El comité de empresa de la Diputación de León denuncia el bloqueo del personal laboral desde 2002
El comité de empresa de la Diputación de León denuncia públicamente la “situación de bloqueo y creciente discriminación” que sufre el personal laboral de la institución, recordando que el último acuerdo alcanzado data de 2002.
El Comité lamenta la “situación de paralización y estancamiento que, desde hace años, sufren las negociaciones relativas a la mejora de las condiciones del personal laboral”. A pesar de la “voluntad de diálogo mostrada por el comité de empresa”, las reiteradas reuniones y las propuestas formales presentadas, las reivindicaciones laborales “siguen sin obtener una respuesta efectiva por parte de la institución”, ahora gobernada por segundo mandato por un pacto del PSOE con Unión del Pueblo Leonés (UPL). El comité sostiene que sus demandas están “plenamente justificadas y alineadas con criterios de igualdad, estabilidad y modernización del empleo público”.
Entre las principales demandas pendientes de solución se encuentra la corrección de las desigualdades retributivas bajo el principio de igual trabajo, igual salario“, buscando equiparar a aquellos trabajadores y trabajadoras con igual categoría o grupo que desempeñan funciones idénticas. Además, es crucial la funcionarización de los puestos susceptibles de serlo, lo que implica actualizar las figuras laborales para adecuarlas al marco legal y armonizar la estructura profesional. Otra de las peticiones centrales es la transformación en fijos al personal fijo-discontinuo, ya que el comité argumenta que ”las funciones desempeñadas por este personal pueden formar parte estructural del funcionamiento habitual“ de la Diputación.
Otras reivindicaciones pendientes incluyen la regulación clara y justa de la turnicidad y el establecimiento de los complementos correspondientes. También se considera vital el impulso y la aplicación del contrato de relevo, que es “necesario para garantizar el relevo generacional y el adecuado funcionamiento de los servicios”. A esto se suma la exigencia de un complemento por el uso del coche personal para funciones laborales.
El comité subraya que estas reivindicaciones, junto con “otras mejoras pendientes, fundamentales para asegurar condiciones dignas y una organización eficaz”, no solo responden a derechos legítimos del personal, sino que también “repercuten directamente en la equidad del servicio público” que la Diputación presta en áreas clave como centros de atención especializada, turismo y derechos sociales.
Ante la ausencia de “avances reales”, el Comité exige la necesaria responsabilidad institucional para resolver esta situación. Se demanda una “negociación efectiva y soluciones concretas” que “permitan abordar, de una vez por todas, reivindicaciones que llevan demasiado tiempo pendientes”. Como muestra de la prolongación de este estancamiento, el Comité recuerda que “El convenio colectivo se negoció en 2002”. Finalmente, la organización ha advertido que seguirá informando sobre la situación y que “no descarta llevar a cabo nuevas acciones si persiste la falta de respuesta”, apuntando posibles protestas.
