Castilla y León firma con el Gobierno construir viviendas de alquiler más baratas para los menores de 35 años
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han firmado este martes un acuerdo para la construcción de 914 viviendas de protección pública para alquiler social en 13 municipios de la Comunidad, 120 entre León capital y Ponferrada. El presupuesto previsto es de 81,6 millones de euros, de los que la Junta financiará el 50,61% y los fondos europeos Next Generation el 49,39%, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Las viviendas serán construidas con estándares de alta eficiencia energética y se destinarán a jóvenes de menos de 35 años. “Queremos que Castilla y León sea una tierra de oportunidades para los jóvenes”, explicó el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien añadió que para ello hay que “facilitarles el acceso a la vivienda”. Así, los alquileres promovidos a través de este acuerdo, que oscilarán entre los 300 y los 350 euros, serán “entre un 30 y un 40% inferiores a los del mercado”.
Las 914 viviendas se levantarán en 12 parcelas cedidas por los Ayuntamientos y en una de titularidad de la Junta de Castilla y León en Aranda de Duero, que permitirá 38 viviendas. Así, en León serán 100, en Ponferrada, 20; en Ávila serán 40, en Burgos, 200, en Palencia, medio centenar, cien en Segovia, 40 en Soria, 259 en Valladolid, 27 en Medina del Campo y 40 en Zamora.
La superficie útil de cada una de ellas será de entre 60 y 65 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños, un salón y una cocina y dispondrán de espacios comunes como una lavandería, máquinas de vending, espacios de ocio y un parking para bicicletas.
Quiñones confió en que este proyecto permita a los jóvenes “desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León” y anunció que la Junta está trabajando en un segundo convenio con el que se alcanzarán las 1.224 viviendas. El objetivo es firmarlo antes del 31 de enero y haberlo ejecutado al completo en 2026.
