Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

La administración competente en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León, aprovecha las estadísticas del arranque de este año 2026 para focalizar por encima de todo el problema de la actuación de los incendiarios en la mayor parte de los incendios forestales que se vienen registrando en la provincia.

Así lo ha enfocado este martes en una nota de prensa de la Delegación Territorial de la Junta en León, al pedir su máximo responsable, Eduardo Diego, la colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” por parte de los vecinos de los pueblos. También reclama por otro lado, que se “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

En la nota se indica que los fuegos intencionados son habitualmente “los que causan mayores daños”, debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para causar el mayor impacto posible. Y remarcan que los últimos incendios en la provincia de León presentan claros indicios de intencionalidad: En lo que va de 2026 aseguran que se han producido 37 incendios forestales, 33 de ellos por causa intencionada, otros tres por negligencia y uno por causas aún no aclaradas. Uno de los de mayor extensión, en Igüeña, con 23 hectáreas quemadas y todas ellas de arbolado, lo fue precisamente por negligencia.

Duras penas pero que pocas veces se aplican

La Junta recuerda que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado. En este último caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y el cobro de los gastos de extinción. Aunque lo cierto es que apenas hay vía penal exitosa en los últimos años.

La Delegación explica que las investigaciones que realiza la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales tiene dos finalidades: establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Poca intencionalidad en 2025, el peor año

Sin embargo, en todo el año 2025, el peor de la historia de incendios conocida en la provincia, con 135.000 hectáreas arrasadas y reconocidas de manera indirecta y no oficial por la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Y si bien es cierto que se produjeron algunas detenciones puntuales, no consta públicamente que se haya seguido la vía penal en ninguno de los casos.

En la nota, la Consejería de Medio Ambiente que todavía dirige en funciones el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones agradece la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y solicita que, en la medida de lo posible, se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para “poder acabar con estas actuaciones criminales que ponen en peligro no sólo el medio natural sino también la vida y la integridad de las personas”, remarcan.

Hay que recordar que, sin embargo, fueron contra el propio Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una serie de denuncias ante la Fiscalía y los juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia de León del pasado verano, algunas de las cuales han sido ya archivadas al no observar delito ni negligencia de ningún tipo.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

El 15 de agosto de 2025, con España de fiesta nacional, León cerró el día con siete incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, más de 3.000 personas desalojadas de sus domicilios y cuatro miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) heridos en Odollo. La provincia estaba en medio de funerales: un par de días antes habían muerto dos voluntarios en el sur y tres días después falleció un operario al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo. El 15 de marzo de 2026, con el país en un carrusel electoral que no da tregua, Castilla y León acudió a las urnas siete meses después de aquel drama. Y el Partido Popular, responsable de la gestión de los fuegos en el Gobierno autonómico, sumó más votos que en 2022 en 14 de los 19 municipios leoneses más afectados (logró la victoria en 10 de ellos). ¿Hasta cuándo retrocede la memoria del votante? “Tiene memoria de pez”, contesta la socióloga Adelina Rodríguez. “A muy corto plazo”, responde el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano, que aporta otra clave: no sólo ha pasado algo más de medio año, sino dos estaciones. “Los incendios son un tema de conversación en verano, pero no en invierno”, expone.

Las consecuencias de los incendios forestales, que en la provincia de León se cobraron el pasado verano en torno a 100.000 hectáreas, no sólo parecen haberse evaporado a la hora de votar, incluso pese a hacerlo con arboledas ennegrecidas a las puertas del colegio electoral como este domingo en Carucedo, en el corazón de Las Médulas. La cuestión fue desapareciendo de las portadas informativas a partir del otoño. “Y los medios de comunicación deberían estar más al pie del cañón”, dice Adelina Rodríguez, profesora de Sociología en la Universidad de León, para hacer un paralelismo con la atención a las carencias sanitarias. “La gente se cansa de las movilizaciones y se resigna a hacerse un seguro privado. Y los medios tendrían que estar más encima de cuestiones que afectan al estado de bienestar”, sostiene para hacer, por el contrario, una diferenciación con los casos de corrupción, sí omnipresentes en las parrillas informativas. “Y seguramente penalizan más porque son muy mediáticos”, concluye.

Sin ocultar su sorpresa por los resultados en las zonas más afectadas por los incendios, Rodríguez cita medidas adoptadas por el PP que, a su entender, pudieron jugar a su favor en las urnas. “Lo primero fue amortizar al consejero”, dice en alusión al titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que pasó de encabezar la lista por León en 2022 a quedar fuera de la candidatura. “Y la ira se había focalizado en verano fundamentalmente el consejero”, añade. El segundo factor responde a la activación de las ayudas a los municipios y personas afectadas: “Más o menos han ido llegando; y seguramente más rápido que en otros casos sin elecciones a la vista”. Y sugiere un tercer argumento: el “discurso confuso en torno a quién tiene la competencias para echar culpas al Estado y quitarse de encima el problema”, algo que también se ha producido en otras catástrofes como la de la DANA de Valencia.

"Seguramente los casos de corrupción penalizan más porque son más mediáticos", expone la socióloga Adelina Rodríguez, mientras el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano cree que "se ha valorado lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla"

La gestión de esta circunstancia también puede condicionar la campaña de los partidos de la oposición, en ocasiones tendentes a modular los discursos para no generar efectos secundarios contrarios. “Y a veces se te acaba volviendo en contra porque la gente está deseando pasar página”, señala Adelina Rodríguez, que fue en 2011 candidata por Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada. “El PSOE ha enfocado la campaña más en la situación internacional y la guerra en Irán. Y ha tratado el tema de los incendios de manera muy superficial”, sostiene Alberto Zamorano, que matiza a quienes, como el presidente en funciones de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, han desacreditado las críticas por la gestión forestal acusando de aprovechar una “tragedia” para hacer política “a corto plazo”. “La tragedia es natural, pero la responsabilidad es política. Y por eso es legítimo pedir responsabilidades políticas”, sentencia. El PP sólo rompió la tendencia al alza de votos en los municipios de Almanza, Encinedo, La Bañeza y Páramo del Sil.

La situación no es nueva ni particular. En Muxía (A Coruña), zona cero del desastre ecológico motivado por la suelta de chapapote del petrolero Prestige en las costas gallegas en noviembre de 2022, el PP, que gobernaba la Xunta con Manuel Fraga al frente, revalidó su victoria en las elecciones municipales de mayo de 2003. Allí, eso sí, se daba una diferencia: la gestión era autonómica y la contienda, municipal. La cita sí coincidía en Castilla y León: las urnas suponían un examen directo a la gestión de la Junta. Y la victoria popular en municipios afectados por incendios trascendió a la provincia de León: también se dio una situación similar en Zamora, según refleja el portal digital Enfoque. Diario de Zamora.

Alrededor de la mitad del electorado tiene “más en cuenta cuestiones nacionales que regionales” a la hora de votar en unos comicios autonómicos, sostiene Zamorano, a la sazón presidente del Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa. “Lo que más influye es el voto en clave nacional. Y se ha valorado más lo que pasa en España que lo que pasa en León y en Castilla. En la campaña de Vox ha tenido más protagonismo (su líder Santiago) Abascal que el candidato (el leonés Carlos Pollán)”, agrega este sociólogo y politólogo, que vincula las políticas de ayudas con el calendario electoral. “Las ayudas (de la Junta) al transporte público se activaron el año pasado”, dice sin obviar anuncios “en plena campaña” del PSOE, que se volcó apenas unos días antes de la cita con las urnas en vender el crédito liberado por el Gobierno de la nación para sufragar la adquisición de un nuevo horno de vidrio por la empresa Tvitec en Cubillos del Sil. “Las promesas que se han hecho responden a prácticas muy populistas”, abunda Adelina Rodríguez con el ejemplo de los anuncios del PP en cuanto a fondos para cambiar bañeras por platos de ducha y deducciones fiscales para usuarios de gimnasios, máxime cuando esta formación lleva ya casi 40 gobernando la comunidad.

