La ITV denuncia ante el TSJ la rebaja del 20% que plantea la Junta
Las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la asociación que las agrupa, Aecyl-ITV, han presentado demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la rebaja del 20 por ciento de las tarifas del servicio que ha aplicado la Junta. Argumentan que esta medida, que se aplicará el próximo año, pone en “riesgo” la prestación de un servicio público con consecuencias en la seguridad vial, según recoge un comunicado.
En ese sentido, piden al alto tribunal la suspensión cautelar de la orden que el Ejecutivo autonómico publicó este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Las empresas explicaron que la rebaja supone la modificación unilateral de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio público de ITV. “Esta decisión política muestra un incumplimiento contractual y un ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas, vulnerando de esta manera los derechos y garantías de las entidades que integran AECYL-ITV”, añadió la organización.
Asimismo, señalaron que la modificación unilateral de los contratos es “ilegal” por ser contraria al ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo, y se aplica sin compensar a los contratistas por los daños que esta modificación les supone. También, aseguró que la orden elimina el derecho de actualización de tarifas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), puesto que aseguraron que existe un “derecho reconocido” para adaptar de forma “automática” la tarifa a los precios.
“Cualquier modificación o expropiación de dicho derecho que quiera acometerse por parte de la Administración debe necesariamente acompañarse de la debida compensación, en cumplimiento de la legalidad exigible”, agregaron.
El impacto económico para las concesionarias derivado de la no subida de los precios en tres años y de la reducción de las mismas en un 30 por ciento dibuja no lo puede soportar “ningún modelo económico”. “Se estaría poniendo en riesgo la viabilidad económica de las entidades concesionarias, que a su vez emplean a 546 trabajadores en Castilla y León, con el grave perjuicio que ello conllevaría sobre la prestación del servicio y sobre los intereses de los ciudadanos, así como sobre el empleo directo e indirecto que generan los centros de ITV”, indicaron.
