La abogada de Marcos Martínez acusa a la Guardia Civil, el juez Velasco y la Fiscalía de “urdir” Púnica en su contra

Ateniéndose al guión, las defensas de los tres primeros acusados en la trama Púnica en la Diputación de León que se juzga en la Audiencia Nacional, el expresidente de la institución, Marcos Martínez Barazón, y los presuntos conseguidores José Antonio Alonso Conesa y Alejandro de Pedro, han solicitado la libre absolución de sus patrocinados.

Incluso alguno de ellos de ellos, como este último, reclamaron la condena en costas de la acusación particular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade) por el perjuicio que les causa la inclusión de delitos que, como el cohecho, no consideran probados en absoluto. Sin embargo, el abanico de argumentos absolutorios ha sido muy variado en cada caso.

Quizá el más sorprendente fuera el de la abogada Natalia Escanciano, que utilizó en su alegato final un símil con el cuento de 'El traje nuevo del emperador', pidiendo literalmente al Tribunal que hiciera como el niño inocente de la historia y demostrara que el emperador, que sería su defendido, Marcos Martínez, está desnudo de responsabilidad penal pero se le “urdió” un traje inculpatorio.

No menos sorpresa causó que en el mismo símil atribuyera ser “los tres maleantes” que buscaban robar al monarca por un lado a la UCO de la Guardia Civil y sus “interpretaciones” de pruebas como los pinchazos telefónicos; por otro al juez Eloy Velasco, instructor inicial de toda la causa Púnica por interrogar con apariencia de usar “un guión preestablecido”; y finalmente al propio Ministerio Fiscal que, dijo, “remató el tejido” con su informe final de conclusiones defendido hoy mismo, dando “puntadas al aire” para que “ciertos periódicos compraran la tela” inexistente. “Les incito a mirar con ojos de niño para que vuelvan a vestir al emperador”, pidió.

La difunta a la que “no se la espera” y el “mindundi”

También convirtió en argumento recurrente que gran parte de las acusaciones que afectan a su defendido, que aún es alcalde del Ayuntamiento de Cuadros pero ya no del PP, provenían de un sistema de encargos y de pagos con las empresas Eico y Madiva de la trama instaurado cuando era presidenta Isabel Carrasco y hasta su asesinato en 2014, pocos meses antes de la detención de Martínez. Y criticó dedicar tanto protagonismo “a la difunta”, con 34 folios dedicados a ella del informe de conclusiones de 64 paginas, afirmó, con “con ataques constantes a una persona muerta (Isabel Carrasco) que no ha podido defenderse. Ni ha venido al juicio, ni está, ni se la espera”.

También lamentó la letrada que las acusaciones llegaran a hablar de “un lobby a favor” del expresidente, que consideró “tanto como decir que era un mindundi, que no conocía nada” cuando “lleva 31 años en política” y ni siquiera necesitaba reclamar apoyos del partido nacional para encumbrarse a la Presidencia del PP leonés porque “el 99,9% de los alcaldes de León estaban de acuerdo” en que también sucediera a Carrasco en ese cargo orgánico. Hay que recordar que, atendiendo a la petición de la Fiscalía, Martínez Barazón se enfrenta a ocho años de prisión y nueve de inhabilitación.

El letrado de De Pedro: “Los tipos penales no hay por dónde cogerlos”

Mucho más centrado en argumentos estrictamente procesales y penales, el defensor de De Pedro, Carlos Gómez-Jara, tildó de “simulación” el delito de falsedad reclamado, negó el presunto fraude porque “ni se beneficiaron los encausados ni hubo un perjuicio a la administración” pública en los contratos que se negociaban sobre la estación de esquí de San Isidro, y “no hay nada” que justifique la malversación, del mismo modo que “difundir notas de prensa de gabinetes de prensa de instituciones públicas jamás puede ser un delito de prevaricación”. “Los tipos penales no hay por dónde cogerlos”, afeó.

Insistió además en que de las empresas de su patrocinado “la Diputación recibió servicios online efectivamente prestados por Madiva con apoyo de Eico que incluían publicidad institucional con banners, notas de prensa del Gabinete de Prensa (de la propia Diputación) y dinamización de las mismas, que la Diputación no podía prestar por sí misma, y no se acredita que el precio estuviera por encima del mercado”.

Por último, insistió en mencionar el archivo en 2018 en el Supremo de una causa que considera 'gemela' de la actual contra la exalcaldesa de Cartajena y senadora del PP Pilar en Murcia, Pilar Barreiro, a quien el juez Velasco había imputado delitos por desviar dinero público para mejorar su reputación en periódicos digitales y redes de las empresas de De Pedro. Una causa en la que la Fiscalía defendió que “es imposible separar la promoción institucional del prestigio personal del político”, lo contrario que argumenta ahora el Ministerio Fiscal en la pieza 2 leonesa.

Alonso Conesa, “ocho años muerto civilmente”

Sólo dio tiempo para que también defendiera sus conclusiones finales el defensor de Alonso Conesa, lamentando que haya sido este un “juicio con perversión” en el que “las defensas tengamos que lo que no demuestran las acusaciones”. Y es que “no hay pruebas”, dijo, ni tampoco testimonios, de que su defendido, exalcalde del PSOE de Cartagena, fuera socio de De Pedro en las empresas 'púnicas', “apenas dos o tres escuchas telefónicas y nada más”, o lo que es lo mismo, “ninguna intervención ni asesoramiento en la Diputación” leonesa.

“Mi defendido no es el bicho que mató al tren”, resumió, para concluir más sentimentalmente diciendo que “sin ninguna prueba este hombre lleva desde hace ocho años muerto civilmente”, incluso sin obtener ningún empleo porque tras conocerse su detención fue despedido de manera fulminante.

Posible 'visto para sentencia' el 23 de febrero

Tras varias horas seguidas, la jornada quedó agotada a falta aún de intervenir los defensores de los otros dos leoneses acusados, el exdiputado y alcalde de Puebla de Lillo, pedro Vicente Sánchez, y el interventor de la Diputación cuando sucedieron los hechos, Jesús 'Suso' López, a los que se pide idéntica pena que a Martínez Barazón. Junto al letrado de la sexta imputada, la trabajadora de Eico Guadalupe Carrascosa, tomarán la palabra el próximo 23 de febrero, se espera que que el caso quede por fin visto para sentencia.