Castilla y León ya es la autonomía española que acumula más tiempo gobernada por un mismo partido político. Y ese voto responde también a cuestiones estructurales de una comunidad que acusa un marcado envejecimiento demográfico. “El voto es más fijo a partir de los 65 años de edad. A más edad, menos probabilidades hay de cambio de voto”, señala Alberto Zamorano, tras recalcar que en el caso de varios municipios afectados por los fuegos “tienen un voto muy de derechas, que se ha mantenido”. “La comunidad es conservadora y bipartidista, fundamentalmente. El PP y el PSOE han salvado la situación”, afirma Adelina Rodríguez, que también detecta entre la población “un cierto hastío” con el bucle electoral encadenado en apenas unos meses con los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a la espera de los de Andalucía y con el posible adelanto de los legislativos como recurrente telón de fondo. “Los partidos parece que están en permanente campaña electoral”, añade para concluir que, en esa atmósfera de continua tensión política nacional, “se diluyen los temas locales” como esa gestión de los incendios forestales que lo mismo movilizó en las calles a la población en agosto en contra de la Junta que no penalizó en las urnas al PP en marzo.

Las elecciones autonómicas han sido una prueba de fuego (y nunca mejor dicho) para comprobar si los grandes incendios forestales desatados a lo largo del verano de 2025 en la provincia de León marcaban un cambio en el voto de los habitantes de estos municipios. El resultado alumbra un panorama claro: los incendios no han penalizado en las urnas la gestión que hizo el PP en materia de Medio Ambiente, ya que gana en 10 de los 19 principales municipios afectados por las llamas.

Durante el verano de 2025 una oleada de incendios sacudió la provincia de León durante semanas. El último incendio en darse por controlado fue el de Fasgar, cosa que no sucedió hasta octubre (después de haberse originado el 8 de agosto). Así, durante tres semanas, los fuegos calcinaron más de 110.000 hectáreas solo en la provincia leonesa, provocando cuatro muertos, llegando a arrasar pueblos enteros como Lusío o Santa Elena de Jamuz y afectando al Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas.

Miles de personas salieron aquel verano a las calles en diferentes puntos de la provincia de León, especialmente en la capital leonesa y en La Bañeza, que se convirtió en el epicentro de los evacuados por el gran incendio que llegó de Molezuelas de la Carballeda (en Zamora) y que, cuenta como el más grave de la historia de Castilla y León. Los leoneses reclamaban la dimisión del presidente de la Junta, el 'popular', Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; a quien el PP ha apartado de las listas electorales, aunque no de la campaña y sigue como consejero en funciones.

El voto al PP aumenta en las zonas incendiadas

De hecho, en general, el PP sube en porcentaje de votos en casi todos los municipios respecto a los anteriores resultados de las elecciones autonómicas del año 2022. De los 19 municipios, solo pierde votos en cuatro de ellos: Encinedo, La Bañeza, Oencia y Páramo del Sil. Cada uno de ellos fue gravemente afectado por los grandes fuegos desatados desde el 8 de agosto.

La Bañeza fue epicentro de las numerosas evacuaciones originadas por el incendio de Castrocalbón, que en realidad provenía del norte de Zamora y que, según las cifras oficiales, se ha convertido en el peor (en cuestión de hectáreas calcinadas) de la historia de Castilla y León. Fue en este incendio en el que murieron dos vecinos quemados, mientras trataban de apagar las llamas. La Bañeza es de los pocos sitios donde el voto ha 'castigado' al PP, que en las elecciones autonómicas de 2022 tuvo la mayoría de votos y este 15M esa mayoría es de UPL.

En el municipio de Oencia, el gran incendio que más daño provocó fue el que tuvo su epicentro en Gestoso, que se extendió hasta calcinar por completo la localidad de Lusío. El PP ha ganado allí, revalidando su victoria de 2022, con un 65,7% de votos, aunque por el camino se ha dejado 4,36%.

Hasta Páramo del Sil llegó el incendio desatado en Anllares, que afectó a especies protegidas como el urogallo y el oso pardo. El PSOE ha ganado en Páramo del Sil (aunque ya lo hizo las anteriores elecciones autonómicas) mientras el PP ha perdido el 0,2% de los votos respecto a los comicios de 2022.

Es en Encinedo, afectado por el incendio de La Baña, donde más pierde el PP en porcentaje de votos entre las zonas afectadas, con un 23,35% menos que en el año 2022. Allí, las llamas procedentes de Porto, alcanzaron por completo el monumento natural del lago de La Baña, dejando un panorama desolador.

En el resto, aumenta su porcentaje de votos, llegando incluso a registrar la mayor subida porcentual de entre todos los municipios seleccionados: concretamente un 19,39% en Benuza, afectado también por el incendio de Llamas de Cabrera (el que mayor número de hectáreas quemó en total en terreno provincial, ya que se unió al que tuvo foco en Yeres).

Las Médulas

Una de las grandes tragedias medioambientales, si no la mayor, que provocaron los grandes incendios ocurrió en Las Médulas, donde el incendio de Yeres y Llamas de Cabrera arrasó con el Aula Arqueológica, miradores como el de Orellán (el más visitado), merenderos, bancos, señales y cualquier elemento distintivo del yacimiento arqueológico.

El PP gana las elecciones en dos de los tres municipios que conforman el paraje, declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y, además, lo hace aumentando el porcentaje de voto respecto a las anteriores elecciones autonómicas. En concreto, en Borrenes el PP alcanza el 46,9% del voto; aumentando un 3,9% y revalidando la victoria. También en Puente de Domingo Flórez, donde llega al 47,35% del voto, aumentando más de un 2%. En Carucedo, sin embargo, vuelve a ganar el PSOE, aunque el PP crece más que los socialistas: un 1,4% frente al 0,6%.

Con todo, el único partido que sube de forma consistente en todos los municipios afectados por los grandes incendios es Vox, que llega a aumentar un 19,31% los votos en Encinedo. Así, la extrema derecha solo pierde votos en tres municipios: Borrenes, Igüeña y Riaño. Por su parte, PP pierde votos en cuatro municipios de los 19 afectados por los grandes incendios, UPL en 9 y 8 en el caso de PSOE.

Consulta a continuación los resultados de cada municipio:

La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sigue defendiendo la legalidad de la decisión de permitir cazar en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, así como los aprovechamientos ganaderos, justificándolo en unos informes técnicos que dicen que avalan esta medida pero que sigue negando a la opinión pública por cuarta semana.

Y es que se cumple un mes sin permitir el acceso a esos informes en los que se ha basado, según remarca Carriedo, la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual estipula cinco años sin aprovechamientos cinegéticos o ganaderos en montes quemados, a pesar de lo cual se permitirá hacerlos en sólo siete meses, como desveló hace un mes ILEÓN, generándose una gran polémica y duras críticas al Ejecutivo del Partido Popular (PP).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los recursos interpuestos por diversos colectivos ecologistas y partidos políticos por esta decisión de permitir la caza, Carriedo ha asegurado que la Junta “actúa siempre conforme a la ley en todos sus procedimientos”, aunque ha expresado su respeto hacia quien considere que puede recurrir esta medida.

En este sentido, ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, lo que ha sido reiterado hoy por la prensa, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son “los que han dado lugar a esta decisión”, pero ha eludido entregarlos o referirse expresamente a su contenido, remarca Efe.

