Realidades judiciales y quimeras sanitarias en Villablino
Un pleno municipal extraño el celebrado el lunes en Villablino, donde además de aprobar una compleja moción sobre sanidad pública presentada por IU, se dio confirmación por boca del propio alcalde de su situación procesal como investigado por el Juzgado de Villablino y sus “querellas criminales” de defensa presentadas.
El alcalde Mario Rivas confirmó públicamente estar investigado “a nivel particular” por el Juzgado de Villablino y rechazó, como lo ha venido haciendo en ocasiones anteriores, presentar por ello su renuncia.
Respondía así a la pregunta del portavoz 'popular' Roberto González, quien además le reprochó no cumplir con el viejo acuerdo del pleno de 2016 que pedía al Ayuntamiento tratar de revertir las fincas objeto del acuerdo de los vecinos de San Miguel con MSP de 1995, algunas de las cuales él posteriormente compró a los liquidadores.
Una polémica ya de meses anteriores, en la que además González le hizo saber, que no había dicho la verdad al asegurar “que había un informe jurídico” que avalaba que sobre las fincas referidas “el Ayuntamiento no tenía derecho alguno”. Puesto que explicó “usted lo afirmó sin ese citado informe, que es de fecha 1 de febrero de 2022”, y encargado por la Alcaldía tres días antes.
Rivas se defendió asegurando, que el informe no existía, pero había hecho “consultas de palabra” con los servicios de asesoría jurídica municipal, que le ofrecieron la misma información.
Posteriormente a una pregunta de la portavoz de Ciudadano, María Teresa Martínez, también confirmó el alcalde que había presentado querellas criminales, sin especificar si una conjunta o tres individuales, contra la periodista del Diario de León Cristina Fanjul, el empresario jubilado Antonio Arias Tronco (denunciante de la causa por la que está investigado) y el joven Javier Barrenetxea, por falsedades, injurias y atentados al honor y buen nombre tanto propio como de su familia.
Moción de IU
La coalición presentó una extensa moción para su aprobación y dar traslado de la misma a los responsables de sanidad de la Junta de Castilla y León, que salió adelante con el respaldo de los votos de IU, PSOE y Ciudadanos y la abstención de los representantes del PP.
La moción aprobada contiene 30 peticiones de actuaciones y mejoras al sistema sanitario de Castilla y León. Calificadas por el representante de Cs, José Ramón Fernández, como “propuestas idealistas, utópicas” y que quien las redactó está “alejado o desconoce la realidad sanitaria” y sin embargo la votaron favorablemente. Lo que no hicieron los dos representantes del PP, que se abstuvieron al considerarla “generalista, mal redactada y a destiempo” además de “populista”.
Realmente la propuesta solo adolece de una petición ultima para dar solución definitiva a todos los problemas sanitarios de nuestra comunidad y es la de exigir a los responsables autonómicos que prohíban la circulación de enfermedades y males físicos o mentales por nuestro territorio. Es en verdad demagógica, irrealizable y más que utópica, una quimera que tampoco se cuantifica cuánto costarían la realización de todas sus propuestas. Muy apropiada para un concurso de cuentos.
