El Gobierno advierte a la Junta sobre una colisión de competencias en la reforma de la Administración autonómica
El Gobierno ha realizado una advertencia formal a la Junta de Castilla y León sobre una posible colisión de competencias en relación con la reforma de la Administración autonómica, cuya ley aprobaron las Cortes el pasado 11 de septiembre. El Ejecutivo central y el regional se reunirán previsiblemente en enero para fijar una fecha, acercar posiciones y evitar llegar a un conflicto de competencias, que desde la Consejería de la Presidencia se ve posible salvar por tratarse de una cuestión menor.
La colisión de competencias, observada por el Gobierno, se produce en la redacción que se da a la modificación de la ley de 1998 reguladora del juego y de las apuestas en Castilla y León, que se recoge como artículo 8 en la nueva normativa de medidas para la reforma de la Administración autonómica. La Junta cree que será posible el acuerdo porque no incluye ningún requisito adicional para las empresas interesadas que pueda lesionar las contempladas en la legislación estatal.
En su redacción, ese artículo señala que la consejería competente en materia de juego dará publicidad mediante una orden publicada en el Bocyl de las diversas autorizaciones, licencias, permisos, habilitaciones o cualificaciones profesionales a personas o empresas que tengan la condición de interesadas en los juegos y apuestas en el territorio nacional y quieran hacer valer esos títulos en el territorio de Castilla y León, desde la garantía de la unidad de mercado.
Ese párrafo motivó la reunión de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, el pasado 27 de octubre, que acordó iniciar la negociación para resolver las discrepancias manifestadas sobre ese artículo normativo, designar un grupo de trabajo y comunicar dicho acuerdo al Tribunal Constitucional. En representación de la Junta, forman parte del grupo de conflictos, paso previo para evitar el recurso, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, el director general de los Servicios Jurídicos y el director general de Financiación Autonómica.
El escenario que se abre es triple: que la explicación de los representantes de la Junta en el grupo de conflictos -uno de los tres de la Comisión Bilateral- convenza al Gobierno, que se llegue a un acuerdo interpretativo por las partes, que se publicaría en el boletín oficial de Estado y Comunidad, o que se tengan que modificar la ley en ese apartado. El secretario general de Presidencia, José Manuel Hernando, afirmó que “lo normal como mucho” sería llegar a un acuerdo interpretativo como la mejor solución para ambos.
El 'número dos' de la Consejería de la Presidencia manifestó que trasladarán a la reunión del grupo de conflictos que en el texto aprobado en la Comunidad no existe ningún requisito adicional ni ninguna traba administrativa o burocrática para empresas de ese sector que tengan los permisos y quieran validarlos e instalarse en Castilla y León. “Es una cuestión menor que se dejará claro”, precisó.
En tal sentido, manifestó que se respeta la unidad de mercado, remarcó que la advertencia realizada se refiere a una “cuestión menor” y añadió que es normal que se produzcan algunas diferencias o explicaciones en relación a las leyes que aprueban tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León, pero recordó que no se ha presentado ningún recurso ante el Tribunal Constitucional en esta legislatura ni por parte de la Comunidad ni del Estado.