Y respecto a la circunstancias de que, a la vez que se permite la caza para limitar el número de animales salvajes, minimizando así efectos de las especies cinegéticas sobre el crecimiento de la flora, también se permita el pasto por parte del ganado, Carriedo ha considerado que se trata de circunstancias diferentes y que la ganadería tiene otros condicionantes y nos causan el mismo daño.

En la resolución publicada por la Junta estableció que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Contra esta pretensión, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han presentado recurso ante la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero también anuncian que estudian acudir a los tribunales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que califican como “electoralista” y que prioriza intereses de algunos sectores “frente a la recuperación ambiental”. Y aseguran que se puede estar cometiendo una posible prevaricación ambiental.

“No nos confiemos”, “Hay que dar el do de pecho en el final de la campaña”, “Cada voto que no sea para el PP es un éxito para la izquierda”. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha arengado a los cargos público de su partido hoy en un mitin en el pabellón Luis Vives de la ciudad de León pidiendo un esfuerzo final de campaña para “que nadie se quede en casa” en la cita electoral de este domingo 15 de marzo.

El PP ha celebrado este miércoles su acto principal en la capital leonesa, donde han acudido numerosos cargos del partido como la expresidenta provincial de la formación y actual portavoz en el Congreso del partido, Ester Muñoz, a la que han agradecido su presencia. Muñoz fue, además, la más solicitada por los militantes para hacerse la foto en el acto en el que los populares han sacado músculo electoral, ante algo menos de 400 personas.

El mitin fue abierto por el presidente de la gestora y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que realizó ataques a derecha e izquierda y glosando la gestión de Fernández Mañueco al frente de la Junta. En particular señaló a UPL por su gestión con el PSOE en la Diputación, señalando que son incapaces de gaster el dinero que tienen “que tenía que estar en los pueblos”, y criticó al candidato socialista Carlos Martínez por su famoso 'papamovil' de disfraz, que consideró un ataque a la religión católica.

La candidata por León, María José Álvarez Casais, tomó la palabra para agradecer en particular a Mañueco su gestión, “Tu siempre has estado y vas a seguir estando”. Casais señaló que “Sin campo no hay pueblo, y sin pueblo no hay León” para desgranar algunas propuestas del PP en materia agraria, de vivienda o de cuidado de mayores, algunos de los ejes de la campaña leonesa.

A continuación Mañueco volvió a detallar algunas de las promesas electorales de la campaña, como la rebaja del peaje de la autopista León-Astorga, “si no lo hace Óscar Puente lo haremos nosotros”, sus medidas como las ayudas a autónomos o para la renovación de platos de ducha en los hogares de los mayores. También reiteró sus anuncios de rebajas fiscales como el impuesto de herencias y donaciones para que “con nosotros la herencia a un familiar no costará dinero. No puede ser”.

El candidato presumió que ha sido gracias al PP por el que llegará a León el grado de Medicina el próximo curso y se construirá una nueva facultad. Aludió a los retos de gestión de emergencias como las inundaciones pero no realizó ni propuestas ni palabra sobre los incendios.

“O se vota por la solución o se vota por el problema. Y la solución es el PP” señaló Mañueco entre llamadas a la movilización de los militantes, concejales y alcaldes del partido en la provincia de León, “Solo el PP tiene un proyecto de futuro para tierra, los demás solo quieren ruido, enfrentamiento y bloqueo”.

El último gran acto de campaña del Partido Popular en la provincia de León será este viernes en Ponferrada con la presencia de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la que será su segunda visita a tierras leonesas en esta campaña, que el partido cerrará con un acto en Valladolid.

El PSOE de León se ha comprometido este miércoles a paralizar el proyecto de la futura planta de biomasa de La Lastra si gobierna en la Junta de Castilla y León. Así se lo han transmitido su cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario general del partido en la provincia, Javier Alfonso Cendón, a los miembros de la Asociación de Vecinos de La Lastra en un encuentro que han mantenido este miércoles y que el partido ha resumido en un comunicado. Los socialistas confrontan así con el PP, que capitanea el Gobierno autonómico, pero también con su propio alcalde, José Antonio Diez, que respalda la iniciativa.

“El futuro gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, que además no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Rubio, quien ya en fechas recientes mostró su “sorpresa” por la cercanía entre el regidor socialista de la capital leonesa y dos populares como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se trata de un proyecto contra el que los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones y que Rubio ha asegurado que “responde únicamente a los intereses económicos de unos pocos”.

“El despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea y este proyecto se está planeando de espaldas a la ciudadanía, invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas”, ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), calificándola como una “herramienta opaca” utilizada por el Partido Popular “para eludir el control vecinal”.

Ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aclaren “qué intereses oscuros defienden” al permitir proyectos que asfixian a los vecinos.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

Ha tenido que pasar medio año desde los terribles incendios que padeció en agosto la provincia de León para que, por fin, se ponga en marcha una de las medidas iniciales impulsadas por la Junta de Castilla y León a través de las diputaciones: el diseño de “anillos de seguridad” para una amplia mayoría de municipios y pueblos con “máximo riesgo” potencial de sufrir la devastación de las llamas, como por desgracia ocurrió el verano.

Este martes se han conocido de manera oficial las primeras subvenciones articuladas por la Diputación de León, con financiación del Gobierno autonómico en una cuarta parte del gasto, y destinadas a financiar la redacción de Planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales. Se trata de una línea dotada con 400.000 euros, para unos planes y una cifra que se anunciaron a mediados de septiembre de 2025 como una de las medidas 'estrella' contra la grave situación sufrida.

La convocatoria aparece reflejada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y permitirá que hasta 114 ayuntamientos leoneses puedan solicitar ayudas para elaborar estos obligatorios planes de prevención y respuesta ante los incendios forestales. Se trata de una de las principales novedades que incorporaba en la primavera del año pasado el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal), que no llegó a desarrollarse a tiempo para las graves consecuencias del verano, pero que incluso recogía una medida que era obligatoria desde el año 2013 sin que nadie la hubiera implementado.

En el Infocal autonómico se establecía esta obligatoriedad de los planes para los 'cortafuegos' en torno a los pueblos en mayor peligro, en concreto en municipios situados en zonas de interfaz urbano-forestal, donde el monte y los núcleos habitados se encuentran más próximos y el riesgo es mayor. La lista que puede ahora concurrir a las ayudas es de 114 porque son los señalados por la normativa de la Junta que tienen menos de 20.000 habitantes. A mayores, idénticos planes deben impulsarse en los ayuntamientos de León y Ponferrada, quedando sólo fuera de la obligatoriedad San Andrés del Rabanedo.

La convocatoria llega además después del peor año de incendios forestales en la provincia de León. En agosto de 2025, distintos fuegos arrasaron en conjunto 135.400 hectáreas y provocaron graves daños en numerosos pueblos, en uno de los episodios más devastadores registrados en el territorio leonés.

En virtud del acuerdo 'en caliente' de septiembre pasado, presidido por Alfonso Fernández Mañueco y la presencia de varios consejeros, entre ellos el de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, la Junta se comprometió a financiar al cien por cien la compra de maquinaria por parte de las diputaciones y a subvencionar la elaboración de esos planes municipales de prevención y evacuación, además de revisar infraestructuras de emergencia como hidrantes o bocas de riego.

El dinero y sus criterios de reparto

Ahora, la Diputación de León, que incorporó los 400.000 euros prometidos por la Consejería de Medio Ambiente como una de las novedades de su presupuesto para este año, materializa esa parte del compromiso mediante una convocatoria que financiará íntegramente el coste de redacción de los planes municipales. Según las bases, cada ayuntamiento podrá recibir una base fija de 1.800 euros por la elaboración del documento, a la que se sumarán 100 euros adicionales por cada localidad que forme parte del municipio. En casos como por ejemplo Riello, con decenas de pueblos en el municipio, la suma por lo tato puede ser muy superior porque muy superior será también el esfuerzo por elaborar planes para cada núcleo urbano, por pequeño que sea.

