Sánchez firmaba pagos a las empresas 'púnicas' sin contratos ni ofertas y el interventor de León lo admitía

Jesús López, Pedro Vicente Sánchez y Marcos Martínez Marazón en el juicio del Caso Púnica.

La tercera sesión de testimonios del juicio en la Audiencia Nacional por la trama Púnica desmantelada en la Diputación de León hace 8 años deparó algunas novedades entre las que resaltó la comprobación documental de que el coordinador de Presidencia entonces y todavía alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, firmaba informes de pago por los servicios de las empresas de los también imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa aún a sabiendas de que “no se había contrato menor de servicios” ni siquiera “solicitado las tres ofertas”.

Estos términos literales, a los que se añadía que “por la conocida doctrina del enriquecimiento injusto se entiende que procederá a su aprobación y abono”, constaban en una plantilla que se ejecutaba desde el Gabinete de Prensa para pagar en total más de 107.000 euros a las empresas Eico y Madiva, también enjuiciadas en la Audiencia Nacional, sumando cifras del mandato de Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón.

Posteriormente, este documento era supervisado y admitido por el intervetor de la institución, Jesús 'Suso' López, también en el banquillo de los acusados, sin que por ahora conste en el juicio demostrado reparo alguno.

Estos extremos fueron confirmados por los testimonios de las periodistas Susana Martínez y Eva I. Alonso que formaron parte de ese Gabinete de Prensa tanto para Carrasco como para Martínez, y eso a pesar de que en otro testimonio el periodista Pepe Nevado, que también facturó trabajos de asesoramiento y elaboración de discursos e incluso propuso jefes de prensa sin contrato, dejó claro que “ni Carrasco ni Marcos tenían confianza en su Gabinete de Prensa”.

Corroboró este último que el contacto inicial suyo personal, a través de De Pedro y Alonso Conesa, como de ellos mismos, fue las constantes crisis y el “grave problema de comunicación” de Carrasco, que hasta “tenía querellas cruzadas con periodistas” y a la que “le salpicaban medios nacionales” ya con varios escándalos, por ejemplo, haber cobrado presuntamente kilometraje hecho con su coche oficial. No fue fácil, admitió, ya que “Isabel era más protagonista, más explosiva, con ideas más radicales”, pero defendió que con su mediación empezó “una relación menos visceral” con la prensa, a la que puso fin su asesinato en mayo de 2014.

Las dos periodistas coincidieron en admitir que Eico realizaba informes de reputación online primero de Carrasco y luego de su sucesor, ahora imputado, aunque lo que facturaba a través de la otra compañía eran sólo banners de publicidad en sus diarios zombies, sin que ni ellas ni les contaba que nadie controlara que se realizaba realmente esta labor o que tenía suficiente repercusión para justificar el gasto.

De hecho, todos esos digitales apenas tenían contenido informativo nuevo y se limitaban a republicar sin tocar las notas de prensa del propio Gabinete para que, con apoyo de sus perfiles en redes sociales masivos, se superpusieran estas noticias favorables sobre las críticas en Internet, defendió la Fiscalía.

El guardia que detuvo al presidente

También de mañana testificó el guardia civil que firmó todo el informe policial de la UCO, tomó las declaraciones en la Comandancia de León y hasta detuvo personalmente a Marcos Martínez en León en su despacho de la Diputación.

Insistió, como los días previos sus compañeros de Unidad, en que “había indicios de que las empresas” de De Pedro realizaban para los dos presidentes “haciendo trabajos de mejora de la imagen personal, no para la institución”, en lo que la Fiscalía insiste mucho y la defensa de Martínez insiste en negar. Relató además que hay conversaciones 'pinchadas' en las que los empresarios necesitaban y solicitaban más dinero del finalmente obtenido, 6.000 euros al principio pero previendo pagos de “20.000 euros más en la segunda para llegar a 38.000 que necesitaban”. Y por último, aseveró que existen “muchos indicios de amaño” de los pliegos de contratos en la estación de esquí de San Isidro, propiedad de la Diputación.

La estructura empresarial

En la sesión de tarde, le tocó el turno a Henar Bardón, secretaria de Presidencia con ambos mandatarios, que de forma muy escueta se limitó a insistir en no recordar con detalle nada de lo que se le preguntaba, y a Javier Bueno, trabajador de Eico contratado como “comercial en formación” seis meses por Alejandro de Pedro hasta que estalló el caso y se le detuvo de manera fulminante.

Él confirmó poco más que Eico se dedicaba a mejorar reputaciones online a políticos, entre otros, mientras Madiva gestionaba los digitales zombies, generaba contenido para nutrirlos muy básicamente y después viralizar esas noticias en redes sociales, en defensa de la imagen pública de sus clientes. Una estructura empresarial y funcional clave en todo este caso por parte de las compañías 'púnicas' en las que De Pedro y Alonso Conesa eran socios.

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