Un 23 de abril sin diagnóstico común
A 24 horas de su celebración, supongo que el 23 de abríl, Día de Castilla y León, discurrirá por la senda que lo viene haciendo en los últimos años, sin que a ello afecte la ausencia del Manifiesto conjunto con el que las principales fuerzas políticas y ciudadanas venían convocando a la concentración en Villalar de los Comuneros. Dado que todos esos antiguos firmantes siguen respaldando la convocatoria, supongo que la afluencia seguirá siendo la misma. Y confío en que la jornada no pierda fuerza reivindicativa ante el poder político y económico que está esquilmando los derechos y conquistas sociales conseguidos en las tres últimas décadas.
Unos cuantos hitos jalonan la trayectoria de Villalar desde sus orígenes, a mediados de los 70, como referente de un sentimiento de comunidad de Castilla y León.Demetrio Madrid consagró el 23 de abril como fiesta de la comunidad y como tal ha pervivido pese a que el Partido Popular y la Junta se mantuvieran al margen de la misma durante 14 años. Juan José Lucas no se atrevió a corregir a José María Aznar, quien intentó criminalizar la concentración de Villalar de forma similar a como lo intenta ahora hacer el PP con los escraches contra los desahucios. Finalmente, en vista de que el 23 de abril y Villalar se habían consolidado, Juan Vicente Herrera hizo de la necesidad virtud, negoció la incorporación del PP a los “abajo firmantes” del Manifiesto y se consolidó la Fundación Villalar como organizadora del programa oficial folklórico-lúdico-festivo.
Ello permitía dos lecturas contrapuestas. Una era que la derecha había tenido la habilidad de arroparse con una bandera que la izquierda tenía por exclusiva. La otra era que la derecha se había visto obligada a aceptar como patrimonio común un símbolo abanderado por la izquierda. Cada cual que piensa lo que le parezca. Personalmente, con la perspectiva del tiempo, creo que a la postre el gran y único beneficiado de esa transacción ha sido el PP. Y tras la súbita desaparición del Manifiesto de Villalar, todavía más.
El Manifiesto de Villalar tenía al mismo tiempo una gran virtud y una gran carencia. Desde que el PP y la derecha social en su órbita se sumaron a la convocatoria, la heterogeneidad ideológica de los firmantes obligaba a todo un encaje de bolillos para conciliar posiciones. Y la solución para solventar el problema ha venido consistiendo en realizar un diagnóstico acerca de los problemas que aquejan a la comunidad, pero sin señalar ninguna responsabilidad política respecto a los mismos. Esto último era su gran carencia. Y su virtud era que tan heterogéneos firmantes compartieran un diagnóstico común habitualmente muy certero y completo de los problemas sociales y económicos de Castilla y León.
La demoledora reforma laboral y la escalada de recortes sociales que comenzaron a socavar el Estado de Bienestar hicieron el pasado año extraordinariamente difícil el encaje de bolillos del Manifiesto. Sin embargo, malentendidos y matices aparte, al final se reeditó un diagnóstico común en el que, junto a los antiguos problemas casi endémicos, aparecían los que estaban provocados por las reformas y recortes aplicados con la coartada de combatir la crisis.
Un año después, la situación política, social y económica de Castilla y León solo ha hecho que empeorar. Los datos son elocuentes. Por tercer año consecutivo, el censo de población ha vuelto a arrojar un saldo negativo, en esta ocasión de 12.375 habitantes, al tiempo que el desempleo batía un record histórico al superar los 250.000 parados. Impelido por la sacrosanta reducción del déficit publico, el Presupuesto de la Comunidad retrocedía por debajo de los niveles de 2.007, aplicando nuevos hachazos al gasto social (Consejerías de Sanidad, Educación y Familia) por importe de otros 343 millones de euros.
Ha desaparecido en combate el Plan de Convergencia Interior previsto en el Estatuto de Autonomía para corregir unos desequilibrios internos que lastran la cohesión territorial de la comunidad. La inversión pública de la Junta sigue en mínimos históricos y la del Estado se limita poco más que a mantener las inversiones imprescindibles para que el AVE llegue a Galicia y Asturias. La minería del carbón está abandonada a su suerte, lo mismo que el medio rural, donde se deterioran a diario los servicios públicos y la calidad de vida.
Cuatro de las seis antiguas Cajas han desaparecido engullidas por nuevos bancos y Caja España-Caja Duero, independientemente de que sea nacionalizada o absorbida por la andaluza Unicaja, va a dejar en la estacada a otros 1.500 trabajadores y abandonados a su desgracia a los más de 14.000 clientes a los que endosó participaciones preferentes.... No hay músculo financiero ni otro músculo político que la mayoría absoluta del PP.
Este es el panorama político, social y económico que nos rodea el 23 de abril de 2013, que a mi juicio sitúa a Castilla y León en el punto más crítico en los 30 años de historia autonómica. Y cuando mas falta hacía, se renuncia al diagnóstico común que propiciaba el Manifiesto. Por eso no comparto en absoluto que se tratara de algo “innecesario” y “superado”, tal como ha afirmado José María González, el coordinador regional de IU, fuerza política que, de forma un tanto desconcertante, ha pasado de ser la máxima adalid del Manifiesto a certificar con toda frialdad su defunción. La ausencia de ese diagnóstico tiene a mi juicio un solo beneficiado: el partido que, tras 26 años gobernando en Castilla y León sin asomo de alternancia política, es el máximo responsable de que esta comunidad autónoma resulte cada vez más fallida.
P.D.- Esta lunes hemos conocido que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que mas población ha perdido en 2012 (30.605 habitantes), nada menos que el 1,2 por ciento frente a la disminución del 0,4 registrada en el conjunto nacional.