Las ayudas deberían cubrir el cien por cien del presupuesto presentado por los consistorios, que deberán adjuntar una factura proforma de los trabajos de redacción del plan. No obstante, las bases prevén que, si el importe total solicitado supera la dotación disponible, la cuantía se reduzca de forma proporcional entre todos los beneficiarios.

Podrán acceder a estas subvenciones los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que estén incluidos en el citado listado de riesgo del INFOCAL, los 114 mencionados. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de León.

El plazo para solicitar las ayudas será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación, es decir, siendo el primer día el miércoles 11 de marzo. Y una vez concedidas, los ayuntamientos tendrán hasta el 31 de octubre de 2026 para justificar la elaboración del plan y el gasto correspondiente, momento en el que se efectuará el pago de la subvención. Por último, se indica que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones destinadas para el mismo fin.

El listado completo de los 114 municipios considerados de “máximo riesgo” potencial y que por lo tanto pueden concurrir ahora a estas ayudas económicas son los siguientes:

La candidatura electoral del Partido Popular (PP), acompañada por dos todavía consejeros de la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el palentino Carlos Fernández Carriedo, ha prometido hoy el impulso a la tercera fase del polígono industrial de Villadangos del Páramo para reafirmarlo “como uno de los tres más importantes del noroeste”, siempre que el presidente Mañueco obtenga la reelección por tercera vez.

En una nota de prensa que refleja la visita protagonizada esta mañana por la caravana electoral, la candidata del PP por la provincia de León, María José Álvarez Casais, resaltó que con este tipo de apuestas el PP demuestra “su apuesta por la dotación de suelo industrial de calidad en la provincia como estrategia para crear actividad económica, generar empleo y ganar población”.

En la visita al polígono paramés, Álvarez estuvo hoy acompañada por el responsable de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, junto al presidente provincial del PP y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable como presidente de Somacyl también el la segunda y muy reciente ampliación del polígono.

La candidata popular resaltó que “proponemos una nueva ampliación de 650.000 metros cuadrados para generar más actividad, más empleo que ayuden a fijar población, reafirmando las políticas del Partido Popular de hechos y certezas”, para alcanzar una cifra final de 450 hectáreas de suelo industrial en el epicentro provincial.

Suárez-Quiñones incidió que esta propuesta nace de que “el 82% de la segunda fase se ha terminado hace apenas unos meses ya está comprometida y que tenemos que ser previsores para generar nuevas oportunidades y tener más suelo preparada para las empresas”. Y contrapuso esta apuesta con “el compromiso cero del Gobierno de Pedro Sánchez, que presentó la plataforma logística de Torneros en 2022, con un compromiso de 25 millones de inversión que se iniciaría en 2023… y hoy, en 2026, estamos en el kilómetro cero”. “En estos años que el Gobierno de España no ha hecho nada en Torneros, la Junta ha realizado una ampliación de 180 hectáreas en Villadangos”, remató.

Esta propuesta se enmarca dentro del plan que tiene el PP en Castilla y León de “poner a disposición de las empresas 25 millones de metros cuadrados de suelo industrial”, tal y como remarcó Carlos Fernández Carriedo.

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a una modificación de la autorización ambiental de la fábrica farmacéutica de Wacker en León, la antigua planta de Antibióticos, después ADL Biopharma. Se trata de autorizar ambientalmente la introducción de algunas mejoras en sus instalaciones de la capital leonesa, así como la ampliación de la actual capacidad de producción en algunos procesos.

La modificación, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) permite a la empresa instalar tres nuevos tanques de vertido en la planta y un sistema asociado de tratamiento de olores, además de ampliar la capacidad de producción de un compuesto tipo Fix. Estas actuaciones han sido consideradas por la Consejería de Medio Ambiente que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones como modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental que regula la actividad industrial de la factoría, una autorización que en origen data del año 2008.

La planta leonesa, dedicada a la fabricación de productos para la industria farmacéutica y química, como derivados penicilánicos, cefalosporánicos o inmunosupresores, funciona de manera continuada durante todo el año y cuenta con diversas líneas de producción mediante procesos fermentativos, síntesis enzimática y química.

Las modificaciones autorizadas responden a dos comunicaciones presentadas por la empresa en el año 2025. La primera contempla la instalación de tres tanques adicionales de 500 metros cúbicos para la gestión de vertidos en la depuradora de la planta y un sistema para tratar los olores generados en estos procesos. La segunda consiste en ampliar la capacidad de producción de un tipo de Fix, un compuesto incluido en la cartera de productos fabricados en las instalaciones. Se trata en concreto de una marca muy determinada, un importante ingrediente de perfumería sintético de alta potencia y sostenibilidad.

Según el informe técnico de la Junta, los cambios no implican un incremento significativo de emisiones ni afectan a la seguridad o al medio ambiente, por lo que se encuadran dentro de las modificaciones permitidas en una autorización ambiental ya existente.

Contexto empresarial

La planta de León forma parte del grupo químico alemán Wacker, que en mayo de 2023 adquirió la totalidad de la factoría y asumió su plantilla tras la etapa anterior bajo otras compañías del sector farmacéutico.

Sin embargo, el grupo atraviesa un momento complicado. La multinacional alemana adelantó a la Bolsa de Frankfurt que cerraría 2025 con pérdidas, acumulando antes de fin de año números rojos superiores a los 100 millones de euros. Ante este escenario, Wacker anunció a los inversores un plan de reducción de costes que comenzará a aplicarse en 2026 y que podría incluir recortes de personal o reorganización de plantas en distintas divisiones, aunque nunca se ha señalado a la factoría leonesa. Aquí únicamente la empresa trasladó a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad, advirtiendo de que no habrá nuevas contrataciones y que se aplicará una política de contención del gasto en línea con el resto del grupo.

La orden publicada en estos términos favorables a los cambios de producción e infraestructura de la factoría de Wacker en León pone fin a la vía administrativa, de modo que ya no se puede recurrir ante la propia Consejería, sino únicamente interponer recurso de reposición por el procedimiento, en el plazo de un mes, o elevar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en el plazo de dos meses a partir de hoy.

La presencia de animales silvestres en grandes zonas arrasadas por completo por los incendios forestales pone en jaque la restauración natural de esos hábitats. Esa es la lógica oficial de la Consejería de Medio Ambiente que inspira la reciente y polémica decisión de la Junta de permitir la caza deportiva en esos espacios arrasados no tras los cinco años de moratoria que impone su propio a Ley de Montes sino apenas siete meses después de que se extinguieran las llamas en la provincia de León. Buena parte de la cifra oficial autonómica de las 135.500 hectáreas arrasadas en los siniestros forestales del pasado verano, una cifra sin antecedente histórico, afectaron a hábitats protegidos, hasta el punto de impactar de lleno en 107 cotos de caza.

Sin embargo, hay que recordar que también la Junta ha adelantado a poco más de medio año, en vez de los cinco obligatorios, los aprovechamientos ganaderos, de modo que a los rebaños de animales domésticos sí se les permitirá regresar sin restricción alguna a esos mismos lugares quemados.

El contradictorio argumento oficial ha sido hoy expresado y defendido por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Sin referirse a los episodios de grandes incendios de 2025, que quemaron el 10% de toda la superficie forestal leonesa, tanto como la isla de Gran Canaria, el consejero argumentó que “en los últimos años ha habido una evolución al alza de los animales silvestres”, una “alta densidad” que provoca “un impacto”, un “efecto negativo sobre la restauración natural por causa de su alimentación”.

