La Junta muestra su oposición a que el Gobierno prohíba la caza de la codorniz

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la vicepresidenta tercera y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Miterd), Teresa Ribera, solicitando la retirada de la propuesta de inclusión de la codorniz común en la categoría de riesgo extremo del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Esta propuesta figura en el Orden del Día de la reunión del Comité de Flora y Fauna, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, convocada para mañana, viernes 22 de abril. El consejero reclama que una decisión de esta envergadura “debe ser informada, consultada y tratada con las comunidades autónomas gestoras de la biodiversidad” y advierte de la repercusión económica y social de la caza de la codorniz en Castilla y León, con la mayor población y número de capturas de esta especie. Asimismo, el consejero requiere a la ministra a que con esta propuesta sobre la codorniz “no se repitan las formas empleadas con las comunidades autónomas respecto a la inclusión del lobo en el Lespre”.

La Junta de Castilla y León pone de manifiesto que “las comunidades autónomas se han enterado de esta iniciativa a través de un correo electrónico remitido en nombre de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miterd, en el que se convoca al Comité de Flora y Fauna Silvestres para la celebración de una reunión telemática el próximo 22 de abril, en el que, entre otros asuntos del orden del día, se propone la inclusión de la codorniz común (Coturnix coturnix) en la categoría de riesgo extremo del Catálogo Español de Especies Amenazadas”, es decir, “en peligro de extinción”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, ha solicitado a la ministra Teresa Ribera la retirada de este punto de la agenda, “recordándole que hay mejor información disponible sobre la especie que la que fundamenta la mencionada convocatoria ministerial y, sobre todo, que la decisión debe surgir del consenso y no de la imposición, como sucedió en el caso del lobo”.

Propuesta sin contar con las comunidades autónomas

Para el consejero, las comunidades autónomas no han sido informadas ni consultadas de esta iniciativa administrativa hasta este momento: “Resultan sorprendentes las prisas y formas de esta actuación, puesto que el Miterd, de forma hermética y opaca, y tras solicitar informe al Comité Científico (órgano consultivo para asistir al Comité de Flora y Fauna Silvestres, a las comunidades autónomas y al Ministerio, cuando así lo soliciten), ha elaborado una memoria técnica justificativa al respecto sin haber realizado ninguna consulta previa ni solicitado información técnica, estudios o criterios a las comunidades autónomas ni al resto de investigadores que trabajan sobre la especie”.

“Y aún más sorprendente es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el departamento ministerial del Gobierno de España que coordina las políticas en materia de caza a nivel estatal, se haya tenido que enterar de esta cuestión a través de la información proporcionada por las comunidades autónomas, quienes ya han mostrado su malestar por la premura de tratamiento de la catalogación de la especie sin haber sido consultadas con carácter previo a la citación del órgano colegiado competente que, al fin y al cabo, eleva la propuesta para la catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, demostrándose, una vez más, un quebrantamiento de los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas”, critica.

“Nuevo ataque a la España rural”

Según Suárez-Quiñones, nuevamente la forma de actuar del Miterd “es idéntica a la acontecida recientemente con el caso de la inclusión del lobo Ibérico (Canis lupus) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), cuando con un planteamiento ya decidido de antemano consigue, ignorando totalmente a las comunidades autónomas, que son legalmente las que gestionan la fauna, limitar la gestión sostenible de los recursos naturales renovables, así como su aprovechamiento cinegético”.

Para la Junta de Castilla y León, se trata, desde luego, “de un nuevo ataque a la España rural y a las formas de vida que en ella se practican. Un ataque más en sentido contrario a la lucha contra la despoblación por parte de una Vicepresidencia del Gobierno que tiene entre sus competencias el reto demográfico. La media veda, período que comprende desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de cada año, y que es cuando se caza la codorniz, es uno de los momentos más deseados tanto por cazadores que visitan Castilla y León, como por el sector hostelero y habitantes de la Comunidad, y consigue prolongar el período de ocupación de los pueblos e infraestructuras hoteleras, generando actividad económica y empleo; riqueza, en definitiva, en el territorio”.

