La alcaldesa de San Andrés descarta dimitir porque las conversaciones de Enredadera son “dirigidas e interesadas”
“No ha existido pago alguno, prestación de servicio ni contrato formalizado con ninguna de las empresas investigadas”. “Estamos en unas diligencias judiciales de investigación, somos objeto de investigación por unas conversaciones dirigidas e interesadas a través de terceras personas, pero no hay resolución judicial sobre nuestra situación personal o procesal”.
En estas dos frases se amparó reiteradamente la alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, y su equipo de Gobierno, para negarse a dimitir por su implicación en la trama de corrupción destapada por la Operación Enredadera. Una dimisión que, en realidad, sólo le reclamó el grupo de Izquierda Unida, claramente sin ningún éxito.
El Pleno extraordinario convocado para dar cuenta de la implicación de la alcaldesa María Eugenia Gancedo y cuatro concejales de la Corporación en la Operación Enredadera, así como un funcionario, causó abundante expectación, con no menos de cien personas presentes, jaleando por momento algunas intervenciones.
“Nunca he quedado con nadie para hablar de algo que no se encuentre en los parámetros de la legalidad y no repercuta en beneficio de este municipio. El juez tendrá la oportunidad de estudiar las pruebas y ver de que las conclusiones a las que llega la UDEF no se ajustan a la realidad”, argumentó Gancedo en su defensa.
Por eso, defendió ante la petición de dimisión de IU que “no creo que tenga que dimitir por conversaciones dirigidas e interesadas y a las pruebas me remito: la digitalización (el contrato del que según la UDEF habló directamente con el empresario Ulibarri) no fue adjudicada a ninguna empresa de la trama, ni se presentaron. No creo que tenga que dimitir por conversaciones escuchadas, algo erróneo, y la prueba ya está en Badalona. Que decida el juez, si es que tiene algo que decidir, porque los expedientes demuestran que no se ajustan a la legalidad”.
El PP pide “coherencia” por Villaquilambre
El Partido Popular recalcó su respeto a la presunción de inocencia y acusó de falta de coherencia al grupo socialista, que en el municipio de Villaquilambre, recalcó el portavoz, Goyo Chamorro, “por una situación idéntica” mantiene otros criterios bien distintos a los que defienden en San Andrés. “Si allí sostienen que el alcalde se tiene que ir, entonces ustedes aquí, también”, expuso, a lo que Gancedo se limitó a señalar que “no entra en lo que ocurra en otros municipios, porque ya tenemos bastante con el nuestro”.
Muerte política
El edil del Partido Autonómico Leonés Unión Leonesista (PAL-UL), y miembro del equipo de Gobierno, Francisco Gómez, inició su intervención señalando que el día de la intervención policial “nos dieron un disparo en la cabeza y nos mataron. Hemos muerto políticamente pero seguimos vivos... la vida no acaba ahí”.
“No voy a gastar ni un minuto en demostrar lo inocente que soy. Tengo la absoluta certeza de cómo va a quedar mi caso personal. Tuve la mala suerte de que una empresa investigada se presentase a un concurso -sobre el servicio eléctrico- de mi Concejalía”, dijo antes de invitar al resto de grupos a “que saquen las pruebas incriminatorias y se personen en la causa y, si no, reconsideren sus intervenciones”.
Por su parte, el que fuera portavoz municipal de Ciudadanos, ahora edil no adscrito tras su expulsión de la formación naranja, Juan Carlos Fernández, llegó a emocionarse en su intervención, en la que mostró su respeto a la Justicia y apeló a la presunción de inocencia. También pidió disculpas a los ciudadanos y a sus compañeros “si se han sentido decepcionados. Pueden estar seguros de que de nada tengo que avergonzarme. Pido un poco de sensibilidad porque detrás de todos los implicados hay familia y amigos. Libertad de expresión, sí, pero derecho al honor, también”, reclamó.
En respuesta a preguntas de Podemos planteadas vía Registro Municipal, el portavoz señaló que la situación judicial de los cuatro ediles y la regidora es de investigados; “si no, no podrían haber entrado en los despachos municipales”. El día de la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detalló, “es cierto que los concejales fuimos detenidos policialmente porque el auto imponía la medida de localización pero nadie del equipo de gobierno ha sido citado judicialmente. Si se hace, declararemos y colaboraremos con la Justicia”.
Tibias “responsabilidades políticas” de UPL
Finalmente, por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), su portavoz Julio González, comenzó anunciando la petición de “responsabilidades políticas”, pero sin solicitar dimisión alguna. Porque, explicó, “defendemos la presunción de inocencia y no nos inmiscuimos en el trabajo judicial, a pesar de lo cual la imagen de este Ayuntamiento está seriamente dañada, y por el bien de la institución y los vecinos deseamos que este caso no termine con sentencias firmes a ningún miembro de la Corporación”.