Es por eso que “para favorecer la restauración natural” de los montes quemados “se aconseja esta decisión” de volver a permitir la caza deportiva sin restricciones, incluso en mayor medida que en un año sin ninguna catástrofe natural similar.

Más caza en Riaño incluso que un año normal

Esta semana, de hecho, se conoció además que en la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada directamente por la propia Junta de Castilla y León, y que según sus datos ardió en un 32% de su superficie total el pasado agosto por el incendio de Barniedo de la Reina, de 19.000 hectáreas, se han subastado un mayor número de permisos de caza que en el año anterior. En concreto, un 13% más, hasta alcanzar este año los 355 permisos cinegéticos, 163 para abatir rebecos, 86 para matar ciervos o 24 ara cabra montés, entre otros.

Pese a datos como estos, Fernández Carriedo afirmó hoy que “la caza es plenamente compatible con el mantenimiento de las especies” y de hecho favorece a “las especies vegetales que tenemos que defender”.

Informes técnicos 'fantasma'

Es un argumento que, tal y como explicó el propio portavoz hace ya dos semanas y reiteró la pasada, recogen detalladamente los “informes técnicos” de la Consejería de Medio Ambiente para justificar estas exenciones normativas, informes en los que “se acredita la compatibilidad”. Sin embargo, en dos semanas la Consejería que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni la dirección general de su mano derecha, José Ángel Arranz, ha facilitado esos informes pese a las reiteradas peticiones de varios medios de comunicación. Tampoco hoy Carriedo ha mencionado el motivo de esa ocultación.

Por todo ello, se han multiplicado las críticas de varias organizaciones ecologistas, que anunciaron un recurso a estas decisiones e incluso acciones judiciales por superponer la recuperación de la caza a la de las especies que sufrieron los desastres de los históricos incendios en agosto de 2025.

El Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León no sólo se ha saltado su propia moratoria de cinco años que marca la Ley de Montes para poder cazar en terrenos quemados por incendios forestales, autorizando hacerlo en apenas siete meses, entre críticas generalizadas y anuncios de recursos y acciones judiciales.

Además, en su propia Reserva Regional de Riaño de caza, una de las más afectadas por los gravísimos siniestros del pasado verano con 19.000 hectáreas, en concreto por el de Barniedo de la Reina, ha aprobado hoy que se pueda abatir un 13% más animales que el año pasado, en el que la zona no había padecido la lacra del fuego y la fauna no había padecido ningún fenómeno similar.

La nueva polémica decisión se ha adoptado este martes en la reunión de las tres reuniones de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de la provincia, las de Riaño, Ancares y Mampodre, y que como cifras generales ha aprobado 587 permisos de caza para la temporada 2026/27. En los casos de Ancares, en El Bierzo, y Mampodre, no coincide que en el peor verano de la historia de León se produjeran incendios dentro de sus límites, pero no ocurrió así con la Reserva de Riaño. Esta reserva comprende los cuarteles de caza de Portilla de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño, Horcadas, Vegacerneja, La Uña, Liegos, Anciles y Las Pintas.

Un 32% de la Reserva de Riaño ardió, primer dato oficial

La propia documentación oficial de la Consejería de Medio Ambiente al levantar su propio veto cinegético a la caza destaca un dato escalofriante: que la Reserva de Caza de Riaño resultó quemada en un 32% de su territorio total, en concreto en los municipios de Burón, Riaño y Boca de Huérgano, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Fue la primera vez que Medio Ambiente cuantificaba el duro impacto de un siniestro sin precedentes.

A pesar de ello, en esta reserva este año se han autorizado un total de 355 permisos de caza, frente a los sólo 313 del año precedente, sin tener en cuenta el sufrimiento y la mortandad de los animales salvajes a los que afectó el incendio incontrolado durante casi 20 días. Tal fue su dimensión que incluso llegó a penetrar dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y, además, sumó otros 3.780 hectáreas al pasar a la Montaña Palentina, en la provincia vecina.

Los ejemplares detallados que Medio Ambiente permitirá abatir este año serán 163 rebecos. El año anterior tan sólo se habían permitido 125 permisos, con lo que para de especie se podrá abatir a disparos un 30% más. En el caso de rebecos, la pasada temporada no se permitió ninguno y esta vez serán dos los permitidos. En el caso de los ciervos, también habrá un gran incremento, el que va desde 86 permisos de 2025 y los hasta 100 que la Junta ha autorizado ahora. Solamente en el caso de la cabra montés disminuye, pero muy levemente: se podrán matar este año 24 ejemplares, frente a los 26 de hace un año.

Resuelve Arranz

Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza son un órgano asesor que informan y dan a conocer los planes de caza a sus miembros, pero tales planes luego deben ser aprobados por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, el controvertido José Ángel Arranz que, junto al consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueron los máximos responsables del operativo de extinción de incendios forestales de un verano que finalmente arrasó 135.500 hectáreas en la provincia leonesa, cifra jamás alcanzada en la historia de León, y que equivale a la isla de Gran Canaria o dos veces el municipio de Madrid. Las voces de petición de dimisión o cese contra los dos no han supuesto que dejen sus responsabilidades y, de hecho, continúan aprobando medidas que levantan ampollas en los territorios quemados.

Para cerrar los datos de Riaño, se ha aprobado para esta nueva temporada la celebración de 66 cacerías colectivas, la mayoría 55 de monterías de jabalí, tres de caza menor y tres de becada. En el caso del jabalí hay que recordar que se considera como si fuera una plaga y hay un  Plan de Gestión del Jabalí en Castilla y León que pone todas las facilidades para acabar con los más posibles.

Ancares y Mampodre

En el caso de la Reserva de Ancares, está compuesta por los cuarteles de caza de Candín (formado a su vez por los cuarteles de Balouta y Tejedo), Guimara, Burbia, Villar y Fabero. Allí la Junta Consultiva contempla la concesión de 109 permisos, de los cuales 59 serán para rebeco, tres para cabra y cuatro para ciervo. En el caso de las cacerías colectivas la Junta Consultiva de esta reserva plantea la realización de 43 cacerías colectivas, 31 de monterías de jabalí y 12 de caza menor.

Por último, en la reserva de Mampodre, en la que están integrados los cuarteles de caza de Puebla de Lillo (aglutina a su vez los cuarteles de Isoba, Cofiñal, Redipollos y Lillo), Maraña y Valdelugueros, se han propuesto para la nueva temporada un total de 123 permisos de caza de los que 40 serán para rebeco, 35 para ciervo, tres para cierva, dos para cabra montesa y una para corzo. También se plantea la realización de 42 cacerías colectivas, 28 de monterías de jabalí, 12 de caza menor y 12 de becada. Todos los datos han sido oficialmente dados a conocer por la Junta, ya que el delegado territorial de León, Eduardo Diego, es quien preside estos órganos.

Riaño aumentará el dinero

Por otra parte, desde la Junta se ha explicado que la normativa de regulación del Fondo de Gestión de la Reserva indica que el mismo se componen del 15% del importe de los permisos de caza, más los gastos de cacería. Así, se ha previsto un presupuesto de más de 705.000 euros para las tres reservas.

De manera individual, la Reserva de Riaño propone actuaciones por valor de 462.000 euros, una cantidad muy superior a la del año anterior, que fue de 363.000 euros. Ancares podría obtener 119.000 euros y Mampodre 124.000 euros.

La propuesta del Servicio Territorial de Medio Ambiente respecto a las actuaciones con cargo al Fondo de Gestión se aplicarán en las mejoras del hábitat cinegético y obras de mantenimiento por tratamiento silvícolas; al acondicionamiento, mantenimiento y reparación de infraestructuras y a la mejora encaminada a la prevención de daños y accidentes de tráfico, como todos los años.

