El juicio que este jueves empieza en la Audiencia Nacional y que aborda 8 años después la operación 'Púnica' en León llega lleno de expectación y altas peticiones de penas de cárcel por presuntas irregularidades ocurridas entre el 2012 y el 214 en la Diputación de León, bajo las presidencias de Isabel Carrasco y Marcos Martínez.
Entre los seis imputados de la pieza leonesa, más dos empresas, figuran dos de los alcaldes más veteranos de la provincia, hoy los dos fuera del Partido Popular y que han mantenido estos años un fuerte apoyo vecinal revalidando con mayoría absoluta como independientes sus cargos. Si fueran condenados a inhabilitación deberían dejarlos, si los mantienen entonces, tras la sentencia firme.
El juicio en la Audiencia Nacional es el pistoletazo de salida para las otras piezas separadas de la conocida trama desmantelada en una operación en el año 2014 con decenas de implicados por un presunto fraude en la adjudicación de servicios públicos por valor de 250 millones de euros.
Marcos Martínez Barazón, 31 años de alcalde y 5 meses de presidente de la Diputación
El expresidente de la Diputación de León y alcalde del municipio de Cuadros, Martín Marcos Martínez Barazón, es uno de los políticos leoneses en activo más longevos, no en vano ocupa la alcaldía de su municipio desde el año 1991. Hasta el año 2014 lo hizo en las filas del Partido Popular, y desde entonces lo hace de forma independiente, revalidando el cargo con mayoría absoluta gracias al voto de los vecinos de su municipio.
Ingeniero Agrícola de formación y funcionario de la administración de Justicia el 31 de mayo de 2014 alcanzó la presidencia de la Diputación de León tras el asesinato de Isabel Carrasco. Por aquel entonces era su mano derecha como vicepresidente de la Diputación leonesa y con el cargo de Coordinador General del Partido Popular de León. Tras el asesinado de Carrasco el cargo de presidente del PP leonés quedó en funciones en Eduardo Fernández, entonces secretario general, y la aspiración de Martínez Barazón era conseguir el puesto para consolidar su cargo en la Diputación de León.
Marcos Martínez llegó a diputado provincial en el año 2007, tras ser reelegido alcalde y llevando de número 2 de su lista a la propia Isabel Carrasco, que conseguía así el acta de concejala indispensable para ser diputada provincial y luego presidenta de la Diputación, la primera mujer en asumir el cargo en León. En el año 2012 Isabel Carrasco contrató con las empresas de Alejandro de Pedro para mejorar su imagen pública y a su fallecimiento su sucesor heredó los contratos con idéntica finalidad. Según acusa la Fiscalía Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Conesa ofrecieron su supuesta influencia política para que alcanzara la presidencia del PP de León a cambio de contratos con la Diputación de León.
Pedro Vicente, 23 años al frente de Puebla de Lillo
El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, es el máximo mandatario del municipio de la Montaña Central desde el año 1999, en las filas del PP hasta que solicitó la baja por su imputación en la trama Púnica. Fue imputado en la pieza leonesa en el año 2016, con el avance de la investigación, por su puesto de Coordinador de Prensa de Isabel Carrasco en el momento de los presuntos hechos delictivos de pagos irregulares por autopromociones para la presidenta y su sucesor.
Sánchez era un peso pesado del PP provincial, siendo diputado provincial en el Palacio de los Guzmanes entre 1999 y 2007 como responsable político del área de Turismo y San Isidro, la estación invernal ubicada en el municipio que rige. Con la llegada de Carrasco a la Diputación dejó de ser diputado pero entró en el círculo de confianza de la presidenta con el puesto de Coordinador de Prensa. Además ocupaba el cargo de presidente comarcal de Cistierna del PP de León, cargo en el que cesó al dejar el partido por su imputación.
Según la Fiscalía su labor era imprescindible para llevar a cabo los pagos a las empresas de la trama, ocultando la verdadera finalidad de los pagos que era la autopromoción de los presidentes de la institución provincial. En su declaración ante el juez instructor Pedro Vicente Sánchez rebajó sus funciones en la Diputación de León asegurando que eran poco más que llevar papeles de los presidentes “de un lado pa otro”.
