Los profesores universitarios con contrato laboral aumentan un 14% en cinco años, mientras que los funcionarios bajan un 12%

Los profesores con contrato laboral en las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Salamanca, Valladolid, Burgos y León) aumentaron un 14 por ciento entre los años 2013 y 2018 mientras que los docentes funcionarios bajaron un 11,9 por ciento. De esta manera, el Personal Docente e Investigador (PDI) sin un contrato fijo supone el 53,4 por ciento de las plantillas de las instituciones académicas, hasta sumar 3.330 efectivos en julio de 2018 frente a los 2.920 existentes cinco años.

La crisis económica motivó que las figuras del profesor asociado y del sustituto interino fueran los únicos contratos posibles debido a la prohibición de incrementar las plantillas. Todas las universidades, salvo la Universidad de León (ULE), aprovecharon esa circunstancia para incrementar su plantilla de PDI laboral entre los años 2013 y 2018. El mayor aumento de las contrataciones de este tipo de docentes e investigadores se produjo en la Universidad de Burgos (UBU), con una subida del 34,9 por ciento (de 438 a 591 profesores e investigadores), seguida de la UVa de Valladolid, con un incremento del 24,9 por ciento (al pasar de 810 a 1.012). La Usal de Salamanca también experimentó un aumento pero más moderado, con un 6,7 por ciento (de 1.309 a 1.397). Por contra, el personal laboral de PDI en la ULE cayó un 9 por ciento en ese periodo, según los datos extraídos por la Agencia Ical del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda.

De forma paralela, el personal funcionario (ya sea de carrera o interino) docente e investigador en las cuatro universidades públicas pasó de 3.299 a 2.904 efectivos entre 2013 y 2018, con un descenso del 11,9 por ciento. Es decir, las jubilaciones de estos docentes no eran cubiertas ante la falta de convocatoria de estas plazas. El conjunto del PDI en las universidades de la Comunidad apenas ha variado en ese tiempo, ya que en 2013 había 6.219 frente a los 6.234 en 2018. Es decir, quince más. La Usal y la UVa son las que cuentan con más profesores e investigadores, con 2.408 y 2.095, respectivamente, seguidas de la UBU (899) y la ULE (832).

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ya alertó el año pasado de la “precariedad” de buena parte del personal docente e investigador de las cuatro universidades públicas. En concreto, el 'Informe sobre la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León' destacaba que la convivencia en las universidades de las diferentes categorías de personal “no está suficientemente coordinada ni se ha reconducido a un único itinerario”, según la institución propia, lo que “produce una confusa configuración de la carrera administrativa del personal docente e investigador (PDI)”. De ahí que subrayara los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuían a la precariedad del personal, que “ha de recorrer una amplia trayectoria de sucesivas y diversas figuras contractuales temporales antes de poder acceder a una contratación estable”, deslizó.

Incumplimiento de la LOU

Además, recogía que el 44 por ciento del PDI en las universidades era funcionario; el ocho por ciento, contratado laboral fijo, y el 47 por ciento, laboral temporal, con datos al cierre de 2015. El porcentaje de temporales se disparaba en la UBU hasta el 52 por ciento; el 51 por ciento en la Usal y el 46 por ciento en la UVa, por lo que las tres incumplían el límite del 40 por ciento que establece la Ley Orgánica de Universidades (LOU). En cambio, la Universidad de León se situaba por debajo de ese indicador.

El Consejo de Cuentas también señalaba que, con la tasa de reposición limitada por las restricciones presupuestarias, entre 2011 y 2015 en el conjunto de las cuatro universidades la plantilla se redujo un dos por ciento. En concreto, denunciaba que para soslayar la prohibición de estabilización de ayudantes doctores que finalizan sus cinco años de contrato, las cuatro universidades “han utilizado, de forma inadecuada” la figura del contratado interino.

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SteCyL se concentraron a finales de marzo frente a la sede del Rectorado de Valladolid para que el profesorado universitario mostrara su “hartazgo” ante la situación discriminatoria que vive respecto a sus homólogos en otras universidades públicas de otras comunidades.

Las organizaciones denunciaron que los profesores con contrato laboral no perciben las cuantías de complementos como los de mérito docente o de investigación (quinquenios y sexenios) que son parte de la nómina de todas las universidades públicas de España, menos en Castilla y León pese a que están reconocidos no son remunerados. En concreto, únicamente cobran el 75 por ciento del primer quinquenio y del primer sexenio aunque tengan reconocidos y acreditados más años de experiencia, según recoge el Convenio Colectivo del PDI laboral. Por el contrario, el PDI funcionario cobra la totalidad del complemento y de los tramos alcanzados.

Convenio colectivo bloqueado

Ante esta situación, los rectores de las universidades públicas reclaman a la Junta de Castilla y León una mayor financiación para abonar los complementos del personal docente laboral porque no disponen de la capacidad económica para asumir, en el marco de su financiación y dentro del techo de gasto, las cantidades necesarias. En ese sentido, demandan el desbloqueo de la negociación del tercer convenio colectivo del PDI.

Un comunicado conjunto de los equipos rectorales señaló que las universidades elaboraron un plan de financiación para abonar íntegramente, con un incremento progresivo año a año, los complementos del profesorado laboral hasta 2021. “Pretendemos que este compromiso pueda incluirse en el tercer convenio colectivo que se encuentra en fase de negociación con los representantes del profesorado, aunque está bloqueada por falta de financiación”, aseveró.

En cualquier caso, las universidades se comprometieron a realizar “todos los esfuerzos necesarios” para satisfacer la reivindicación más urgente y abonar el primer tramo completo –en lugar del 75 por ciento actual-, siempre y cuando así se acuerde en la comisión paritaria de las cuatro universidades públicas.