La prohibición de la caza del lobo agita el debate medioambiental y hace aflorar las posturas enfrentadas
La decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente de limitar la caza del lobo en toda España, tras haber incluido al animal en el listado de especies en régimen de protección especial, ha logrado desbancar el monotema de la pandemia de la Covid-19 por unos días en Castilla y León. La caza del animal, del que hay alrededor de 1.600 ejemplares en la comunidad, polariza a la sociedad castellano y leonesa, que se debate entre dejar que proliferen los lobos o continuar dándoles caza, según informa elDiariocyL.es.
Caza del lobo sí, caza del lobo no se ha convertido en la principal discusión medioambiental de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, como otros tres gobiernos autonómicos de las regiones donde se concentra más del 95% de los ejemplares, han anunciado que darán la batalla en los tribunales. La posición de estos ejecutivos es firme: rechazan proteger más aún al lobo ibérico y abogan por que se pueda continuar matándolo al norte del río Duero, la frontera que hasta ahora delimitaba si el animal era o no especie cinegética. Para la consejería de Medio Ambiente castellana y leonesa, la decisión del Ministerio, apoyada por otras ocho comunidades autónomas, es “ideológica” y atenta contra los intereses de los ganaderos.
Hasta ahora, la caza del animal no ha sido libre en Castilla y León, sino que estaba regulada mediante el llamado Plan de Aprovechamientos, que determinaba el cupo de captura de lobos en cada una de las 28 comarcas loberas teniendo en cuenta la densidad de las manadas por comarca o la mortalidad conocida no natural por causas diferentes a la caza. Según este plan, el Gobierno autonómico autorizó el año pasado la caza de 339 lobos hasta el año 2022 al norte del Duero, donde se calcula que hay más grupos además de las 128 manadas confirmadas. Pero ni siquiera este plan, ni la decisión de la justicia europea de autorizar excepciones a la prohibición de cazar lobos si no queda otra opción y está justificado ha impedido que en los últimos años la actividad cinegética contra el depredador se debata, también en los tribunales.
En enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia llego a anular el Plan de Aprovechamientos del periodo 2016 y 2019, y condenó a Castilla y León a pagar más de 800.000 euros por la caza de 91 lobos: 9.261 euros por cada uno de los animales abatidos en 2016. En aquella ocasión fue ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico quien recurrió el plan de aprovechamientos cinegéticos, aduciendo que no constaban estudios técnicos, científicos para avalar las capturas autorizadas.
Precisamente ASCEL, que lleva años reclamando la protección del mamífero, ha sido probablemente quien con más júbilo ha recibido la noticia de la prohibición, que considera un hito en “la historia en la conservación de biodiversidad de España”. Los objetivos de ASCEL no acaban aquí, y ahora pelean por conseguir que se incluya al animal en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de “vulnerable” para todo el territorio nacional. En líneas similares han pronunciado asociaciones como Lobo Marley, que recordó que todavía existen riesgos para la especie como los atropellos en más de 50 tramos de carreteras del norte del país. Ecologistas en Acción calificó la jornada como “día histórico”, o WWF, para quien “por una vez la conservación se ha basado en criterios científicos y no políticos”. Una tesis que comparten entidades como el Colegio de Biólogos de Castilla y León, que se felicitó porque la medida estuviese respaldada por un comité científico “absolutamente cualificado y compuesto por profesionales de la biología que han ofrecido argumentos de una solidez científica indiscutible”.
Una decisión para contentar a “ultras”, “animalistas” y “perroflautas”
La prohibición ha levantado numerosas ampollas entre los sectores agrarios, que ven en ella una victoria de los grupos más ultras y radicales sobre los ganaderos. COAG se lamentó porque la decisión se adoptó sin escuchar las propuestas de los afectados. Según el sindicato su objetivo es la protección del animal al tiempo que se evitan los ataques a sus animales, cuyas pérdidas calculan en millones de euros. Pérdidas, señalan, que no solo afectan a los ganaderos, porque hay que sumar los efectos sanitarios y reproductivos en las cabañas ganaderas y el estrés de los habitantes que viven en estas áreas: “Un problema para la biodiversidad que amenaza al pastoreo e incluso a especies de ganado autóctonas”, indican.
ASAJA, la asociación de agricultores principal del país fue incluso más allá y llegó a acusar al Gobierno de legislar en contra los intereses de quienes viven en los pueblos, “sin escucharlos ni empatizar con ellos, para tener contenta a una legión de conservacionistas 'perroflautas' y 'niños de papá' que únicamente se acercan al campo de fin de semana y normalmente para crear problemas a la población local”.
Desde la asociación denuncian que, sin control cinegético, el censo del depredador es cada vez mayor porque las nuevas manadas están conquistando territorios. Además, alertan que, en el momento en que cambie el estatus del lobo, los ganaderos dejarán de percibir la indemnización por daños, unas compensaciones que, por otro lado, en ocasiones tardan en llegar años. La prohibición de la caza supondrá una doble pérdida, porque las juntas vecinales de la provincia propietarias de los cotos cinegéticos dejarán de recibir ingresos. Por su parte, UPA, la asociación de pequeños agricultores pidió transferir las competencias a las comunidades para que decidiesen las medidas en cada territorio.
Políticos divididos
A finales de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una PNL para pedir al Gobierno central que mantuviese el régimen jurídico del lobo al norte del Duero, con el voto a favor de PP, CS, Vox y Por Ávila, en contra de Podemos, la abstención del PSOE y UPL (Unión del Pueblo Leonés). Los socialistas, el principal grupo de la cámara autonómica, consideraron que la iniciativa solo buscaba “encender la mecha del conflicto, el ataque al Gobierno de España y en nada apoya a los ganaderos”.
Sin embargo, ahora no se han pronunciado por la nueva prohibición. Ciudadanos, socio de gobierno en la Junta, apuestan por mantener la actual situación: “Desde el Gobierno se equivocan cuando quieren proteger a los cánidos a costa de los ganaderos, la economía y la población del medio rural”, aseguraron. Son muchos partidos los que tienen que hacer encaje para tejer lo que se reclama desde Madrid o incluso la posición de su electorado urbano, con los intereses del mundo rural. El debate está ahí y las asociaciones obligarán a las formaciones políticas a tomar partido en las próximas semanas, ya que anuncian movilizaciones.
El ecologista Theo Oberhuber, fundador de Ecologistas en Acción, resumía en un mensaje de Twitter lo que está por venir. “Su protección es solo el inicio del camino: hay que lograr desactivar el conflicto social del lobo, hay que fomentar la coexistencia entre lobo y ganadería, evitar la caza ilegal y lograr su adecuada conservación”.
