Cuarta sentencia contra el Ayuntamiento de León por cobrar a todos los leoneses servicios que no presta
El Ayuntamiento de León cobra a todos los leoneses propietarios de una vivienda o un comercio una tasa de alcantarillado ilegal. Y no es la única, porque también ocurre con el agua.
Son ilegales porque obligan, a través de una ordenanza, a abonar trimestralmente y por adelantado un servicio que en muchos casos “nunca se llega a prestar”, cuya cuantiosa recaudación “excede el coste del servicio” por parte de la sociedad Aguas de León, el cual “no se justifica debidamente”, y cuyo única finalidad es la de embolsarse a razón de mas de un millón de euros cada año para saldar de 25 millones la deuda que el Consistorio asumió pagar a la empresa privada Aquona cuando este servicio se privatizó en 2010.
Los argumentos legales y el entrecomillado son literales de la última sentencia condenatoria al Ayuntamiento leonés, que es la cuarta de estas características, a la que ha tenido hoy acceso iLeon.com, y pese a la cual el equipo de Gobierno del PP sigue realizando estos cobros a todos los leoneses.
Y es que, tal y como el equipo de Gobierno aprobó este viernes, el Consistorio soslayará este nuevo varapalo judicial recurriendo el auto emitido del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ante el Tribunal Supremo. Una maniobra dilatoria que ya empleó ante las dos primeras sentencias de idénticas características, y que ya incluso ha perdido en uno de los casos ante el propio TS.
El portavoz del equipo de Gobierno del PP, Fernando Salguero, anunció hoy esta decisión y confirmó públicamente que se mantendrán las actuales tasas del agua y el alcantarillado pese al rosario de condenas y, por lo tanto, se seguirá cobrando a los leoneses porque el recurso de casación paraliza la ejecución de esta cuarta sentencia condenatoria.
La decisión de recurrir permitirá que el PP gane un valioso tiempo para, como anunció recientemente, limitarse a cambiar el régimen de la figura tributaria, haciendo que lo que hoy se denomina una “tasa” se pase a denominar “Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario”.
Y es que el PP mantiene su postura oficial de que Aguas de León (en el que el Ayuntamiento tiene el 51% de las acciones por 49% de la empresa Aquona) lo que hace al cobrar 'preventivamente' a todos los leoneses es una especie de tarifa plana, que denomina “social”. Porque en vez de tener que abonar un usuario grandes cuantías si tienen la mala suerte de sufrir una avería o un cambio de equipos o redes, el Consistorio aboga por cobrar a todos 0,5 euros al mes (1,5 al trimestre) como “un coste de mantenimiento” solidario.
A pesar de esto, el magistrado en el nuevo caso del alcantarillado afirma que “el sistema elegido por la administración demandada para su cobro no se revela como el más justo desde un punto de vista tributario”. “Justificar esta tasa por la mera disponibilidad de este servicio accesorio resulta a todas luces desproporcionado”, argumenta el juez, añadiendo que “no es, como defiende el Ayuntamiento un supuesto de 'reparto más equitativo de los costes' sino que simplemente se repercute injustamente a terceros una tasa que debe soportar quien pide y recibe el servicio concreto”, de aguas en el caso anterior o de alcantarillado en este caso.
Finalmente, y una vez más, además de la condena, el TSJ impone al Ayuntamiento leonés el pago de las costas por todo este tortuoso proceso judicial.
