Las defensas de Púnica en León concluyen lamentando que el juicio sea una “causa general” contra la gestión en Diputación
“Están convirtiendo este juicio en una causa general contra la gestión en la Diputación de León y contra la difunta presidenta, que no se puede defender de las acusaciones aunque aquí se la da por confesa, culpable y sentenciada”. Con esta frase resumió su intervención hoy en la Audiencia Nacional el abogado del exinterventor de la institución provincial, Jesús 'Suso' López, uno de los seis acusados en el juicio por la trama corrupta Púnica y uno de los tres leoneses encausados.
Fue el resumen del último día de un juicio que ya ha quedado visto para sentencia casi tres meses después de su comienzo y por el que los principales imputados se enfrentan hasta a ocho años de prisión y nueve de inhabilitación. Al final de la vista, ninguno de los seis quiso tomar la palabra para alegar a su favor ante el Tribunal decidirá su futuro por unos hechos que saltaron a las portadas nacionales en octubre de 2014, hace ya más de ocho años.
En este último día le tocó el turno final a los letrados defensores de López y del exdiputado provincial y entonces cargo de confianza Pedro Vicente Sánchez, entonces y ahora alcalde de Puebla de Lillo, en tiempos primero de la presidenta Isabel Carrasco y después de su sucesor, también principal acusado ahora, Marcos Martínez Barazón.
El defensor de Sánchez vino a resumir detalle por detalle los motivos por los que los cuales debe ser absuelto, incluso aplicándosele un atenuantes de dilaciones indebidas, justificando por ejemplo que lejos de la versión acusatoria de la Fiscalía y la acusación popular, el entonces jefe del Gabinete de Presidencia Sánchez firmaba “como un castigo de Carrasco” las facturas por las que se pagaban los trabajos presuntamente personales con dinero público a las empresas de la red Púnica y de los también acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa.
Y es que recordó la enemistad que la presidenta llegó a tener con el regidor de Lillo por “negarse a recibir obras de la estación de esquí de San Isidro”, en concreto de la millonaria y polémica línea eléctrica, y el hecho de que Sánchez ya no era diputado por su zona sino “personal eventual, es decir, que le podían echar de una patada al día siguiente”. Sin embargo, defendió que “sólo firmaba las facturas” pero “no aparece en ninguna conversación” de las pinchadas por la UDEF por orden de la Audiencia Nacional ni “conoce a nadie de Madiva o Eico”, las empresas de la trama. A su juicio, las acusaciones le han causado “indefensión” y en parte por ello, y por incluirle el delito de cohecho, exigió que la acusación popular sea sentenciada a pagar las costas judiciales.
Idéntica petición habían lanzado en la última jornada los defensores de De Pedro, Alonso Conesa y Martínez Barazón, como también hoy el letrado del entonces interventor de la Diputación, 'Suso' López, quien tras detallarlas y tratar de desmontarlas concluyó que las presuntas pruebas en su contra “de lo patético pasan a lo inadmisible jurídicamente”.
Un “macroproceso” de “elucubraciones”
Vio en este “macroproceso” un cúmulo de “elucubraciones” y muy especialmente censuró que las fiscales tildaran de “Caja B de la presidenta” un presupuesto para publicidad en los años de 2012 a 2014 que estaba en presupuestos y “cometido a luz y taquígrafos”, así como repartido a su juicio por igual entre todos los medios que por encones recibían parte de ese dinero, las empresas de púnica incluidas. Entre otro amplio listado de argumentos exculpatorios finales, recordó la escasa trascendencia del hecho de que López fuera propietario de varios estudios en la estación de esquí de San Isidro, una vinculación por la que sufrió ya una vía penal que fue archivada y sobreseída.
En el turno final, el abogado de la última acusada, Guadalupe Carrascosa, empleada de Eico que formalizaba las facturas, se mostró también muy molesto con que se mantenga tal acusación y petición de pena en un caso que es “un gigante con pies de barro” en el que las acusaciones “no han intentado probar nada”.
El figurado mazazo final del juez de la Audiencia Nacional, Francisco Vieira, deja listo ya sólo para sentencia un dilatado caso y largo juicio cuya resolución se espera con morbo en la provincia leonesa, entre otras cosas porque Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez continúan en la política municipal activa con sendas candidaturas independientes tras su fulminante expulsión del PP desde que Púnica estalló.
