Visto para sentencia el juicio contra Victorino Alonso por destruir un yacimiento neolítico
El juicio que ha llevado a Victorino Alonso a sentarse en el banquillo de los acusados por, presuntamente, destruir el yacimiento neolítico de Chaves considerado uno de los más importantes de la península ibérica ha quedado visto para sentencia.
El juzgado de lo Penal 1 de Huesca ha acogido este procedimiento contra el empresario minero acusado de dos presuntos delitos contra el patrimonio y el medio natural por destruir la cueva de Chaves, que se encontraba en el pueblo deshabitado de Bastarán, convertido en coto de caza, dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, en el Pirineo aragonés.
Este procedimiento, que comenzó el miércoles y ha concluido este pasado viernes, juzga los hechos que se descubrieron a principios de 2009 cuando personal de Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitan el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente, y descubren que ha sido destruido.
Según las acusaciones, ejercidas por las asociaciones Ecologistas en Acción y Apudepu, durante el mismo periodo en el que se llevó a cabo la demolición de la cueva se habían registrado grandes obras sin autorización con maquinaria proveniente de la construcción del aeropuerto Huesca-Pirineos, en la que habían participado empresas del grupo de Victorino Alonso en la UTE constructora.
Alonso lo niega todo
Ante el magistrado, en su declaración, Alonso ha insistido que desconocía que existiera ese yacimiento. Así, también ha culpado al Gobierno de Aragón por no tener señalizada la cueva lo que ha considerado “dejadez absoluta”. También ha culpado al director del Museo de Huesca, ya fallecido, por haber podido inducir a error al administrador del coto al sugerirle la necesidad de limpiar la zona.
El empresario minero ha asegurado que él no era el administrador ni de la empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba la cueva ni de la que realizó las obras. Además, ha precisado que en sus viajes al coto para tomar parte en monterías no escuchó en ningún momento hablar de la presencia de arqueólogos en la cueva, ni conocía que entre los documentos de la empresa que gestionaba el coto se incluyera uno referente a la declaración de la cueva como bien protegido.
Penas
En la causa, la Fiscalía mantiene una petición contra Victorino Alonso de prisión de 2 años y 8 meses de prisión y 14 millones de indemnización por un delito contra el patrimonio. Ecologistas en Acción pide 6 años de cárcel, al sumar el delito contra el patrimonio otro delito contra el medio ambiente y el pago de una indemnización 50,9 millones de euros. Otra acusación particular, Apudepu, reclama a su vez para el empresario una condena de 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y también 50,9 millones de euros de indemnización.
