular indicó que según el cuadro económico de Intervención, a 10 años vista, la gestión indirecta provocaría un aumento de los gastos corrientes municipales en 1,4 millones, mientras que en la gestión directa el gasto de la sociedad municipal es de 1,1 millones pero aumentan los gastos financieros y la amortización de créditos en 330.000 euros. La diferencia entre que siga privatizado el servicio y lo preste directamente el Ayuntamiento es poco más de 20.000 euros.
Pepe Guzmán manifestó “mis muchas y serias dudas de que este Ayuntamiento sea capaz de absorver en su prespuesto municipal, sin aumentar el coste del servicio o los impuestos, más de 500.000 euros de gasto corriente”, lo que provocará la reducción de los remanentes de Tesorería, “es inevitable” utilizar el ahorro si los ingresos son los mismos. “Y, ojo, la Intervención Municipal nos dice que para cumplir el plazo de 30 días a los proveedores necesitamos como mínimo un remanente de Tesorería de más de un millón y medio de euros”. El remanente actual es de 3,8 millones de euros, pero el criterio de prudencia prevalece a la hora de afinar este dato de las cuentas municipales, recomendando la Intervención disponer de algo más de la mitad, es decir, 1,9 millones.
Con estos datos en la mano, Guzmán señaló que “yo puedo presentar 50.000 memorias técnicas que digan lo que yo quiera pero la Intervención dice lo que va a suponer para el Ayuntamiento bien sea por transferencia de capital” a la sociedad municipal, “o bien sea el coste directo de la empresa” privada a la que se le adjudicara el contrato, y el coste es el mismo.
Sin embargo, el concejal de Hacienda defendió la municipalización, avalada por el estudio de viabilidad realizado por una empresa externa, cuya principal conclusión es que con la gestión directa del servicio a través de una empresa cien por cien municipal, “lograremos tener un servicio de altísima calidad”, de los mejores en la provincia y en Castilla y León. La municipalización supondrá un punto y a parte en la prestación del servicio porque prevé inversiones para renovar y adquirir maquinaria innovadora -como la de la recogida selectiva móvil que utilizan ya en Mallorca-, contenedores e instalaciones. La modernización completa del servicio se financiará con un crédito cuyo coste máximo del interés, será del 0,012%, que no aumentará el casi inexistente nivel de endeudamiento actual del 15%. Una renovación del calado como la que el equipo de Gobierno ejecutará costaría, de continuar privatizado el servicio, 1,4 millones de euros, “algo inasumible para nuestra hacienda local”, que conllevaría recortes y subidas de impuestos. Además, el Ayuntamiento asumirá la totalidad de la plantilla actual de Urbaser.
El estudio de viabilidad prevé que la actualización anual de gastos sea del 2,5% y la amortización de la inversión a 10 años, un periodo de tiempo en el que la sociedad pública tendrá capacidad de financiar ella misma la renovación de su propia maquinaria de forma completa otra vez. Concluye el estudio que la rentabilidad de la empresa pública para un periodo de 10 años es del 6,15%. De manera que queda acreditada “la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa municipal, siendo la mejor opción sobre todas las demás”, ha matizado el concejal.
Sobre la viabilidad de la empresa pública, el portavoz económico del PP recordó que en las cuentas municipales figura una deuda de 595.000 euros del matadero Mafricas, “porque se hizo lo mismo, se creó una sociedad mixta pública. ¿Quién invirtió?, la sociedad, y ¿quién pagó?, el Ayuntamiento” que viene soportando desde hace 25 años la deuda. “Estoy seguro que cuando se constituyó Mafricas todos los números era buenísimo, no iba a haber pérdidas, sólo inversión”, indicó Guzmán que concluyó manifestando que las cuentas de la municipalización de la basura sólo serán claras vía incremento del coste del servicio o vía impuestos, “lo demás es utopía”.
En la bancada de la oposición, el portavoz del PP, José Luis Nieto, reiteró que ni apoya ni rechaza la municipalización, pero que la gestión directa “empeorará la ciudad” en un momento en que se necesitan inversiones para que la economía despegue y se fije población.
Por su parte, la concejala de UPL, Graciela Espiñeira, volvió a insistir en que la municipalización supondrá, según ella, unos “600.000 euros más al año de coste” que sería más conveniente destinarlos “a generar industria y empleo en la ciudad para fijar población”.
Otros asuntos
En el pleno, se aprobó por unanimidad el reglamento de teletrabajo para los empleados municipales, mientras PSOE e IU rechazaban la moción que el Partido Popular está presentando en todos los ayuntamientos de España para “exigir al Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado a las entidades locales por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017 y su incidencia en la liquidación anual de la participación de las entidades locales en los Tributos del Estado”.
La moción presentada por IU sobre la proliferación de proyectos de macroparques solares y eólicos en nuestras comarcas quedó sobre la mesa con el fin de que vuelva a ser llevada al Pleno con el consenso de todos los grupos municipales.