Para el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “esta falta de transparencia y lealtad administrativa es un hecho plenamente reprochable al Gobierno de España y supone un ataque directo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, más concretamente, a su medio rural, ya que Castilla y León es, con diferencia, la comunidad española donde mayor importancia tiene la caza de la codorniz, tanto en términos sociales como económicos, siendo entendida, en todo caso, como un aprovechamiento racional y compatible con la conservación de la especie”. “De hecho, la Comunidad de Castilla y León ha sido históricamente proactiva en la adopción de medidas conducentes a la caza adaptativa, y que ha venido aplicando mediante la adopción de cupos de captura por cazador y día para determinadas especies migratorias. Concretamente, y en el caso de la codorniz, cabe decir que esta anticipación tiene un marco legal a través de actos administrativos que limitan las capturas, como es el caso de la Orden FYM/811/2021, de 29 de junio, por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas, que en el caso concreto de la codorniz fija un número máximo de piezas a cobrar por cazador y día en 25”, afirma.

“Justificaciones técnicas sesgadas y parciales sobre la codorniz”

“Por último, en un análisis somero de la justificación técnica presentada, el Miterd se basa exclusivamente en referencias a estudios sesgados y parciales sobre la codorniz, según Suárez-Quiñones, que no representan toda la información técnica disponible sobre la especie, y en datos aportados por SEO/BirdLife, a través del programa Sacre, que no es el más adecuado para evaluar el estado de conservación de esta especie por su propio comportamiento, caracterizado por su gran movilidad tanto en sus flujos migratorios anuales como en sus movimientos nomádicos interanuales, que implica considerables variaciones temporales y espaciales de sus poblacionales en un mismo territorio en función de la idoneidad del hábitat o meteorología, entre otros parámetros”, asegura la Junta.

“Por otra parte, el análisis del Dictamen del Comité Científico, que es suscrito por un miembro de SEO/Birdlife (que es la propia entidad promotora de la solicitud objeto de informe), elude la información científica más reciente que sobre la especie abunda y, por tanto, evita –no parece que bienintencionadamente– una confrontación de datos, metodologías, análisis y conclusiones, sin haber participado en su elaboración los equipos de científicos, técnicos e investigadores que llevan trabajando sobre la especie durante décadas con fundamentación coherente, de contraste y de valor diferencia para la toma de decisiones sobre la especie”, continúa la administración autonómica.

Para la Junta, “esta falta de puesta a disposición de la mejor información disponible sobre la especie en el momento actual es igualmente evidenciada en la memoria elaborada por el MITERD, quien ni analiza ni valora la producción bibliográfica omitida por el Comité Científico, y entra en contradicciones evidentes en cuanto a las escalas temporales sobre el estado de la conservación de la misma”. “Por una parte, se refiere a que la tendencia de la especie en la región eurosiberiana parece que está estable, con una ligera tendencia positiva (López-Jiménez, 2021); por otro lado, da por válidos y actuales estudios de hace casi veinte años (Madroño et al., 2004), en los que se concluía un conocimiento insuficiente de la especie, su enorme movilidad y oportunismo ecológico y fluctuaciones poblacionales anuales que pueden llegar a ser muy marcadas, sin que se aprecien patrones claros de la causa y, lo que es más palmario, adolece de análisis crítico de las debilidades de los estudios llevados a cabo por SEO/Birdlife a través de su programa SACRE, obviando las nuevas iniciativas que en materia de ciencia ciudadana ha desarrollado el proyecto Coturnix, auspiciado por entidades tales como la Real Federación Española de Caza, la Fundación Artemisan y la Universidad de Lleida”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León requiere a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que no se repitan las formas empleadas con las comunidades autónomas en la inclusión del lobo en el LESPRE, que llevó a un importante enfrentamiento y división en el que la mayoría de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España rechazaron dicha iniciativa, a pesar de lo cual el Miterd la llevó a cabo, y ahora está recurrida por la Junta de Castilla y León y otras comunidades autónomas ante la Audiencia Nacional.