La Diputación suma más de cinco años 'trampeando' un contrato del arreglo de carreteras de León

Imagen de arreglos en una carretera propiedad de la Diputación de León de la zona oriental  de la provincia.

Que “las cosas de Palacio van despacio” es un dicho recurrente ya cuando la gente se refiere al ritmo de los trámites que se dilatan de manera exagerada y habitual en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. Pero en ocasiones hay casos que ayudan a dejar incluso escasa esa apreciación porque algunos expedientes se enquistan de manera inaudita.

Es algo que se puede aplicar en la actualidad a un importante contrato de la institución leonesa, aquel que afecta a las obras y servicios de conservación ordinaria y reparación de firmes de las carreteras de la provincia en toda la complicada zona oriental de la misma, mucha de ella montañosa y sometida a habituales inclemencias.

Ese contrato público expiró de manera definitiva en el año 2019, es decir, hace tres años, sin que de momento se haya convocado siguiera un nuevo concurso público. Eso supone que se sigue manteniendo el contrato suscrito en 2015, bajo gobierno provincial del Partido Popular (PP) y que debía haber durado dos años sólo, es decir, hasta 2017, dentro del propio mandato popular.

Pero desde ese momento, mediando incluso un cambio del equipo de Gobierno, ahora dirigido por PSOE y UPL, se han acumulado ya cuatro prórrogas distintas y no pocos problemas para asumir el coste anual de los trabajos, que se le siguen pagando tantos años después a la empresa Arcor SL, una compañía que tiene su sede en Valladolid y de la que es apoderada una hija del conocido empresario José Luis Ulibarri, que ha admitido ante el juez su implicación en la trama corrupta Gürtel.

Contrato del PP de 2015, por dos años, que ya aumentó el primero

El precio inicial del contrato en primera instancia (noviembre de 2015) fue de 1,5 millones de euros para aquellos dos únicos años. Sin embargo, sólo un año más tarde (diciembre de 2016) el equipo de Gobierno del PP ya aprobó el primer modificado del contrato para aumentar de golpe prácticamente un 10% aquel precio. Es decir, se subió otros 147.727,87 euros respecto al precio de adjudicación, de modo que lo que ha venido costando desde entonces se eleva exactamente a 1.650.927 euros cada dos años o, lo que es lo mismo, 825.500 euros/año.

A ese precio, y teniendo en cuenta que desde 2017 el contrato tenía que haber terminado, la Diputación ha tenido que desembolsar a la compañía Arcor más de 4 millones de euros públicos a mayores hasta la fecha, si es que no hay posibles nuevos incrementos que se hayan aplicado por el aumento de los costes.

El problema no estriba sólo en el mucho tiempo transcurrido y en el dinero que ha costado, sino también en el que no está cerca una solución. Hace meses que el actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL solicitó un informe externo para así poder justificar las mejoras de todo contrato prorrogado que no sale a concurso, tal y como obliga la Ley de Contratos del Sector Público desde su actualización en 2017.

'Espantada' de Ineco, con vinculación leonesa

La empresa externa elegida para elaborar ese informe justificativo fue Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Se trata de la empresa pública de consultoría de ingeniería que cuenta con la participación de las compañías estatales Enaire, Adif y Renfe y que es una habitual herramienta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno. Es la misma empresa en la que el anterior secretario provincial del PSOE de León, Celestino Rodríguez, consiguió y mantine un cargo de director de Gabinete de la Presidencia, la cual ostenta Sergio Vázquez Torrón.

El pasado mes de febrero ya saltó alguna polémica por esta 'coincidencia'. Y se deba a ella o no, lo cierto es que Ineco no realizará ese informe que resulta trascendental mientras no se realiza un nuevo concurso y una nueva contratación del mantenimiento y las emergencias en las carreteras del oriente leonés. A pesar de que el presidente socialista, Eduardo Morán, defendió que se le encargó a Ineco porque “tiene toda la solvencia” al ser “la mayor empresa pública de ingeniería que hay en España”.

La renuncia de la consultora pública fue anunciada en el último Pleno de la Diputación por el propio presidente, quien explicó a la oposición del PP, que pedía explicaciones de toda esta situación, que esa renuncia o el trabajo que hubiera podido realizar la compañía “tendrá un coste cero” de dinero público.

Un nuevo pliego, anuncia Morán

Lo que no detalló Morán es de qué manera se resolverá una situación tan enquistada. Y que la actualidad no deja de complicar aún más por no haberse resuelto mucho tiempo atrás.

Morán admitió que “estamos teniendo muchas dificultades, que se están corrigiendo en el área algunos proyectos en materia de precios que estaban a punto de licitarse, porque algunas empresas están renunciando y otras no se presentan a las licitaciones”.

Sólo avanzó que los esfuerzos ahora pasan por realizar “un nuevo pliego, con precios actuales y con alguna mejora que ya ha elaborado el propio servicio (de Fomento de la Diputación)”, el cual aseguro que “está finalizado”.

El actual equipo de Gobierno provincial ya se había puesto tiempo atrás a sí mismo una fecha concreta para tener listo el nuevo contrato del arreglo y mantenimiento de las carreteras. Fue cuando en la Junta de Gobierno de la Diputación celebrada el 22 de mayo de 2020, en plena pandemia, acordó una continuidad del contrato de sus carreteras de la zona oriental de la provincia a favor de la misma empresa Arcor “hasta la formalización del nuevo contrato que se está tramitando, que previsiblemente podría tener lugar para el 30 de noviembre de 2020”. De eso hace ya año y medio.

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