La Junta somete al control de la Intervención a ADE, ITA, EREN y ACSUCYL

Ical

El Consejo de Gobierno acordó este jueves aplicar el control previo de la Intervención a cuatro entes públicos de derecho privado, integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad. Con esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, quedarán sometidos a los mismos exámenes que rigen para la Administración General.

En concreto, la Intervención General de la Comunidad ejercerá un control previo sobre todos los actos con contenido económico que realicen la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITA), el Ente Público Regional de la Energía (EREN) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). Estos cuatro organismos tienen encomendadas actividades de carácter económico, comercial, industrial, agrario y financiero que, si bien están sujetas al derecho administrativo, excepcionalmente se someten al privado.

Los entes públicos de derecho privado que forman parte de la Administración Institucional de Castilla y León se rigen en materia económica y presupuestaria por la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad. Esta misma normativa regula también los actos de contenido económico en la Administración General y sus organismos autónomos.

La Intervención General, como centro directivo de control y de dirección y gestión de la contabilidad pública de la Comunidad, además de responsable del seguimiento de las cuentas autonómicas, ejecuta principalmente dos modalidades de control reguladas en esa ley. Se trata de la función interventora, que ejerce sobre la Administración General y sus organismos autónomos, y la de auditoría pública, que aplica a los entes públicos de derecho privado.

La función interventora implica un control previo sobre cada decisión de gasto, que consiste en garantizar que se ajusta a la normativa antes de que se adopte; verificar que existe presupuesto adecuado y suficiente para llevarla a cabo, y comprobar que se cumplen todos los llamados requisitos esenciales, por ejemplo que cuenta con la firma del órgano competente. Se trata, por tanto, de un análisis que “asegura de forma más eficaz” la legalidad de todas las actuaciones administrativas, dado que se lleva a cabo antes de que se produzca la aprobación. Las consejerías de la Junta y sus organismos autónomos, en general, están sometidos a la función interventora.

La auditoría pública, por su parte, constituye otra tipología de control interno a la que están sujetos en la actualidad los entes públicos de derecho privado. Con esta herramienta, la Intervención General comprueba que estos organismos acatan los principios de buena gestión financiera y constata la fiabilidad de su información contable, pudiendo dictar medidas correctoras o sancionadoras en el caso de apreciar alguna anomalía.

El acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Intervención General, determina que los cuatro entes públicos de derecho privado mencionados pasarán a someterse a la función interventora a partir de 2016, frente a la modalidad de auditoría pública con que se ha venido examinando su contabilidad hasta el momento. Esta posibilidad está regulada en el artículo 255 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y será de aplicación para todos los expedientes cuyo inicio tenga lugar desde el 1 de enero del próximo ejercicio.

Cabe rcordar que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció el pasado 2 de julio en su discurso de investidura en las Cortes un mayor control de la actividad de los responsables públicos, con el fin de favorecer una sociedad cada vez más inclusiva y participativa y profundizar en la transparencia administrativa y la regeneración democrática. Para ello, entre otras medidas, se comprometió a impulsar las modificaciones normativas necesarias para someter a los entes públicos de derecho privado a los mismos controles que afectan a la Administración General de la Comunidad.

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