UGT pide al PP de Castilla y León que vote contra la reforma local del Gobierno

El secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, pidió este viernes al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que “su ejército de diputados y senadores en Madrid vote en contra” de la reforma de la Administración local del Gobierno de Rajoy. Una normativa que, indicó, “va contra los intereses de esta Comunidad” y “confronta” con la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Prieto reclamó a Herrera que “siga siendo beligerante con el Gobierno central por esa ley que tanto daño va a hacer a Castilla y León, más que a otras comunidades” porque, dijo, “aquí están el 30 por ciento de los municipios de España y el 60 por ciento de las entidades locales menores”. Llegado el caso, se mostró partidario de “poner un recurso de inconstitucionalidad” por “atentar contra una ley aprobada en las Cortes en algo que tiene que ser claro, la autonomía de la Comunidad en materia de ordenación del territorio”.

Agustín Prieto realizó estas declaraciones antes de la celebración en Ávila de una asamblea con delegados y afiliados de UGT en el marco de la campaña emprendida en la región contra “las políticas equivocadas” del Partido Popular en tres frentes, la reforma de las pensiones, los presupuestos regionales y estatales y la citada reforma de la Administración local. También anunció la adhesión de UGT a la manifestación que convoca la Cumbre Social para el 23 de noviembre en las capitales de provincia del país (en Ávila a las 19 horas), todo ello en el marco de la intención del sindicato de “seguir en la lucha permanente” frente a las “nocivas propuestas y leyes” planteadas.

El responsable regional de UGT calificó la reforma de la Administración local como una ley “muy perversa” justificada en el “ahorro, para mí recorte”, dijo, de 8.000 millones, 480 de ellos en Castilla y León, y que para el sindicato acabará con la supresión de servicios en los municipios y con la pérdida de empleos, unos 22.000, según sus estimaciones.

Asimismo, señaló que la norma “no tiene en cuenta la realidad de las administraciones más cercanas” y en ella “solo va a contar la rentabilidad económica, la social no se tendrá en cuenta”, dijo Prieto, quien criticó que “la mayoría de servicios no se va a dar y los que se den, se concederán a una determinada empresa”. En plena polémica por el futuro de las diputaciones, criticó que se quiera “adelgazar el Estado y recentralizar competencias en un ente que ni siquiera es democrático, nos sobran las diputaciones” aunque “no su personal”, matizó, que “debería pasar a la Junta”.

Previamente, Agustín Prieto había criticado los presupuestos de la Junta, que en su opinión “no van a generar empleo y solo están al servicio de la deuda”, y los Presupuestos Generales del Estado, los cuales “tampoco ayudan para nada a salir de la crisis” porque en la región “decrecen más que la media del país” y porque “no hay grandes obras que aporten soluciones a los problemas de la Comunidad en vertebración y cohesión”, dijo.

Además del montante, también criticó que las cuentas “debilitan los servicios públicos esenciales”, los cuales “tienen que ser universales, gratuitos y de calidad, y más en crisis”, con las tasas de paro disparadas y el “28 por ciento de los ciudadanos situados en el umbral de la pobreza”, apuntó.

En clave provincial, denunció que las políticas de la Junta de Castilla y León y el Gobierno están conduciendo a que Ávila “cada vez se quede más aislada”, al olvidarse de ella en sus inversiones de comunicaciones y apostar, por ejemplo, por la conexión de Madrid con Salamanca a través de Medina del Campo. “Ávila va a tener una situación francamente complicada, nos sigue preocupando, se va a quedar en un fondo de saco”, afirmó.

La reforma de las pensiones planteada también se llevó las críticas de Agustín Prieto por “empobrecernos ahora y para el futuro”. Es, denunció, “la primera que va a afectar a todos” –a los que ya eran pensionistas y a los que vendrán– por la “pérdida de poder adquisitivo”, no en vano la revalorización del 0,25 por ciento, al margen del IPC, supondrá que “cada pensionista perderá en cinco años 1.800 euros si la inflación es del uno por ciento, más de 4.000 si llega al dos por ciento y más de 6.000 euros si se sitúa en el tres por ciento”. “Necesitaremos muchos años para recuperar lo perdido”, dijo el responsable regional de UGT, quien ironizó al subrayar que “el problema es que los jubilados tienen la desfachatez de no morirse antes de cobrar la pensión”, manifestó.