Sánchez y López se enrocan en sus defensas negando haber participado en irregularidad alguna con Púnica en León

Le tocó este jueves el turno final de declaraciones en la Audiencia Nacional en calidad de acusados a los leoneses Pedro Vicente Sánchez, exdiputado provincial del PP y alto cargo 'a dedo', y el entonces interventor de la institución, Jesús 'Suso' López, cuando estalló el Caso Púnica en 2014.

Ambos aprovecharon la prerrogativa que a los seis imputados les permitió el Tribunal de declarar al final del proceso para enrocarse, como los demás acusados, sólo para afianzar sus argumentos respondiendo sólo a sus propios abogados defensores. Y ambos insistieron por activa y por pasiva que no tenían ninguna relación con los hechos, a pesar de que les señalaran las investigaciones policiales y judiciales posteriores, informes, peritos y 'pinchazos' telefónicos, según mantienen la Fiscalía y la acusación.

El también alcalde aún de Puebla de Lillo, Sánchez, que se enfrentaba a casi 12 años de prisión según la acusación, insistió en que “no he participado en ninguna decisión” con las empresas y los empresarios y conseguidores de 'Púnica', Alejandro de Pedro o José Antonio Alonso Conesa, ni por petición ni con complicidad de la presidenta Isabel Carrasco primero ni con su sustituto Marcos Martínez Barazón.

De hecho, insistió en su mala relación con Carrasco tras negarse a recepcionar como regidor las millonarias obras de la línea de alta tensión hacia la estación de esquí de San Isidro, enmarcada en el municipio del que era y es alcalde, hasta el punto, dijo, de que “no me dejó ser diputado provincial” y “me quitó de presidente comarcal del PP”.

Justificó como rutinaria su firma de las facturas para que se pagaran los servicios de Eico y Madiva, hasta sumar más de 100.000 euros en esos años, insistiendo en que no eran responsabilidad suya, así como tampoco un reparto de publicidad y comunicación que otorgaba graciosa y arbitrariamente Carrasco “en una comida con los directores de los medios”. Aunque a preguntas del propio tribunal, admitió que tampoco comprobaba que los presuntos trabajos de publicidad de los medios zombies de la trama que firmaba efectivamente fueran trabajos realizados.

'Suso' López, como su antecesor en la silla de los acusados, aseguró apenas conocer a De Pedro, a Alonso Conesa y a los empresarios del sector de la nieve y el esquí que ambos presentaron para intentar hacerse con la gestión de dos cafeterías de San Isidro y un posible plan de viabildad y refuerzo del uso de la estación.

López insistía una y otra vez no sólo en que él estaba apartado “de facto” de toda decisión que como interventor le afectara en San Isidro sino que además así la había firmado la presidenta años antes. Y es que sí era cierto, dijo, que era propietario de varios apartamentos en el Hotel Tineo en la zona, que llegaron a contratarse para el alojamiento de esquiadores por parte de la Diputación, pero que por este motivo había visto archivarse la denuncia penal que se siguió contra él por sus intereses personales en la zona.

También remarcó decenas de veces la 'limpieza' de las facturas y pagos a las empresas de la trama, admitiendo que su implicación fue por varias llamadas y apenas una reunión en las que insistió el propio presidente Marcos Martínez, para conocer si tenían encaje algunas propuestas de futura inversión para la que le instó a hablar con el conseguidor también ahora imputado. Pero “no he tenido conocimiento de ninguna cuestión, más allá de una reunión y dos llamadas en las que dije que había que definir las actividades (que se querían realizar) y que apenas había partidas” presupuestarias para ello. Por último, también a preguntas del tribunal, rechazó que el pago constante de facturas supusiera un fraccionamiento de contrato, como había defendido un perito técnico estatal en contra de su criterio.

La Fiscalía amplía y cambia sus peticiones finales

Para finalizar, la Fiscalía anunció la modificación de sus conclusiones, ampliando casi el doble su expediente inicial, ante las evidencias que dijeron tener de los presuntos delitos tras todas las sesiones de prueba hasta ahora. En detalle, consideran ahora continuado el delito de fraude, añadiendo más cargos por prevaricación, retirando el tráfico de influencias y revalorando el delito de malversación tras su reciente reforma.

Ante ese cambio, las defensas pidieron más tiempo para desentrañar tales cambios en el escrito de conclusiones definitivas, lo que trataron como una “modificación sustancial”. Atendiendo a su petición, el Tribunal citó para el jueves 16 de febrero la nueva sesión en la que las partes defenderán y discutirán ya finalmente tales conclusiones antes de que ese día, o pocos después, se considere por fin el juicio de la Púnica visto para sentencia.