Además, los fondos se destinarán a la contratación de personal y alquiler de vehículos; a la renovación de materiales de óptica, armas y provisión de municiones y a la asistencia técnica para planes de ordenación cinegética, revisiones, censos, estudios y vigilancia.

“No procede en absoluto”. Esta ha sido la categórica respuesta del Partido Popular (PP) de León ante la creciente petición de dimisión de su alcalde en Valdelugueros, actual diputado provincial y expresidente de la Diputación, Emilio Orejas, tras conocerse la sentencia en la que se condena al Ayuntamiento a depurar un padrón en el que figuraban muchos más censados que vecinos, con datos tales como que llegaron a figurar más de 500 empadronados frente a solo 178 tarjetas sanitarias.

A la petición de dimisión aireada por Izquierda Unida (IU) de León se había sumado hoy otra exigencia idéntica por parte del PSOE provincial, recordando que el caso se destapó precisamente por la denuncia de los entonces concejales socialistas en este municipio de la Montaña leonesa ya en el año 2022. A través de un comunicado, el PSOE reclamaba hoy al presidente provincial interino popular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que le expulse de la formación y de todos sus cargos si el propio Emilio Orejas no presenta su dimisión por este escándalo.

“Orejas tendría que dimitir de alcalde y de diputado provincial después de que se haya demostrado que podría haber cometido un delito muy grave, gracias al cual ha logrado encadenar victorias electorales desde hace varios mandatos”, aseguraban, recordando que en las elecciones de 2019, solo dos años antes de la denuncia, Emilio Orejas ganó por 83 votos la Alcaldía.

Los socialistas consideran que “si Emilio Orejas no atiende a razones”, tiene que ser Quiñones “quien lo expulse, por higiene democrática y porque no puede seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento en representación de los vecinos y vecinas de este municipio”. “No se puede consentir que el Ayuntamiento haya sido condenado por hinchar el censo y continúe en el cargo”, argumentan.

Pero la respuesta del PP leonés es tajante: no habrá dimisión alguna ni tampoco expulsión o cese del veterano político popular leonés. El argumento es que la condena judicial no es en el ámbito penal sino que a su juicio “la sentencia no deja de ser un tema administrativo”, según a explicado hoy el responsable de la campaña electoral autonómica en la provincia leonesa y miembro de la gestora provincial interina del PP, Ricardo Gavilanes, preguntado por ello en rueda de prensa.

“Era un recurso contencioso administrativo que se interpuso por parte de los solicitantes contra cinco empadronados. Ya salió en su día sentencia, en la que le mandaban reponer el padrón y se ejecutó”, motivo por el que “no procede en absoluto” que Orejas abandone o sea obligado a dejar todos sus cargos públicos. De hecho, abundó en que “aunque cabe recurso contra esta sentencia en el TSJ (Tribunal Superior de Justicia), no se va a recurrir, precisamente porque ya se ha cumplido esa sentencia”, insistió.

Pero el PSOE no comparte este criterio y ataca con dureza. Y no sólo por la condena presente. “Hay que recordar que no es la primera vez que Orejas recibe una condena por el mismo motivo, ya que en 2011 también fue obligado judicialmente a eliminar 146 empadronados irregulares, lo que suponía ya entonces cerca de un 30% del censo, aunque esta vez se ha demostrado que eran muchas personas más las que votaban en Valdelugueros de forma ilegal”, afirman en su comunicado.

Y es que aunque la denuncia fuera en el ámbito administrativo, entienden que “se demuestra que el también diputado provincial del PP y presidente de la Diputación entre noviembre de 2014 y junio de 2015 tras el asesinato de Isabel Carrasco y el encarcelamiento por corrupción de la Trama Púnica de su sucesor, Marcos Martínez Barazón, hinchó el censo de su propio municipio, en el que lleva gobernando desde 1999”. De hecho, Emilio Orejas 'heredó' la Alcaldía cuando su padre Miguel Orejas, ya un veterano regidor de Valdelugueros dejó de presentarse, cediendo la candidatura a su hijo y renovando el u éxito electoral paterno desde entonces.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el Partido Popular (PP), Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido durante su visita este lunes a Astorga y La Bañeza en el compromiso de su candidatura con la “potencialidad” del patrimonio“ autonómico como ”verdadero motor de desarrollo económico y social“. Así como comprometió la búsqueda de alternativas industriales al cierre de la fábrica de la empresa Azucarera en La Bañeza y el mantenimiento del impulso del cultivo de la remolacha, como ejes irrenunciables para la Junta.

Mañueco, que ha visitado el Palacio Gaudí de Astorga, uno de los pocos ejemplos del arquitecto fuera de Cataluña, ha recordado que la Junta participa activamente en la conmemoración del centenario del fallecimiento del arquitecto este 2026. Defendió además que la “cultura es imprescindible y un foco de atracción de visitantes” que la convierte en un “verdadero motor de desarrollo económico y social”.

Mañueco ha recordado que en el programa electoral para los comicios del 15 de marzo se incluye incentivar la gestión de los cascos históricos, con un plan específico de iluminación, así como la creación de un fondo específico de rehabilitación de las iglesias para también “rehabilitar el patrimonio cercano y mantenerlo vivo en nuestros pueblos”.

Acompañado de la número 1 por León a las Cortes por el PP, María José Álvarez Casais, y otros miembros de la lista, así como los números uno y dos del partido a nivel provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Luis Nieto, a la sazón alcalde de Astorga, el candidato a la Presidencia autonómica ha recordado el eslogan de su campaña, 'Aquí, certezas', que se ha presentado este lunes en Valladolid y que quiere trasladar a la sociedad que el PP no está para “hacer ruido” sino para “dar certezas y certidumbre; y las certezas se construyen con medidas y con proyectos”, remarca Efe.

Asimismo, ha enumerado las principales medidas del programa electoral del PP. Entre ellas ha destacado duplicar el bono nacimiento de hijo hasta los 5000 euros, el bono cultural de 200 euros para escolares, la matrícula gratuita del primer curso en las universidades o implantar el bono de 300 euros del que se podrán beneficiar más de 100.000 autónomos de la Comunidad con el objetivo de compensar la subida de cotizaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vivienda, polígonos y autopistas

En términos más comarcales, se refirió a la posible construcción de viviendas autonómicas en alguna de las dos ciudades, sin concretar, así como el impulso de nuevos espacios industriales tanto en Astorga y La Bañeza, igualmente sin detalle específico. Y recordó que Astorga en particular, pero en general toda la provincia, se beneficiaría de los incentivos económicos que propone ahora el PP desde la Junta para bonificar los viajes recurrentes de particulares y transportistas por las dos autopistas de peaje de la provincia, la AP-71 León-Astorga y la AP-66 León-Asturias.

Nace un nuevo 'barrio'. En realidad la prolongación de una amplia zona de más de 120.000 metros que lleva años siendo un descampado, estrangulando el crecimiento del norte de la ciudad de León.

Se trata de un amplio espacio que se ha diseñado para la construcción de 480 viviendas como máximo, con la obligación de que al menos la mitad de ellas sean de protección pública (VPO), y que supondrá una reordenación de calles en la amplia zona del entorno de los conocidos depósito de agua de la carretera de Asturias. El espacio, conocido como parte de Cantamilanos, se sitúa en concreto delimitado por la avenida de Asturias, la avenida Padre Isla y el barrio de Eras de Renueva y la Ronda Interior que las une.

