'El Albondiguilla' señala a Ulibarri y otros empresarios de León en la corrupción a favor del PP

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual presidente, Juan Vicente Herrera, junto al empresario leonés doblemente imputado, José Luis Ulibarri. / Leticia Pérez / ICAL

Las empresas leonesas Begar o Teconsa, de los conocidos empresarios leoneses José Luis Ulibarri Comerzana y la familia Martínez Núñez, han sido señaladas por el exalcalde del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, apodado 'El Albondiguilla', como compañías a las que importantes cargos del Partido Popular a nivel nacional pretendían que se le adjudicaran desde ese municipio madrileño algunas obras públicas a cambio de haber sido “extraordinariamente generosas” con esta formación política.

Los nombres de ambas compañías leonesas han sido aireados nuevamente en la confesión que este pasado miércoles ha realizado Arturo González Panero en su declaración ante el juez dentro de la instrucción del caso de la Caja B del PP, que investiga la presunta financiación irregular de la formación política y que ayer publicaba con detalle la Cadena Ser.

En concreto, 'El Albondiguilla' señaló ante el magistrado José de la Mata que fueron muy en concreto el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el entonces gerente Luis Bárcenas los que le pidieron como alcalde de Boadilla del Monte en una reunión en la sede nacional del PP en la calle Génova que adjudicase algunas obras públicas a estas dos empresas leonesas, Begar, la constructora de Ulibarri, y Teconsa, de José Martínez Núñez y su hijo José Luis Martínez Parra, como contraprestación a las aportaciones que presuntamente realizaban al PP.

Con conocimiento expreso de Rajoy

Una maniobra en la que, según detalló ayer González Panero, estaban implicadas las más altas esferas del PP, hasta el punto de que recordó que en “julio de 2004” el propio presidente nacional, Mariano Rajoy, le pidió textualmente “alcalde, haz caso a Luis”, en referencia Bárcenas, en una visita que hizo al municipio de Boadilla, donde 'El Albondiguilla' era alcalde.

A partir de ese momento, muchas fueron las llamadas de Bárcenas e incluso del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, para insistirle en empresas a las que había que adjudicar proyectos públicos municipales a cambio, en una de las ocasiones, de “cien millones de pesetas”. Adjudicaciones como la que por ejemplo acabó consiguiendo otra empresa, la Constructora Hispánica, tal y como consta en el juicio de la Gürtel, a cambio de aportaciones en dinero negro al partido, según cree el juez.

Es precisamente por la trama Gürtel, y más en concreto en por el pago de comisiones de este tipo a cambio de presuntas obras públicas en Boadilla del Monte, por lo que José Luis Ulibarri (entonces ya propietario del Diario de León, entre otros medios de comunicación) y José Luis Martínez Parra (dueño del antiguo periódico de La Crónica de León) permanecen imputados y procesados judicialmente desde hace dos años a través de un auto de la Audiencia Nacional, también junto con el abogado el abogado berciano Ramón Blanco Balín.

Un testimonio clave para el caso Gürtel

En esta lentísima la pieza separada del caso' Gürtel' que afecta a la actividad desarrollada por la trama en Boadilla del Monte entre los años 2001 y 2009, el magistrado De la Mata acusa a 27 personas, 11 sociedades mercantiles y al Partido Popular (como partícipe a título lucrativo) de formar parte de un entramado “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad”.

Según consideró el juez en su momento, una de las sociedades de Ulibarri, UFC SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. El magistrado estima que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla y sospecha que la comisión pactada fue de un millón de euros. Por estos hechos, a Ulibarri se le imputan un total de seis presuntos delitos: prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

En el caso de José Luis Martínez Parra, hijo de Martínez Núñez, su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones “los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local”. Por estos hechos, cuatro presuntos delitos le imputa el magistrado: delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.

Y mientras, Enredadera

Desde 2016, que se espera el arranque del juicio de la trama Gürtel, otra operación anticorrupción nacional ha sorprendido a José Luis Ulibarri, con motivo de la llamada trama Enredadera, que además ha afectado en León a cinco importantes ayuntamientos como son los de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo. Ulibarri fue por este motivo encarcelado de manera fulminante a comienzos de julio de 2018 hasta su salida de prisión a mediados del mes de septiembre, aunque con algunas medidas cautelares y imputación por varios delitos.

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