El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (Partido Popular) califica de “trilerismo” el informe “sacado de la chistera” por parte del Ministerio de Transición Ecológica a cerca del estado desfavorable del lobo ibérico en el país. Es la primera y critica reacción oficial de la Junta al esperado informe dado hoy a conocer, con la suma de todos los censos enviados desde las autonomías, incluida Castilla y León.
En él se certifica que en España hay en total 36 manadas más de lobos que hace una década, sumándose 333 grupos, algo que lo que se queda un 33% por debajo del umbral de seguridad de 500 manadas. Y eso a pesar de haber disfrutado, entre 2021 y 2024, de una protección total que ha impedido su caza en toda España. El Ministerio trasladó esas cifras este viernes a las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, donde comunicó que, ya que la especie ha de volver a ser cinegética, tras la modificación europea, dejará de financiar con 20 millones de euros anuales las ayudas para cubrir daños del lobo al ganado, dinero que entregaba a las autonomías.
El consejero de la Junta leonés, siempre favorable a que el lobo se pueda volver a cazar, asegura que ese informe ministerial se basa en “supuestos científicos”, añadiendo tajante que “no van a consentir más engaños ni aceptar manipulaciones”. Cabe recordar que el Ministerio ha elaborado este censo que ahora critica la Junta con los datos enviados por la propia Junta hace pocos meses. El resumen de este censo autonómico, resaltado por el Gobierno popular de Castilla y León, era que en doce años aumentaron en 14 las manadas, hasta 193 manadas, un incremento del 8% en el conjunto de la Comunidad.
Lo que no destacaba la Junta es que precisamente en las cinco provincias al norte del Duero (León, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora) ese aumento era sólo del 3% en doce años. Y teniendo en cuenta que sólo contando la provincia de León, en los últimos ocho años de caza permitida, la Junta autorizó acabar con 356 lobos, y de ellos fueron abatidos 189 ejemplares. Un “pozo negro” para la especie, como lo llegó a tildar la Asociación Ascel, que también criticó junto a Pacma la “desinformación” de los datos censales de la Junta.
A pesar de basarse en sus propios datos, el máximo responsable medioambiental de Castilla y León insistía en que el Gobierno ahora manipula sus conclusiones, justo de los que le acusaban a él los conservacionistas. Este viernes en Valladolid ha insistido Quiñones en que “nosotros tenemos los informes de biólogos, veterinarios e ingenieros públicos de todas las comunidades autónomas que determinan y certifican la evolución favorable de la especie en población y en territorio”.
Para él, el Gobierno “está tratando y va a tratar de impedir por todos los medios” que el lobo vuelva a ser gestionado por las autonomías, porque “se resiste a cumplir la decisión europea y la decisión de las Cortes Generales Españolas”, por lo que “va a buscar los subrerfugios y manipulaciones” que pueda encontrar para impedi que se pare la “sangría de 6.000 cabezas muertas al año por el lobo en Castilla y León e impedir que se dé un respiro a los ganaderos ante una situación insostenible”, lamentó.
Ocultación de datos oficiales de la Junta
ILEÓN y elDiario.es llevan cuatro meses reclamando sin éxito a la Consejería de Medio Ambiente esos datos estadísticos oficiales de reses muertas en los últimos años, por especies, en todas las provincias, así como expedientes de indemnización de toda Castilla y León, entre otros, y después de tanto tiempo no han sido facilitados.
Suárez-Quiñones recordó que se ha cambiado la Directiva Europea Hábitat para hacer que el lobo en toda Europa sea gestionable por las comunidades autónomas o por los estados. Un “cambio histórico” desde el año 92 y por tanto una “conquista en la que Castilla y León ha tenido mucho que ver”, porque, en definitiva, es algo que “iniciamos y gestionamos desde aquí y a la que se unieron muchas comunidades autónomas y que conseguimos después de varios años de trabajo”, aclaró.
Finalmente, el Comité del Convenio de Berna, con 50 países, adoptó una propuesta de la UE para modificar el estatuto de protección del lobo, dado que consideró que había que revisar la figura jurídica de protección del lobo y pasar de una protección estricta a una protección simple. Por tanto, el lobo “va a seguir protegido”, pero va a permitir a las comunidades autónomas “gestionar esa protección con otros intereses que tienen que conectarse”, como son los de la ganadería de los pueblos y rebajar el número de daños.
Lamentó que al Gobierno de España sólo le gusta lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados “cuando le viene bien”, ya que, hace unas semanas, se dio luz verde a la Ley de desperdicio alimentario, que no tiene que ver con el lobo, pero en la que el PP forzó la inclusión de unas disposiciones adicionales y transitorias que sacaban al lobo del listado de especies en peligro, el Lesrpe.
A partir de ahora
En ella se estableció “algo muy importante”, ya que el Gobierno tiene que remitir un informe sobre el estado de conservación de las especies, que es “capital, a Europa”, que tiene que hacerlo cada seis años, y que lo hizo en el 2019, “mandando datos en los que nosotros estuvimos totalmente en desacuerdo”, dijo Quiñones.
Explicó que, con los cambios, el Ejecutivo estatal tiene que mandar ese informe y, a su vez, aprobarlo en la Conferencia Sectorial de Gobierno y Comunidades Autónomas, documento que tiene que enviar antes del 31 de julio, razón por la que hoy había una reunión preparatoria de esa conferencia sectorial de directores generales.
El consejero apuntó que se celebró el pasado 11 de abril una reunión de técnicos del Gobierno de España y las autonomías, donde se pusieron de acuerdo sobre el censo nacional y se determinó que había 333 manadas frente a algo más de 290 en el último censo realizado en 2014, lo que demostraba a su juicio un “claro crecimiento” del lobo en población y en territorio.
“No nos van a pillar”
Además, puntualizó que se quedó en esa reunión que el Gobierno mandaría una nota de prensa conjunta y que se presentaría el censo en mayo, aspectos que ha incumplido, ya que presentó ayer, de manera “sorpresiva” los datos. Una maniobra que responde a la celebración en el día de hoy de una reunión preparatoria de directores generales de esa conferencia sectorial. “No vamos a aceptar ese informe”, recalcó.
En ese sentido, el consejero trasladó que se encuentran estudiando dicho informe, en coordinación con el resto de autonomías, algunas de ellas gobernadas por formaciones diferentes al Partido Popular, dijo, para analizar por parte de los funcionarios y expertos los datos que “se han sacado de la manga”, porque “no nos van a pillar”, aseveró.