La Junta dice que protege igual a alumnos acosados en un colegio concertado que en uno público
El grave caso de acoso escolar sufrido durante años por un alumno de un colegio concertado religioso de la capital leonesa, utilizado ayer por el Procurador del Común -defensor del Pueblo de Castilla y León- para censurar la nula intervención de la Junta de Castilla y León para proteger al menor, criticando además que esa dejación es sistemática en todos los casos similares cuando se producen en centros que no son públicos, ha provocado hoy la reacción tanto de la Junta como del propio centro educativo.
En primer término, el consejero de Educación de la Junta, el leonés Fernando Rey, se mostró tajante y aseguró que desde la Junta siempre acatan las recomendaciones del Procurador de lo Común. Sin embargo, negó la principal queja del defensor, que no era otra que Educación no interviene cuando situaciones así de graves ocurren en colegios privados que reciben dinero público. Rey insistió en que este fue un caso individual, pero argumentó que “no se puede generalizar” y afirmar que los colegios concertados están menos protegidos por la Junta que los colegios públicos.
Una realidad contradictoria
Cabe recordar, sin embargo, la respuesta oficial de la Junta ante otro caso de una niña denunciado recientemente por iLeon.com, en el que la Consejería contestó que “poco se puede hacer” porque es competencia del colegio poner en marcha medidas contra el acoso escolar. Es más, el director provincial de Educación, Jesús Víctor Díez, también se amparó en que “quien tiene la responsabilidad y competencia” es el propio centro, y no la administración.
Ante este nuevo caso, con detalles como que los compañeros acosadores llegaron a atar a la víctima a una portería para lanzarle balonazos, entre otros muchas humillaciones y daños consentidos a lo largo de cinco años, Fernando Rey informó hoy que desde la Junta estudiarán el caso con detenimiento y “verán que mecanismos han fallado”.
Por su parte, el director del colegio religioso donde ocurrieron los hechos, ha emitido una nota de prensa informando del envío hoy de una carta a las familias del centro para informar de la política de protección a la infancia y fomento de la convivencia que se desarrolla a través del programa 'Contigo'.
El director lo “lamenta” y no puede entrar “en detalles”
El director asegura “lamentar cualquier situación que haya podido afectar a cualquiera de sus alumnos y sobre las que, al tratarse de menores, no pueden entrar en detalles”. Aunque aseguró que “la dirección del centro y todo el equipo educativo trabaja para prevenir, atajar o solucionar estos casos si llegan a producirse”, cosa que por otro lado ni confirma ni desmiente.
Cada curso, continúa la carta, “el colegio trabaja en el desarrollo de los programas de convivencia y protección a la infancia y apuesta por la formación de los docentes en esta materia en colaboración con otras instituciones especializadas en estos temas”. Y afirma además que “también se intenta mejorar las condiciones del propio colegio con el fin de garantizar una mejor atención y vigilancia de los alumnos tanto dentro como fuera de las aulas”.
Insiste por último en que el centro “mantiene un contacto permanente con la Inspección de Educación y, conjuntamente, se toman las medidas que se consideran oportunas y que están recogidas en la normativa de la Junta de Castilla y León”.
Eso sí, el informe de Procurador del Común desmiente con datos y hechos probados todas estas afirmaciones de la dirección del colegio, al menos en este caso, ya que evidencia que los únicos expedientes a los presuntos agresores, menores de edad, fueron archivados sin sanción alguna, y no consta intervención ni de la Inspección ni de la Consejería. Y detalla incluso situaciones como permitir que los familiares de los supuestos agresores llegaran a increpar a la víctima incluso en la fila de entrar en clase.
