La Diputación de León mantiene la defensa jurídica en manos externas con premio económico por sentencias ganadas
La Diputación de León mantendrá en manos externas su defensa jurídica en los tribunalaes ya que ha sacado a licitación un nuevo contrato para la defensa jurídica y la representación procesal de la institución, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León y el Consorcio Provincial de Turismo. El contrato tiene un valor estimado máximo de 633.600 euros, contempla una duración inicial de un año aunque es prorrogable hasta un máximo de cuatro, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 28 de julio.
Ya en el año 2018 la institución provincial, entonces gobernada por el PP de Juan Martínez Majo, formalizó un contrato global de defensa jurídica ya que hasta entonces se contrataba caso a caso y de manera poco transparente los distintos conflictos jurídicos de la institución provincial. Fue la primera vez que se formalizó un contrato global de defensa jurídica durante varios años, que recayó en dos bufetes que no tenían sede en León. En el año 2022 se adjudicó un segundo contrato de este tipo con unos precios ligeramente inferiores a los actuales.
El nuevo contrata se divide en dos lotes de igual cuantía. El primero estará destinado a la defensa jurídica en materia de recursos humanos y empleo público, en los ámbitos contencioso-administrativo y social, mientras que el segundo abarcará el resto de materias jurídicas, incluidas las jurisdicciones civil, mercantil, penal y contencioso-administrativa, además de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales económico-administrativos. Cada lote cuenta con un presupuesto anual de 79.860 euros, impuestos incluidos.
Además de asumir la representación en los procedimientos judiciales, el adjudicatario deberá prestar asesoramiento jurídico vinculado a los litigios, elaborar informes cuando lo requiera la Presidencia de la Diputación, asistir a cargos públicos y empleados provinciales en procedimientos penales relacionados con el ejercicio de sus funciones, gestionar el cobro de costas procesales y mantener reuniones periódicas de coordinación con la institución. El contrato también exige disponibilidad presencial cuando sea requerida y prohíbe expresamente asumir asuntos que puedan generar conflictos de intereses con la Diputación.
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, valorando tanto la oferta económica como la memoria técnica y otros criterios automáticos. El pliego establece, además, requisitos de solvencia económica y experiencia previa en la defensa de administraciones públicas, así como condiciones relacionadas con la igualdad, el uso de lenguaje inclusivo y la gestión ambiental durante la ejecución del contrato.
El contrato fija un sistema de retribución por actuaciones. Entre otros conceptos, la Diputación abonará 2.200 euros por cada procedimiento judicial en primera o única instancia dentro de Castilla y León, 1.210 euros por los recursos en segunda instancia en la Comunidad y 1.650 euros por los procedimientos tramitados fuera de ella. Además, el adjudicatario recibirá incentivos económicos por las resoluciones favorables a la institución, que oscilarán entre 770 y 1.760 euros, según la instancia judicial, así como 660 euros por cada informe jurídico extraordinario que le sea encomendado fuera del ámbito de un litigio. Si se gana parcialmente solo se cobrará la mitad de lo estipulado.
Los pliegos también establecen el nivel de disponibilidad para el despacho profesional que resulte adjudicatario. Entre otras obligaciones, deberá mantener un teléfono operativo todos los días laborables, celebrar al menos una reunión semanal de coordinación con la Diputación —excepto en agosto—, remitir todas las resoluciones judiciales e informes derivados de los procedimientos y garantizar la continuidad del servicio mediante un letrado sustituto en caso de ausencia.
Asimismo, no podrá asumir durante la vigencia del contrato asuntos particulares que entren en conflicto con los intereses de la institución provincial, una prohibición cuyo incumplimiento podría conllevar una indemnización de 300.000 euros.