El proyecto está promovido por la empresa Inversiones Inmobiliarias Canvives, compañía del grupo Aliseda Inmobiliaria, el mayor de España. Se trata de un conglomerado fundado con los activos tóxicos del Banco Popular de la mano del banco Santander y que acabó en manos del fondo de capital riesgo Blackstone, con un billón de dólares en activos, que se ha acabado convirtiendo discretamente en uno de los mayores 'caseros' de España.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada el pasado viernes 19 de febrero dio cuenta de la aprobación definitiva, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para este sector, llamado oficialmente NC 06-01, según un diseño de Trígono Consultores, que corrige de manera ya definitiva la zona “para permitir un desarrollo acorde con los estándares actuales de calidad urbanística”, reza la tramitación.

Según el acuerdo de la Consejería que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, este nuevo sector para viviendas y zonas verdes experimenta ajustes en su delimitación para adaptarse a la realidad física del terreno, en algunas zonas muy empinado, con cuestas de hasta el 30%. La superficie total pasa de los 118.040 metros cuadrados previstos inicialmente a 120.102 metros cuadrados.

Con este cambio también aumenta levemente el número de futuras viviendas, contemplándose ahora la construcción de un máximo de 480 viviendas, ocho más que en la ordenación anterior. La edificabilidad residencial se concentrará en la zona más favorable del sector, la más próxima a la avenida de Asturias, lo que permitirá compatibilizar la creación de nuevas viviendas con amplias áreas libres y dotaciones públicas, tras adaptarse los usos a la compleja orografía del terreno.

Mientras, Almansa se centra en ocio militar y no en vivienda social

En esta zona este , la parte más elevada y llana, se elevarán los edificios residenciales, con tipo de bloques de viviendas a un lado y a otro de una nueva calle que será la prolongación de la avenida de Oviedo, que a un lado tiene el colegio Maristas Champagnat y a otro el antiguo cuartel militar de Almansa. Curiosamente, este nuevo barrio será visible frente al cuartel del Ministerio de Defensa, desde hace décadas sin uso militar, pero que ya sólo se usa como espacio residencial y de ocio y recreo para militares en una pequeña parte de su superficie, permaneciendo la gran mayoría en situación de abandono.

A pesar de todo, el Ministerio sigue cercenando la posibilidad de que se construya allí vivienda nueva en el viejo recinto acuartelado, dos convenios que se firmaron con el Ayuntamiento de León en 2007 y 2009 para unas 400 viviendas sociales siendo ministro el leonés José Antonio Alonso y que todos los gobiernos posteriores han desechado.

En Cantamilanos, aparte de la zona de pisos, en la parte oeste, es decir, en la ladera del Cerro de Cantamilanos y aprovechando su enorme pendiente, el proyecto diseña una gran cuña verde continua de espacios libres y dotaciones públicas. El objetivo es convertir esta ladera en un gran parque urbano integrado, que actúe como pulmón verde y espacio de transición hacia el entorno natural.

Nueva red de calles y accesos adaptada al desnivel

Uno de los cambios más significativos respecto a planteamientos anteriores es la simplificación del trazado viario, que se rediseña para adaptarse mejor a la pendiente y favorecer mejor movilidad dentro del terreno. La mencionada prolongación de la avenida de Oviedo creará una calle en línea recta desde su tramo actual hasta conectar perpendicularmente con la avenida de Asturias. No obstante, el tramo más próximo a la avenida Padre Isla será exclusivamente peatonal, ya que existe un desnivel de unos 15 metros que impide el tráfico rodado.

Respecto al posible acceso desde y hacia la Ronda Interior, se eliminan dos accesos previstos inicialmente en zonas de gran pendiente, considerados inviables. En su lugar, se habilitará un nuevo carril de incorporación en la parte alta del sector, próximo a la rotonda de la avenida de Asturias. Y en la conexión norte-sur, el planeamiento garantiza la ejecución de un paso elevado sobre la Ronda Interior (calle Mártires de Somiedo) que conectará el nuevo sector con los barrios situados al norte de esta vía, para tratar de mejorar la permeabilidad urbana.

En las calles nuevas que nacerán, las vías interiores permitirán el aparcamiento adosado a la calzada, con el fin de generar un entorno menos agresivo y más integrado en el tejido urbano que los grandes ejes de circulación tradicionales, reza el documento.

Restos arqueológicos y ojo con los aviones

La documentación no esconde que en la zona prevista para el nuevo 'barrio' se encuentra en el entorno del antiguo acueducto que suministraba el agua al cuartel militar romano de la Legio VII. Por eso, cualquier intervención deberá contar con supervisión arqueológica y la realización de catas previas que garanticen que no se ve afectado lo que allí pudiera aparecer en la fase de obras.

Además, dado que la zona es un alto cerro respecto a los barrios como Eras, más a nivel del río Bernesga, también se ve condicionada por servidumbres aeronáuticas, ya que por la zona sobrevuelan aviones que maniobran para aterrizar o para despegar del aeropuerto civil de La Virgen del Camino y de su Base Aérea militar. Esta circunstancia puede llegar a afectar incluso a la instalación de grúas cuando las licencias municipales sean operativas y comiencen los trabajos, pero siempre previa autorización del Ministerio de Defensa.

El reciente acuerdo contempla además que para facilitar la tramitación y evitar actuaciones contradictorias con la nueva ordenación, se establece también una suspensión de licencias urbanísticas en la zona por un periodo máximo de dos años a partir de ahora.

La reciente autorización ambiental favorable otorgada por la Junta de Castilla y León al proyecto de nuevas infraestructuras turísticas en el entorno del embalse de Riaño ha provocado una reacción muy crítica de algunos de colectivos sociales y ambientales.

En concreto, el Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) y la plataforma vecinal Stop Pasarela han amenazado hoy públicamente a la Consejería de Medio Ambiente que preside el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y a la Fundación Patrimonio Natural autonómica con iniciar acciones judiciales para intentar paralizar la iniciativa, que consideran un proyecto “faraónico” e insostenible.

Se trata de este proyecto aireado por ILEÓN y ya adjudicado por valor de 3,6 millones de euros para construir infraestructuras como un puente colgante de cerca de 250 metros sobre el embalse de Riaño o una ruta peatonal de seis kilómetros con miradores y hasta escaleras ancladas en la roca o un nuevo embarcadero, todo ello en uno de los espacios más protegidos medioambientalmente de la Montaña leonesa.

Los dos colectivos, a través de una nota de prensa, advierten de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada esta misma semana presenta “graves carencias técnicas y ambientales”, al tiempo que cuestionan tanto el procedimiento, así como el modelo turístico que se pretende implantar en la zona.

Toda la intervención se ubica dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y del espacio Red Natura 2000 Picos de Europa, ámbitos con las máximas figuras de protección ambiental en la provincia. A pesar de ello, la Junta concluye que el proyecto es compatible con la conservación si se aplican medidas preventivas y correctoras.

Sin embargo, los colectivos sostienen que la propia evaluación reconoce aspectos clave que no han sido analizados adecuadamente, como la capacidad de acogida de visitantes en una zona que ya soporta una elevada presión turística o el impacto paisajístico real de las estructuras previstas. A su juicio, la DIA vulnera el carácter preventivo del procedimiento al posponer a fases posteriores la justificación de algunas afecciones relevantes, cuando deberían haberse acreditado antes de emitir una resolución favorable.

Otro de los argumentos centrales es el supuesto conflicto de intereses institucional. El proyecto está promovido por una fundación pública dependiente de la propia Junta y al mismo tiempo también autorizado por la propia Administración autonómica, que además es la responsable de la gestión del espacio natural protegido donde se pretende actuar.

Las organizaciones también denuncian la falta de planificación en el Parque Regional, que carece de Plan Rector de Uso y Gestión pese a haber sido declarado hace más de 30 años, lo que según denuncian impide establecer con claridad la zonificación y los usos autorizables. En su opinión, esta situación evidencia una gestión “negligente” que contradice la finalidad de conservación de estos espacios. Por su parte, la defiende que el proyecto contribuirá a diversificar la oferta turística y que la evaluación ambiental descarta afecciones significativas sobre especies protegidas como el oso pardo o el urogallo. Una declaración ambiental que tendrá una vigencia de cuatro años, plazo en el que las dos empresas catalanas adjudicatarias de los trabajos deberán iniciar las obras para no perder su efecto.

