El Ayuntamiento de León ocultó registros policiales de Enredadera mucho más amplios y profundos
El 3 de julio de este año estalló la Operación Enredadera, una macrooperación contra la corrupción en toda España que salpicó también al Ayuntamiento de León. La imagen de la Policía Nacional en la sede central del Consistorio, en Ordoño II, junto a las del resto de la provincia (Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, Astorga y Villarejo de Órbigo) causaron verdadera conmoción al irse conociendo que desde el Juzgado número 1 de Badalona se buscaban pruebas de una de las mayores “tramas criminales” -literal- de corrupción empresarial y política en toda España jamás localizada.
Ante el revuelo, el alcalde de León, Antonio Silván (PP), se apresuró a revestir de normalidad el registro protagonizado por agentes de la UDEF enviados desde fuera de León, apoyados en agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. El regidor negó que fuera a producirse alguna detención sino que la actuación se limitaría a examinar la documentación requerida, comprometiendo “máxima transparencia en las siete plantas del Ayuntamiento”.
Se admitió entonces que se habían precintado varios despachos, como los del concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito 'Yiyo' -que acabó dimitiendo un mes después ante la amenaza de una moción de censura- o el del arquitecto municipal Miguel Martínez Puente. Y no hubo mucha más información municipal oficial.
Pero lo cierto es que esa jornada frenética concluyó a avanzadas horas de la madrugada, según ha podido saber ahora en exclusiva ILEÓN, y no se limitó en absoluto a los despachos de Ordoño II sino que fue mucho más amplia y prolija.
Información de todos los concejales desde 2010
Hasta tal punto que los policías especializados, siguiendo órdenes del juez, llegaron a llevarse una relación detallada, debidamente certificada por la Secretaría, de todos los concejales del Ayuntamiento de León desde el año 2010 hasta hoy, es decir, de los tres últimos mandatos municipales, los presididos por los alcaldes Francisco Fernández, Emilio Gutiérrez y ahora Antonio Silván.
Y no sólo eso: también la UDEF recabó de la secretaria municipal informes oficiales con todo el organigrama del Cuerpo Municipal de Policía, hasta el último de los agentes; de toda la composición de la Concejalía de Servicios Sociales; y de la totalidad de los componentes de las áreas de Obras e Infraestructuras, hasta el último trabajador eventual, lo mismo que del departamento de Contratación.
Además, la Policía Nacional se llevó e incorporó a la causa judicial informes oficiales con un listado de todos los cargos públicos vinculados al Ayuntamiento ocupados por José María López Benito 'Yiyo' desde 2010 hasta la fecha, incluyendo entre los muchos la presidencia de Saleal con numerosos contratos bajo sospecha de amaño; y todos los cargos también ocupados por los funcionarios Miguel Martínez, responsable entre otros del polémico proyecto de remodelación de la avenida Ordoño II, y Javier Herrero.
Salta una sorpresa imprevista
En el transcurso de aquel registro del 3 de julio durante la mañana, los agentes comprobaron sobre la marcha que había muchas más concejalías y servicios presuntamente implicados con algunas de las empresas vinculadas a la trama, propiedad por ejemplo de los empresarios y presuntos cabecillas y conseguidores José Luis Ulibarri o Ángel Luis García 'El Patatero'.
Según obra en la nueva documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, “en el transcurso de la ejecución se tuvo conocimiento de la participación de los técnicos del Ayuntamiento en los servicios de Jardines, de Policía Local, de Bienestar Social y de Urbanismo”. Es decir, las áreas que presiden respectivamente los concejales Ana Franco, el teniente de alcalde Fernando Salguero y Aurora Baza.
Nueva y triple orden sobre la marcha
Ante este descubrimiento, se tuvo que pedir una orden nueva y expresa al Juzgado de Badalona para que emitieran “nuevos mandamientos de entrada y registro”. En nuevo auto, el magistrado encargado de la operación autorizó esos registros, tres en concreto, desconocidos hasta ahora y nunca admitidos por el equipo de Gobierno de Silván: uno en el servicio de Jardines y Policía Local situado en dependencias del antiguo CHF; otro en el Centro Social Padre Isla, el chalé de esta avenida que alberga despachos de Familia y Servicios Sociales; y en el servicio de Urbanismo en los despachos del Palacio de Don Gutierre, en el Barrio Húmedo.
