Sin cobertura móvil y de internet en el pueblo porque el pedáneo creía que daba cáncer: así se vulnera un derecho básico
En tres resoluciones recientes el Procurador del Común de Castilla y León ha recordado a las instituciones, un ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, su obligación de poner todo de su parte para garantizar la cobertura móvil, y de paso el acceso a internet, en un pueblo de la provincia leonesa (que no detalla) tras la denuncia reiterada de un ciudadano de problemas de conectividad.
Las resoluciones son una continuación de una denuncia ya puesta en el año 2021 que se reiteró en el 2025 ante la falta de avances. La historia viene precedida de una situación un tanto anómala según el denunciante, que fue que “en el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor (no se desvela) se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”.
Según el denunciante esto “al recordarle y reprocharle su actuación en el caso, me respondió que, de repetirse hoy la situación, haría lo mismo”, considerando inadmisible que se condene la cobertura de un pueblo por una decisión personal, “la incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.
Según el Procurador “resulta indispensable destacar que los servicios de telefonía e internet, en la línea de lo puesto de manifiesto en la queja, son servicios imprescindibles en nuestra sociedad actual para el desarrollo de las relaciones personales, así como de cualquier actividad económica o comercial, y su carencia dificulta también las relaciones entre la Administración pública y los particulares, e incluso la recepción de algunos servicios públicos”.
Por ello cree que existe “un agravio comparativo vulnerador de un derecho al acceso a las infraestructuras de comunicaciones, que son una base importante para el desarrollo de las áreas rurales”, recordando los objetivos de la Agenda España Digital 2026 de que el 100% de la población tenga cobertura 100Mbps en 2025, que aquí no se cumple.
En las resoluciones insta a las instituciones a poner todo de su parte en conseguir garantizar la cobertura móvil y acceso a internet, como acelerando licencias oportunas o sumándose a programas de extensión de banda ancha ya que “los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados; y, por tanto, su actuación viene determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo”. No obstante recuerda que las instituciones, cada una en su marco competencial, tienen el deber de poner todo de su parte para garantizar este derecho de acceso a internet y comunicaciones, recogido de form expresa en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el caso denunciado el Ayuntamiento señaló en su respuesta que se había solicitado la inclusión en el plan UNICO del Ministerio de Transformación Digital pero que se estaba produciendo un retraso en la instalación efectiva de las antenas, no obstante el Procurador del Común le recomienda acelerar los trámites administrativos en su mano ya que se tiene que tener “presente que no solo es necesario garantizar el acceso cotidiano a servicios digitales, sino que en situaciones de emergencia la conectividad constituye un recurso de vital importancia”.
En concreto el Procurador del Común alude a los incendios de agosto del 2025 como una situación que requiere garantizar comunicaciones móviles y de internet. “No podemos dejar de traer a colación la crucial trascendencia de contar con una adecuada cobertura de telefonía móvil e internet ante determinadas circunstancias especiales, incluso catástrofes, como la acaecida el pasado mes de agosto a causa de los incendios forestales que afectaron a numerosos términos municipales de nuestra Comunidad, donde las telecomunicaciones más que nunca se revelaron como una necesidad estratégica para fortalecer la capacidad de reacción y protección frente a emergencias de gran magnitud”.
A la Diputació de León le pide que “promuevan las actuaciones necesarias con el fin de contribuir a solucionar los problemas de cobertura de telefonía móvil e internet que pudieran plantearse en la localidad, así como en el resto de aquellas zonas de la provincia de que lo requieran”. La Diputación leonesa está en estos momentos mapeando los problemas de acceso móvil e internet en los pueblos de León para hacer un plan propio que los palíe, tras un conflicto con el Gobierno autonómico.
Finalmente el Procurador del Común solicita a la Junta lo mismo y en particular “se adopten medidas encaminadas a facilitar la concesión de las autorizaciones y permisos que sea necesario obtener de la Administración autonómica la extensión de la fibra óptica en los municipios rurales de la Comunidad y de forma particular, si fuera necesario, por lo que a la queja planteada se refiere, a la citada localidad en la provincia de León, con el fin de acelerar su instalación”. Además le recuerda su labor de “seguimiento de los planes de extensión de banda ancha fija y móvil en la Comunidad, reivindicando de la mejor manera posible el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos por la Administración del Estado”.