Más allá del impacto ambiental, el debate se extiende al modelo socioeconómico de la comarca. Gedemol y Stop Pasarela consideran que presentar el proyecto como solución a los problemas del territorio es erróneo, ya que el aumento del turismo en los últimos años se ha producido sin grandes inversiones y ha generado efectos negativos, como la falta de vivienda disponible para residentes y trabajadores, debido también al auge del alquiler turístico.

También cuestionan la prioridad de destinar millones de euros a nuevas infraestructuras mientras persisten carencias en servicios básicos, tales como problemas de telecomunicaciones en pueblos de la zona meses después de los peores incendios forestales de la provincia y la propia zona, y recuerdan compromisos patrimoniales pendientes desde hace años que no se han ejecutado.

Por último, los colectivos consideran que la rapidez de la aprobación no es casual y malician que se acompasa con el calendario de las inminentes elecciones a la Junta del 15 de marzo de 2026, ssosteniendo que actuaciones de este tipo buscan eludir problemas estructurales que afectan a la vida diaria de los vecinos.

Ecologistas en Acción recurrirá las resoluciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP del 12 febrero de 2026) firmadas por el Jefe del Servicio, Jesús Méndez Fernandez, a instancia de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, que permiten aprovechamientos ganaderos y cinegéticos a partir del 1 de abril 2026, en los montes de la provincia de León afectados por los incendios del pasado mes de agosto, en contra de la Ley de Montes que prohíbe estas actividades durante cinco años.

Las resoluciones, que no son firmes y se pueden recurrir en alzada hasta el 13 de marzo, aplican únicamente en la provincia de León, aunque cabe la posibilidad de que también se publiquen en otras provincias que hayan sufrido los incendios forestales del pasado verano.

La Ley de Montes de Castilla y León sólo permite levantar la suspensión de la ganadería y la caza “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especias de flora y fauna silvestre”, pero tal acreditación no existe. Las resoluciones no están justificadas porque la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para informar debidamente a la ciudadanía.

La gestión forestal nefasta, presuntamente criminal, que dio lugar en agosto 2025 a la mayor catástrofe ambiental registrada en León, con más del 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada, afectando a espacios protegidos de incalculable valor ecológico (Montes Aquilanos, Sierras de la Cabrera, Alto Sil, Ancares, Parque Nacional de los Picos de Europa…), culmina ahora con estas resoluciones acientíficas, basadas en falsedades, como por ejemplo considerar que son zonas de baja recurrencia de incendios lugares que los sufren año tras año: Anllares, Llamas de Cabrera, Yeres, Porto,…

Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, pueden perder la cubierta vegetal de manera irreversible. Por lo tanto, habría que extremar la prohibición de la caza y de cualquier tipo de intervención (pastoreo, pisoteo…) que interfiera con las especies de flora y fauna en las zonas quemadas. En estas condiciones, permitir la actividad ganadera y cinegética en primavera, es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias desastrosas.

Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección y su ubicación en espacios de la Red Natura 2000 y/o en parques regionales, nacionales o Reservas de la Biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Para terminar, recordamos que los responsables (políticos y técnicos) de este despropósito, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y recuperar el patrimonio natural afectado. Lejos de eso, han priorizado intereses económicos cortoplacistas en una maniobra que huele a electoralismo y bajada de pantalones ante la presión de ganaderos y cazadores.

Este texto se publicó originalmente en la web de la Asociación Ecologista

La decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la caza apenas siete meses después en zonas que sufrieron los peores incendios forestales de la historia de la provincia de León sigue generando reacciones políticas. Tras la resolución que levanta la suspensión cinegética en 107 cotos y en la Reserva Regional de Caza de Riaño, la coalición electoral En Común (Izquierda Unida, Sumar y Verdes ) ha denunciado lo que considera un “ataque” a la protección legal de los montes quemados.

La medida, firmada el pasado 3 de febrero por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León por orden del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, permite reanudar la caza mayor, es decir, de ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés, a partir del 1 de abril de 2026. Para entonces apenas habrán transcurrido siete meses desde que, en agosto de 2025, ardieran 135.481 hectáreas en la provincia, una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria y más del doble de la ciudad de Madrid.

La propia Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León, establece que los aprovechamientos cinegéticos en montes incendiados quedan suspendidos automáticamente durante cinco años “para ayudar a la regeneración del monte incendiado y la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la norma contempla la posibilidad de levantar esa suspensión si la Consejería acredita que la actividad es compatible con la recuperación ambiental, argumento al que se aferra ahora el Gobierno autonómico.

En este contexto, En Común ha hecho pública una nota en la que denuncia “la grave irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León al autorizar la caza en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, sin respetar el plazo de cinco años” de su propia normativa. La coalición considera que la decisión “confirma una vez más que el Gobierno autonómico del PP antepone intereses particulares y presiones del lobby cinegético a la protección del patrimonio natural y al interés general de la ciudadanía”.

Su cabeza de lista electoral, Sergio Carro, considera “inaceptable que apenas unos meses después de que miles de hectáreas quedaran devastadas por unos incendios que marcaron uno de los peores episodios ambientales de nuestra historia reciente, la Junta considere que los montes ya están en condiciones de soportar actividad cinegética como si nada hubiera ocurrido”.

A su juicio, permitir la caza en este contexto “no solo contradice el espíritu de la legislación vigente, sino que transmite un mensaje peligroso: que la protección ambiental es secundaria cuando entran en juego determinados intereses económicos”.

Tal y como desveló ILEÓN, la resolución afecta a 107 cotos de caza, algunos con porcentajes de superficie quemada superiores al 90%, y también a la Reserva Regional de Caza de Riaño, gestionada por la propia administración autonómica, donde se calcula que ardió un 32% del terreno tras el incendio de Barniedo de la Reina. Además, la publicación oficial ha permitido conocer por primera vez la cifra total de superficie calcinada en los 14 grandes incendios de agosto, que asciende a 135.481 hectáreas, muy por encima de los datos difundidos de manera informal meses atrás.

Desde En Común sostienen que esta medida “evidencia una política ambiental profundamente regresiva, que banaliza las consecuencias de los incendios forestales y debilita las garantías legales diseñadas precisamente para evitar que el territorio sufra una doble agresión, primero por el fuego y después por la explotación prematura de sus recursos”. En resumen, “una deriva preocupante en la gestión pública”.

Por eso, la coalición concluye exigiendo a la Junta que “rectifique de inmediato, que respete los plazos de protección establecidos por la Ley y que sitúe la recuperación ambiental y la seguridad ecológica de nuestros montes en el centro de su acción política”. No especifican su la coalición o alguna de sus formaciones recurrirá administrativamente la decisión en el plazo previsto de un mes o incluso si baraja acciones judiciales, que también son posibles en este cas via contencioso.

Pacma estudia la vía judicial

Por su parte, el Partido Animalista (Pacma) se suma a las duras críticas por la medida y sostiene que vulnera el espíritu de la legislación ambiental, cuyo objetivo es facilitar la regeneración de los hábitats y la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre tras un incendio.

El partido advierte de que los espacios incendiados atraviesan un periodo especialmente delicado, con especies más vulnerables por la pérdida de refugio y alimento, y considera que reabrir la actividad cinegética supone un “grave retroceso” y un “precedente peligroso” en materia de protección ambiental. Ante esta situación, Pacma anuncia que estudiará acciones legales para exigir el cumplimiento de la normativa vigente.