El PSOE pide una convocatoria autonómica de becas universitarias a la que se acceda con un 5 en selectividad
El PSOE de Castilla y León reclamó hoy a la Junta la convocatoria autonómica y específica de becas universitarias antes del 15 de octubre para este curso académico a la que puedan acceder alumnos con un 5 en la selectividad y quienes hayan superado un 60 por ciento de los créditos en estudios de enseñanzas técnicas y un 80 por ciento en el resto. Con esa propuesta entiende que se puede garantiza la igualdad en el acceso y no retroceder en estas ayudas, algo que para esta formación si ocurre con el Real Decreto aprobado en agosto por el Ministerio de Educación, cuya derogación también solicitó.
En rueda de prensa, el secretario autonómico socialista de Educación, Enrique Cabero, y el portavoz del grupo en Universidades en las Cortes, Fernando Pablos, criticaron el marco normativo aprobado por el Ministerio de Educación por el impacto en la reducción del número de becas, de beneficiarios y de ayudas. “Es un modelo que institucionaliza el recorte”, sentenció Cabero, mientras que Pablos subrayó que las becas “no son un premio”, sino un derecho en la igualdad de oportunidades.
El portavoz socialista de Universidades, Fernando Pablos, exigió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que cumpla su compromiso en el debate sobre el estado de la comunidad cuando planteó que se pueda acceder a una beca con un 5 de nota. También se dirigió al consejero de Educación, Juan José Mateos, para recordarle que no se mostró de acuerdo con los requisitos de la normativa del ministro José Ignacio Wert.
La petición a la Junta se formula a través de una proposición no de ley para su debate en el primer pleno de las Cortes de este mes de septiembre, previsto para el día 12, iniciativa que Pablos tildó de “razonable” y se dirigió al Grupo Popular para que la estudie y pueda salir adelante en la Cámara.
En la propuesta socialista se reclama un presupuesto no inferior a los diez millones de euros y que los requisitos económicos de la unidad familiar de los solicitantes sean iguales a los de la convocatoria autonómica del curso 2012-2013. Además, plantea que la beca autonómica será incompatible con otras ayudas del Ministerio, lo que llevaría a un beneficiario de una ayuda estatal a renunciar a la de la Junta.
El Real Decreto establece en el 5,50 la puntuación para la beca de matrícula como único componente y el 6,50 de nota para quienes se matriculen por primera vez en estudios oficiales de grado. Para los solicitantes de segundos y cursos posteriores se deberán superar una serie de créditos, que oscilan entre el 90 por ciento en Artes y Humanidades y 6,50 puntos y el 65 por ciento en Enseñanzas Técnicas y 6 puntos.
La nueva regulación no garantiza el derecho a la beca, reduce las ayudas y endurece los requisitos para optar a ayudas compensatorias de desplazamiento o residencia y perjudica a alumnos cuyas familias tienen menos recursos económicos y supone un “agravio” para quienes residan en un pueblo, explicaron Cabero y Pablos.
Como ejemplos del impacto de la nueva normativa en las becas de estudios universitarios, Pablos citó como un estudiante de cuarto de Derecho con cinco asignaturas, no obtiene beca si suspende o no se presenta a una asignatura aunque en las otras cuatro tengan matrícula de honor. También explicó como un alumno de Medicina matriculado en diez asignaturas se puede quedar sin beca si aprueba nueve (cuatro con notables y cinco con aprobado), mientras que si suspende una de las de 5,5 aprobaría el 80 por ciento con un 6,5 de media y tendría ayuda.
Por estas razones, insistieron en reclamar al presidente de la Junta y al consejero de Educación que exijan al Gobierno la derogación de un Real Decreto que mezcla notas y tanto por ciento de aprobado y que supone un “riesgo” para alumnos con menor capacidad económica al reducir al ayudas.
Pablos criticó la aseveración del consejero de Sanidad, Juan José Mateos, de que ningún alumno ha dejado los estudios por la falta de ayudas cuando en las preguntas de su grupo sobre ese extremo ha respondido que no tiene los datos porque corresponden a las universidades. “Es una desvergüenza y no se puede jugar sin pruebas”, censuró.
