Ecologistas denuncia que Quiñones revisa “ilegalmente” el Plan de Residuos, sin informes ni evaluación ambiental
Ecologistas en Acción denunció hoy que la Junta de Castilla y León ha revisado “ilegalmente” el Plan Regional de Residuos, sin información pública, informes ni evaluación ambiental. Por ello, recordó al consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, recién nombrado de nuevo al frente del departamento medioambiental autonómico, “que él no es la Administración, por lo que debe respetar las normas y la participación pública”.
En un comunicado, aludió a que el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del pasado 13 de abril ha publicado una orden por la que se da publicidad a la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL), aprobada por acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León.
De esta manera, se revisan el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación del Plan Regional de Residuos vigente desde 2016, que fue aprobado por Decreto (2014), cuya ejecución está resultando un fracaso tanto por el aumento en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos como por las bajas tasas de recuperación y reciclado en la región, como se reconoce en la propia evaluación del Plan contenida en su adaptación.
No obstante, lo más llamativo de la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León es que a diferencia del Plan que se revisa, ésta carece del necesario rango reglamentario, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental.
“El renovado consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se han vuelto a saltar a las bravas las normas más elementales para la elaboración de las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León”, señaló Ecologistas.
Llama la atención también que esta “fraudulenta” revisión del PIRCyL se haya publicitado días después de la publicación de la nueva Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a la que ignora completamente pese a tener que adaptarse a la misma.
Precedentes, incineraciones en León
Lo que en última instancia subyace a esta forma arbitraria y autoritaria de ejercer el poder en la Comunidad es el despropósito desde hace décadas de la política regional de residuos, que ha pasado de las leyes inconstitucionales para imponer vertederos como los de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora), a la apuesta por la incineración de los desechos en instalaciones industriales como las fábricas de cemento de La Robla (León), Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia).
Finalmente, la organización ambiental denunció que año tras año se consolida el papel de la Comunidad como sumidero de residuos industriales peligrosos, lodos, neumáticos y vehículos fuera de uso.
