Izquierda Unida exige los informes que impiden contar con bomberos funcionarios y no privados
El grupo Coalición en Común-Izquierda Unida en la Diputación de León continúa criticando la decisión de que el grueso de la plantilla de bomberos con los que contará el Plan Provincial contra Incendios Urbanos anunciado por su presidente, Juan Martínez Majo, esté formado por profesionales privados y contratados a través de una empresa adjudicataria, y no funcionarios públicos.
Por este motivo, el diputado Miguel Flecha considera que “el PP no es creíble, porque es perfectamente posible dotar de bomberos públicos profesionales para el servicio provincial”. Y exige que el equipo de Gobierno airée los informes técnicos y jurídicos que posibilitan esa privatización y desaconsejan la contratación de una plantilla de pública.
En Común ejemplifica con dos casos: El primero, el operativo de Valladolid, que es de gestión pública y con bomberos profesionales. “Sostiene 5 parques y en este momento se está en proceso de contratación de 12 nuevos bomberos”, recuerda.
“Salvo que la secesión de Castilla se haya hecho efectiva sin nuestro conocimiento, y que al mismo tiempo León hubiera alcanzado la independencia de España, se supone que la Ley se aplica por igual en León y en Valladolid. Si allí tienen una tasa de reposición del 100% y contratan 12 nuevos bomberos a mayores, entonces en León se pueden contratar 75 y hasta 150 si así se decide”, explican en una nota de prensa.
El segundo ejemplo que destacan es Salamanca, “de gestión privada, como defiende el PP para la Diputación”. “Allí el coste por bombero y año alcanza los 55.000 euros, de los cuales la mitad son beneficio empresarias y tan solo el 50% sirve para pagar los servicios del operario”. Calculando con los números de León en la mano, estiman que “sale un coste aproximado de 40.000 euros por bombero y año”. “Por tanto, estamos ante dos dudas, la primera que igual esos 40.000 euros no son tal, por lo que el coste podría dispararse, la segunda es si nos podemos permitir que una empresa privada ingrese 17,000 euros multiplicados por 75 anualmente a mayores de otros beneficios y sumando el pago del IVA por el servicio ofrecido”, rematan.
Para el grupo de En Común, “el modelo público y profesional no solo es más eficaz sino que será más barato para la provincia. Por tanto, no podemos creernos los argumentos del señor Majo y menos aún cuando habla de informes, que luego se ocultan, para imponernos el modelo salmantino”. Flecha lamenta también que “se haya hecho un recorrido tan largo, sufriendo tanto retraso, para terminar proponiendo exactamente lo mismo que ya recogía el estudio inicial: sin aceptar, ni siquiera responder a las propuestas realizadas por este grupo”.
