La Junta avala el pozo de 168 metros para garantizar agua corriente en la prisión provincial de León en Mansilla de las Mulas
El proceso para garantizar el suministro de agua en la prisión provincial de León, ubicada en Mansilla de las Mulas, ha dado un paso adelante con la publicación favorable del informe de impacto ambiental, que concluye autorizando la construcción de un nuevo pozo que sirva de sondeo en el interior del recinto penitenciario.
La Delegación Territorial de la Junta en León considera que la actuación, promovida por el propio centro, no generará efectos perjudiciales destacados sobre el medio ambiente, lo que permite continuar su tramitación sin necesidad de una evaluación ambiental ordinaria.
El proyecto se argumenta con una situación urgente y acuciante: el sondeo que desde hace 25 años abastecía a la prisión desde que abrió sus puertas ha quedado fuera de servicio por daños irreversibles. La prisión depende en su totalidad de aguas subterráneas y cuenta en todo momento con dos captaciones que funcionan de forma alterna. esa es la manera de asegurar un suministro de respaldo en todo momento. Sin embargo, el sondeo principal ya registra problemas de entrada de arenas, lo que ha acelerado la necesidad de ejecutar una nueva perforación, explica la documentación.
El plan prevé un pozo de 168 metros de profundidad, con un caudal medio equivalente de 5,8 litros por segundo y un máximo anual de 182.500 metros cúbicos en caso de funcionamiento continuado por avería del sondeo operativo. Antes de iniciar la obra se procederá al sellado definitivo del antiguo sondeo 2, que queda totalmente inutilizado.
Detalles y cuatro meses y medio de obras
Los trabajos incluyen la perforación del nuevo pozo, la instalación de una entubación de acero, ranurada en las zonas de acuífero, la colocación de gravilla como filtro natural y la instalación de una bomba eléctrica sumergible. También se habilitarán balsas impermeabilizadas para contener los lodos generados durante la perforación, que serán posteriormente retirados y entregados a un gestor autorizado. La duración estimada de la obra es de cuatro meses y medio.
El análisis ambiental señala que el impacto será reducido y además reversible, al realizarse íntegramente dentro de un recinto ya antropizado y sin vegetación como es la cárcel. Los informes de los organismos consultados -entre ellos Sanidad y Protección Ciudadana- descartan riesgos relevantes, aunque señalan un riesgo de inundaciones medio en la zona y recomiendan medidas de prevención y control en este sentido.
El informe establece además un amplio catálogo de condiciones, desde la correcta gestión de residuos y la protección del dominio público hidráulico hasta la vigilancia ambiental durante las obras y el funcionamiento del nuevo pozo. Además, recuerda que la captación deberá contar con autorización de aguas y cumplir los requisitos sanitarios. Todo ello, aunque aquí no se menciona, con las lógicas medidas de alta seguridad para garantizar en todo momento la seguridad en el interior de la prisión.
La resolución, que fue firmada el 5 de noviembre y ya ha visto la luz en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), fija un plazo máximo de cuatro años para que el proyecto sea autorizado y ejecutado, ya que trasncurrido este plazo perderá su validez.