El interventor 'Suso'
El tercer imputado leonés en la presunta trama de corrupción es el entonces interventor de la Diputación de León, Jesús López 'Suso', más conocido en la ciudad por su pasado vinculado al club deportivo Ademar. López ocupaba el puesto gracias a al dedazo de Isabel Carrasco, ya que para el puesto fue seleccionado con una comisión de servicios. Esta era la fórmula preferida bajo la gestión de la fallecida presidenta para controlar los puestos principales reservados a funcionarios, y que ocasionó numerosos problemas judiciales bajo su mandato. A los 6 meses de su imputación en 2014 la Diputación optó por dejar caducar su comisión de servicios y abandonó el puesto para volver al suyo propio, viceinterventor en la propia institución provincial.
El funcionario y la vez empresario se hizo conocido por haber sido candidato en el año 2009 a la presidencia del equipo de balonmano Ademar de la División de Honor e incluso presidente en funciones, al frente de la gestora creada en esta entidad deportiva tras la dimisión del hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. También fue vicepresidente del club durante la etapa de Juan Arias, responsable además de asuntos económicos.
En su trayectoria profesional Jesús López tuvo que responder a denuncias por su gestión, tras una querella que le acusó de ser el presunto beneficiario de miles de euros en adjudicaciones de la propia Diputación. En su declaración en la instrucción del caso el Fiscal le pregunto por los gastos que autorizaba: “¿Usted no le dijo a Carrasco o Marcos que estos gastos los deberían pagar ellos, qué hace la Diputación de León pagando esos gastos?”. López respondió que “en absoluto era consciente de que se estaba haciendo algo en favor de personas concretas”.
De Pedro, el 'conseguidor' 2.0
El empresario Alejandro de Pedro es considerado uno de los cabecillas de la trama 'Púnica' en la parte referida a la comunicación. Este supuesto 'gurú' digital cautivó al PP, el Real Madrid o a grandes firmas del IBEX, además de a Isabel Carrasco y a su sucesor Marcos Martínez Barazón. A todos ellos les prometía mejorar su imagen personal para superar las noticias negativas sobre su gestión mediante contratos con sus empresas Madiva y Eico, imputadas en el proceso.
Su habilidad personal le llevó a firmar contratos con Mediaset, el Real Madrid de Florentino Pérez, Sacyr, Bankia o Telefónica. Para el PP logró trabajos en Madrid, Valencia, León y Murcia. De Pedro se presentaba como un experto en internet y la comunicación y su habilidad para relacionarse le llevaba a ganarse la confianza de importantes políticos y empresarios.
Su imputación en la trama se debe a que los servicios para los políticos se acababan pagando con fondos públicos, que en el caso de la pieza leonesa la Fiscalía considera injustificado ya que las facturas ocultaban los verdaderos servicios. Además se le atribuyen negociaciones irregulares para adjudicarse servicios de restauración en la estación de San Isidro por nuevos servicios a prestar, entre ellos hacer a Marcos Martínez presidente del PP de León por sus supuestas influencias en el partido a nivel nacional.
El exalcalde socialista imputado
José Antonio Alonso Conesa fue alcalde de Cartagena (Murcia) por el PSOE entre 1991 y 1995 tras una carrera previa de cargos como concejal o director general en gobiernos socialistas. Tras abandonar la política poco después se pasó a los negocios, acabando como socio de Alejandro de Pedro en sus asesorías de comunicación para políticos y empresas. En León la Fiscalía le atribuye un papel preponderante en las negociaciones del conseguidor con la Diputación de León para gestionar sus servicios y ocultar los fines reales de los cobros, la autopromoción de los presidentes de la institución.
Alonso Conesa también fue implicado después de la operación Púnica en un entramado de empresas que gestionaron parte del urbanismo de la ciudad favorecidos por la alcaldesa del PP que le siguió en el cargo, Pilar Barreiro Álvarez, un proceso finalmente desestimado en los tribunales.
La sexta imputada en la operación Púnica de León es una trabajadora de Alejandro de Pedro, Guadalupe Caballero, por su colaboración activa para el desarrollo de los presuntos delitos del resto de imputados.
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