Victorino Alonso alega desconocer por qué su empresa explotaba de manera ilegal una mina a cielo abierto

El empresario minero Victorino Alonso ni se acuerda ni le interesa si la mina 'Nueva Julia' tenía licencia ambiental, si Coto Minero Cantábrico hizo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la totalidad de los trabajadores o si se explotaron cerca de 20 hectáreas más de las permitidas en una zona protegida porque no era de su “competencia”. Así se ha despachado hoy en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León por la explotación ilegal de los parajes conocidos como 'La Mora' y 'Nueva Julia' el que fuera el principal empresario minero de España, controlando las empresas hoy en extinción Coto Minero Cantábrico (heredera de la histórica MSP) y Unión Minera del Sil (Uminsa).

“Yo era el administrador único de la empresa y tenía otras cosas que hacer, como vigilar que se cumplieran los planes de ejecución y desarrollo de los proyectos. El director general era una persona muy importante. Más que el administrador de la empresa (él)”, ha asegurado en el juicio por el que la Fiscalía le pide 8 años de prisión y 24,3 millones de euros por la explotación ilegal y su restauración. El 'rey del carbón' no entiende por qué están declarando como acusados él y Manuel Santamaría, entonces responsable de la explotación, “si no pertenecía ni a la empresa”, ya que según ambos, era trabajador de una de las subcontratas de la matriz.

La explotación se llevó a cabo por Minero Siderurgia de Ponferrada (MSP) y su sucesora Coto Minero Cantábrico (CMC), presididas entonces por el propio Victorino Alonso y con Manuel Santamaría en calidad de jefe de explotación minero hasta el año 2010, acusados de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. La mina tenía una declaración de impacto ambiental del año 2003 que limitaba la explotación a 278 hectáreas y otras 127 hectáreas dedicadas a labores de restauración sobre antiguas explotaciones de carbón ya abandonadas. Pero el grupo minero se expandió a una zona protegida ocupando 19 hectáreas no autorizadas entre las comarcas de Laciana y Babia.

Según el empresario la ocupación de esas hectáreas excedentes “se metieron a petición de la Junta Vecinal. Por hacerles un favor”. Añadió que “Las casi 20 hectáreas de discusión son menos del 3%”, por lo que según Victorino no es grave ni importante. “Es normal. Esas hectáreas en la Castellana (en Madrid) son mucho pero en el medio rural no es nada”. De hecho se sumará como testifical en el juicio, a petición del abogado de Victorino Alonso, la presencia del secretario de la entidad local en esa época, hermano del presidente de la Junta Vecinal y entonces miembro del comité de empresa.

Victorino Alonso no se explica qué hace en esta causa porque él no tenía responsabilidad de nada en las explotaciones, señalando que en todo caso de haber delito deberían estar imputados “el director general, el facultativo y el de planificación” de la explotación. Algo que el Ministerio Fiscal le rebatió recordándole que fue él mismo quien se personó en la causa antes incluso de que lo llamaran.

Según la declaración del otro acusado, Manuel Santamaría, las hectáreas que se excedieron no eran para explotación de carbón porque ya estaban explotadas por interior y el “nunca vio por allí ningún oso ni ningún urogallo”, por lo que no sabía que era constitutivo de un delito grave de medio ambiente. “De lo que éramos conscientes es de que estábamos haciendo un beneficio para el pueblo. En esa zona no había carbón”, aseguró en el juicio Santamaría.

La Fiscalía considera que la actividad llevada a cabo en la explotación minera se hizo de manera “plenamente consciente y deliberada sin tener en cuenta la Declaración de Impacto Ambiental en vigor para desarrollar la actividad” y “llegando no sólo al extremo de que toda la explotación minera se ha dedicado íntegramente a la extracción directa de carbón a cielo abierto, sin distinguir en modo alguno la zona de explotación y la zona de Impacto Ambiental, si no que la cantera se incrementó en 19 hectáreas de monte de utilidad pública sin autorización ni licencia del Ayuntamiento de Villablino”.

Condenado dos veces por atentar contra el patrimonio arqueológico y el medio ambiente

En los últimos años el empresario leonés acumula condenas de prisión. La primera fue en 2016 por destruir la cueva neolítica de Chaves (Huesca) en el año 2007, considerado uno de los dos yacimientos más importantes de la península ibérica. La condena inicial fue de dos años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 25 millones de euros. La condena fue rebajada en firme a dos años de prisión, pero no ha entrado en la cárcel porque los tribunales le consideraron como 'limpio' pese a condenas por fraude fiscal en los años 90.

Además Victorino Alonso ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por otra explotación ilegal, 'El Feixolín' en Villablino. La Audiencia Provincial de León le consideró autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por arrasar durante 15 años un monte con la explotación minera a cielo abierto de El Feixolín, totalmente ilegal y una de las que se benefició durante años con su empresa MSP, posteriormente Coto Minero Cantábrico. La sentencia ha sido recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones.

En febrero de este año, en cambio, fue absuelto en otro juicio por el que se condenó al exalcalde de Fabero, Demetro Alfonso Canedo, a una pena de tres años y medio de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por ser resposnable de licencias irregulares a una empresa de Victorino Alonso. La Fiscalía ha recurrido la absolución.