El fiscal de la Gürtel baja la pena para Ulibarri por confesar 'mordidas': de 7 años y un mes a 19 meses

La Fiscalía ha reducido notablemente la petición de penas por el caso Gürtel Boadilla a los tres empresarios leoneses que hay entre los encausados y que no entrarían en prisión por no superar los dos años.

El empresario de la construcción y de los medios de comunicación, José Luis Ulibarri, ha pasado de enfrentarse a una petición de 7 años y un mes de prisión, a tan sólo 19 meses, los mismos que proponía en un escrito de confesión en el que no pedía perdón por delinquir.

En su declaración durante el juicio explicó cómo consiguió la licitación de una parcela de 35 millones de euros para edificar viviendas a cambio de una mordida de un millón de euros que le pidió el cerebro la trama Gürtel, Francisco Correa.

“Yo conocí a Correa a final del verano de 2004, nos presentó un amigo común que era Jesús Merino, y a partir de ahí, él me ofrecía cosas en general, en municipios de toda España, pero yo le pedía que nos pasara la información. Esto lo analizaban los departamentos técnicos de mi empresa y en todos los casos no nos encajó las posibilidades que nos ofrecía y dijimos que no”, declaró.

Así fue hasta que se le ofertó el proyecto de adjudicación de la parcela UA de la manzana M7 del Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla. Según Ulibarri, esa fue “la única relación” que tuvo con la causa por la que está sentado en el banquillo de los acusados.

“Ya está adjudicado, ahora me tienes que pagar”

El pago se produjo, según recordaba Ulibarri, cuando se hizo efectiva la adjudicación. “Ya está adjudicado. Ahora me tienes que pagar”, le dijo. “¿Cómo lo hago?”, preguntó Ulibarri. “Me pasaron dos facturas de una empresa que es CGI- Consultoría y Gestión de Inversiones- que luego he visto que es del señor Jacobo Gordon -socio de Correa y también acusado- que yo no conocía, lo conocí a posteriori y yo hice dos pagos de 500.000 euros”, reconoció.

“Esos servicios eran falsos y eran para el pago del señor Correa. Yo admito el error”, dijo. El empresario dudó de que Correa hiciese algo por él, insinuando que le engañó. “Tampoco sé con quién habló. Yo temo, después del tiempo que llevamos, que no habló con mucha gente, pero bueno, yo me había comprometido a pagarle ese dinero y se lo pagué en base a que estaba adjudicada la parcela”, comentó.

El Ministerio Público aprecia las atenuantes de confesión y de reparación del daño y reparte su petición de penas por los distintos delitos que confesó. Así por el delito de prevaricación relacionado con la adjudicación a UFC SA de una la parcela en Boadilla del Monte, solicita tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito de fraude a las Administraciones Públicas relacionado con la adjudicación de la parcela, las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y seis meses (30 meses).

Además, por el delito de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de la parcela, pide tres meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA de UFC SA correspondiente al año 2006, las penas de cuatro meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; de 40.000 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de un año.

Finalmente, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas emitidas por CGI a UFC SA, las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (1.200 euros) con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Blanco Balín, de 11 años a menos de dos

El abogado berciano Jose Ramón Blanco Balín, exinspector de Hacienda con varias condenas Gürtel a sus espaldas y que reconoció los hechos que le imputaba la Fiscalía, ha conseguido que una petición inicial de 11 años de prisión se quede en un año y 10 meses.

El asesor de Correa “para sus sociedades patrimoniales” conocía tanto al dueño de Teconsa como a José Luis Ulibarri, porque como él, son del Bierzo (León). “A los de Teconsa los conozco porque somos del mismo pueblo de León, hay relación entre nuestras familias desde hace más de 40 años, así que conocí al padre y conozco a los hijos, y he llevado el asesoramiento fiscal de sus empresas. Sé que tenían relación con Correa y que hacían cosas juntos en Boadilla, en Majadahonda...”, dijo durante su interrogatorio judicial en el que también dio todo tipo de explicaciones sobre pagos que se realizaron a través de empresas radicadas en Vancouver, y con la ayuda del controvertido suizo gestor de fortunas, Arturo Fasana.

Esa confesión ha hecho que la fiscal pida ahora por el delito continuado de prevaricación una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito de fraude a las Administraciones Públicas. Tres meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y un año y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de cohecho activo la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 127.762 euros de multa y por el delito de blanqueo de capitales la pena de un año y seis meses de prisión y 34.370 euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un mes.

Martínez Parra, de 9 años a 2

El propietario de la constructora leonesa Teconsa, José Luis Martínez Parra, hijo de Martínez Núñez, ya condenado a 11 años y siete meses de prisión por los contratos de la trama Gürtel para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el 2006, se enfrenta a una petición de pena de dos años, si bien la inicial era de nueve años con multa de 3,8 millones de euros.

En su declaración, reconoció que su constructora pagó 1,3 millones de euros a Francisco Correa por las adjudicaciones de vivienda protegida que consiguió en Boadilla del Monte.

Parra es hijo del ya fallecido José Martínez Núñez, uno de los hombres más temidos de León, que llegó incluso a estar investigado por ordenar el asesinato del consejero de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña. Además tuvo relación con otro acusado de Gürtel, el constructor José Luis Ulibarri, que empezó trabajando para él hasta que montó su propia constructora. Ulibarri y “don José” como se hacía llamar Martínez Núñez en su feudo de Ponferrada, fueron enemigos acérrimos, y ambos compitieron en Boadilla.

A Correa, relató ante el tribunal, lo conoció en 2007, en una tradicional “copa de fin de año” que ofrecía su padre a políticos y empresarios. “Mi padre tenia relación con él y sabia que se nos adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de Boadilla. Si le interesaba una obra hablaba con Correa par que hiciese gestiones para la adjudicación. En 2007 mi padre me dio un maletín con un dinero que no conté, pero que hemos visto en contabilidad, se lo entregué a un señor de la empresa de Correa creo que era Crespo -Pablo Crespo- o alguien de ellos. La cantidad es la que aparece en el escrito de confesión: 1.380.000 euros en efectivo y 420.000 en facturas emitidas por la sociedad de Pablo Crespo. El destino de ese dinero imagino que sería para entregar a funcionarios o alcalde, a los que intervenían en la adjudicaciones”, admitió.

De ese modo, ahora la Fiscalía pide por el delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos adjudicados desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y seis meses, por el delito de fraude a las Administraciones Públicas relacionado con los contratos adjudicados a Teconsa; las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y seis meses (30 meses), por el delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas emitidas por Cresva SL a Teconsa (y los contratos que las sustentan formalmente).

También se le piden penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, por el delito continuado de cohecho activo relacionado con los pagos desde Teconsa a Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor; y las penas de un año de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 700.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.