La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que anule la sentencia del caso Púnica León emitida por la Audiencia Nacional en la que se condenaba a 4 políticos, funcionarios y empresarios de la Diputación a inhabilitación por prevaricación administrativa en el caso nacido en 2014 al amparo de la operación del mismo nombre.
El escrito de recurso, adelantado por la Cadena SER, y al que ha tenido acceso este periódico la Fiscalía considera que la sentencia “ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la Fiscalía porque el Tribunal a quo ha silenciado la abundante prueba de cargo testifical admitida y practicada”. Por ello se debe, a su juicio, declarar la nulidad del juicio ya que “no es que se haya valorado la prueba de forma diferente a la sostenida por la Fiscalía, sino que la ha silenciado y omitido incurriendo en una clara arbitrariedad en el enjuiciamiento”.
La sentencia de la Audiencia Nacional condenó por un delito continuado de prevaricación una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León, así como a quienes fueran coordinador general y exdiputado provincial también por el PP, Pedro Vicente Sánchez, y el interventor Jesús 'Suso' López Sánchez. Al empresario y 'conseguidor' Alejandro de Pedro le impuso una condena de cuatro años y tres meses de inhabilitación, mientras que absolvió al exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, socio del anterior en las empresas Madiva y Eico, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero y a las sociedades mercantiles. Se les absolvió de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho, todos ellos reclamados por la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía sostiene la petición de argumentación de repetición del juicio en tres ejes: la ya mencionada vulneración de la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal por la omisión de sus pruebas; el quebrantamiento de la ley al no interpretar de forma clara cuáles son los hechos probados y sus contradicciones en la sentencia y la inaplicación del delito de fraude a la administración.
La condena solo por prevaricación se fundamentó en que los pagos realizados a las empresas de Alejandro de Pedro no tuvieron el adecuado soporte legal, reza la sentencia, que rechaza que los gastos ocurridos en la Diputación de León entre 2012 y 2014 para publicar noticias en una red de periódicos 'zombie' del empresario y perfiles personales en redes sociales, -pruebas que siguen online sin borrar- no suponía un beneficio personal del dinero público, sino que era en condición de su cargo.
Los errores de hecho en la valoración de la prueba, estima la Fiscalía, “obliga a declarar la nulidad de la sentencia y disponer que otro Tribunal juzgue los hechos con TODA la prueba de cargo del Ministerio Fiscal y de descargo de la defensa”. A su juicio, “la sentencia impugnada incurre en patentes contradicciones internas del factum al mezclar lo que son informes de reputación personal con publicidad institucional”.
Los pagos de la Diputación de León a las empresas de Alejandro de Pedro empezaron en el mandato de Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, y continuaron con su sucesor Marcos Martínez Barazón hasta su detención en octubre de 2014 en la operación Púnica.
El juicio del caso Púnica León se juzgó tuvo lugar hace un año en la Audiencia Nacional, 8 años después de su inicio, para juzgar las presuntas irregularidades ocurridas entre el 2012 y el 214 en la Diputación de León, bajo las presidencias de Isabel Carrasco y Marcos Martínez. Fueron a juicio seis imputados, más dos empresas, entre ellos Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente, dos de los alcaldes más veteranos de la provincia, hoy los dos fuera del Partido Popular y que han mantenido estos años un fuerte apoyo vecinal revalidando con mayoría absoluta como independientes sus cargos. Entre ellos figuraba también el empresario Alejandro de Pedro, considerado uno de los cabecillas de la trama 'Púnica' en la parte referida a la comunicación. Este supuesto 'gurú' digital cautivó al PP, el Real Madrid o a grandes firmas del IBEX, además de a Isabel Carrasco y a su sucesor Marcos Martínez Barazón. A todos ellos les prometía mejorar su imagen personal para superar las noticias negativas sobre su gestión mediante contratos con sus empresas Madiva y Eico.
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