El Gobierno mantiene la declaración de especie vulnerable del lobo ibérico por el impacto de los incendios del verano

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.