El ordenador más 'enredado', el del arquitecto
Mientras llegaba la autorización de registro, los responsables judiciales y los agentes entraban ya por la tarde, exactamente a partir de las 15.45 horas, en los mencionados despachos precintados de López Benito, el funcionario Martínez y también Javier Herrero González, responsable del área de Vías y Obras. En el del arquitecto ocurrieron dos curiosidades reseñables: que el área de Informática tuvo que cambiar la clave de su ordenador para poder acceder a su contenido (la clave llevaba el nombre de la operación: Enredadera); y que a los quince minutos exactos de acceder a él, el computador dejó de funcionar, por lo que hubo que repararlo y continuar la búsqueda de información y el volcado de la misma una hora más tarde.
El ordenador del Martínez Puente y su correo corporativo no fue el único revisado y volcado en un disco duro que se llevó la Policía: también hicieron lo mismo con el ordenador y correo de 'Yiyo' y de Herrero.
Ocho cajas sólo de Ordoño II
Para cuando a las nueve en punto de la noche todo este proceso había terminado, los agentes se llevaron en total ocho cajas con documentación en papel, esencialmente expedientes y contratos, así como 'pinchos' y discos duros con el contenido íntegro de sus correos electrónicos y de los ordenadores.
Pero quedaba aún mucho más trabajo nocturno. Pocos minutos después de las nueve de la noche los agentes, acompañados por la vicesecretaria municipal, entran en el edificio CHF en la sede de la Policía Local, en presencia del intendente, Martín Muñoz, y funcionarios de la Unidad Central de Ciberdelincuencia extraen y guardan todos sus correos electrónicos. Lo mismo ocurrió con los de la funcionaria L.R.R.S..
Cabe recordar que muchos responsables de Policía local en España han estado, y continúan, bajo sospecha por ser uno de los objetivos de la red corrupta Enredadera los contratos ventajosos para implantar un sistema de “pacificación” del tráfico en varias ciudades, denominado Gespol, que impulsaba una empresa de la trama vinculada, entre otros, al 'Patatero'. Uno de los casos más cercanos, en Oviedo. Se trataba, por otro lado, de un sistema, que Martín Muñoz se negó a asumir durante meses arguyendo que el actual, Europol, gratuito y entregado por la Junta, era más que suficiente y eficiente. Su postura resulto un “escollo” para la trama, que esperaba que se jubilara pronto, como consta en varios 'pinchazos' telefónicos, para conseguir cerrar su negocio.
Juegos infantiles y un parque
“Se continuó la diligencia en el edificio CHF, que corresponde al servicio de Jardines, estando presente” A.R.A., reza el documento policial, explicando que se descarga la totalidad del contenido de su correo, así como “la información relativa a juegos infantiles 2016 y Parque Virgen del Camino”. El funcionario advierte entonces que él no disponía de todos los documentos, por lo que los agentes contactan por teléfono con su compañero J.L.A.M., quien tuvo que acudir al despacho. Eran las 23.28 horas y tres minutos antes de la medianoche todo acaba en este punto.
La comitiva policial se traslada entonces al Palacio de Don Gutierre, sede del Servicio de Urbanismo, acompañados nuevamente de la viceinterventora y la funcionaria municipal B.G.O. cuyo correo también se 'archiva'. Ha dado prácticamente la una de la madrugada cuando terminan en este despacho.
Aún queda un viaje, a la avenida Padre Isla, al chalé en el que tiene su sede el Servicio de Bienestar Social. Allí han sido citadas y esperan M.P.M.G. y S.L.G., cuyos correos íntegros de sendas cuentas oficiales son igualmente escrutados y copiados. A la 1.56 de la madrugada termina su labor la policía, consta en el informe.
Arrancaba así la 'pesadilla', después de casi diecisiete horas un registro que buscaba información muy específica, que ya ha traído la primera consecuencia de una imputación, al concejal López Benito, ya dimitido, y que nadie sabe en qué acabará en la búsqueda de responsabilidades penales.
De momento, el Ayuntamiento leonés se enfrenta a una doble ofensiva judicial: una pieza separada en León y la principal en Badalona, esta última centrada en contratos relativos al tráfico. ILEÓN ha podido confirmar que ya se han abierto las cajas del material decomisado esta misma semana, tras un acuerdo entre todas las sedes judiciales de que la UDEF las analice de manera centralizada, y canalice las pruebas que pueda encontrar a los respectivos juzgados.
