La Ministra de Hacienda entrega este miércoles en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entregará mañana miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria.
Se espera que Montero llegue a la Cámara Baja a las 12.15 horas acompañada por las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda; la de Hacienda, Inés Bardón; y la de Función Pública, Lidia Sánchez; junto a la subsecretaria también del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.
Tras comparecer ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, la ministra entrará al Palacio para reunirse con la presidenta de la Cámara. En el Salón de Pasos Perdidos, Montero entregará el Proyecto de PGE a Batet, que se encontrará acompañada con algunos miembros de la Mesa de la Cámara y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido. La titular de Hacienda ofrecerá, a continuación, una rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, para ajustarse a los plazos establecidos.
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Se trata del sexto año consecutivo en el que la tramitación del proyecto de Presupuestos no comienza dentro del plazo marcado por la Constitución Española, que en su artículo 134 establece que el proyecto de cuentas públicas debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de finalizar septiembre. De esta forma, las cuentas de 2016 son las últimas cuya tramitación transcurrió dentro del plazo marcado de forma oficial.
El objetivo del Gobierno era presentar los Presupuestos “en tiempo y forma”, pero las negociaciones entre las formaciones que integran el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han hecho que finalmente el acuerdo haya llegado ya en octubre, incumpliendo el plazo marcado por la Carta Magna.
En cualquier caso, esta demora de dos semanas no hace peligrar el objetivo de que las cuentas queden aprobadas antes de terminar el año, para así entrar en vigor el 1 de enero, teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2021 entraron en el Congreso el 28 de octubre de 2020 y fueron tramitados a tiempo para su aprobación definitiva el 22 de diciembre -sin introducir enmiendas en el Senado- y su entrada en vigor con el nuevo año.
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves en una reunión extraordinaria tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos tanto en lo relativo a las cuentas públicas como sobre la futura Ley de Vivienda, principal escollo en la negociación entre los socios de Gobierno.
El Ejecutivo ha diseñado los PGE de 2022 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como 'techo de gasto', de 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023 por ciento más respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más. Se basa en un escenario macroeconómico -avalado por la Airef- que mantiene las previsiones de crecimiento realizadas en abril de un 6,5 por ciento del PIB en 2021 y del siete por ciento en 2022.
Para poder hacer uso del 'techo de gasto', superior en más de un 53 por ciento al de 2019, el Ejecutivo contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea para permitir a los Estados encarar los gastos asociados a la pandemia de Covid-19. Así, las cuentas se realizan bajo la previsión de que el déficit se sitúe este año en el 8,4 por ciento para bajar al cinco por ciento el próximo año.
En estos Presupuestos, Montero ya resaltó que contemplan la “mayor apuesta que nunca hemos realizado por nuestros jóvenes”, con 12.550 millones de euros destinados “para mejorar oportunidades del presente y el futuro de las nuevas generaciones”, un 84,8 por ciento más que en el PGE del 2021.
Entre otras medidas las cuentas incluyen una subida salarial del dos por ciento para los empleados públicos, del 2,5 por ciento para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), factor del que dependen el acceso y la cuantía de muchas ayudas sociales para los colectivos más vulnerables, y la introducción de un tipo efectivo mínimo del 15 por ciento en el Impuesto de Sociedades.
