A juicio por no tomar medidas de seguridad para evitar el atropello de un peón por una pala
El Juzgado de lo Penal número 2 de León acoge el próximo 16 de octubre un procedimiento por un delito contra los derechos a los trabajadores que sienta en el banquillo a cinco procesados.
Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso a este periódico, el 18 de julio de 2002, un trabajador de la UTE formada por FCC Construcciones y Dragados Construcciones SA, que había sido contratado en la categoría de peón, se encontraba desempeñando su labor como señalista en la CL-631 Ponferrada – La Espina y sufrió un accidente laboral.
El siniestro ocurrió cuando éste se encontraba dirigiendo la maniobra de un camión que cargaba escombro en la obra y la rueda de una pala que conducía uno de los procesados, D.J.C.L., le pasó por encima del tobillo y le causó traumatismo en el tobillo y pie derecho, luxaciones y fracturas, así como heridas múltiples en el dorso del pie y necrosis en la piel.
Para su curación, este hombre precisó de tratamiento médico y quirúrgico y sus heridas tardaron en curar 314 días, de los cual 90 estuvo hospitalizado. Como secuelas sufre cicatrices con perjuicio estético importante, una limitación muy importante en el movimiento del tobillo y el pie derecho y metatarsalgia. Está incapacitado para desarrollar trabajos que impliquen estar mucho tiempo de pie o andar en superficies irregulares.
Por todo ello, cinco responsables de las empresas implicadas están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según el relato de la Fiscalía, la persona que conducía la pala cargadora, D.J.C.L., no comprobó la inexistencia de personal en el radio de acción de la máquina y tampoco advirtió su presencia mediante señales acústicas. Circulaba además con el cazo levantado lo que le restaba toral visibilidad. Para él la Fiscalía pide un año y medio de cárcel y la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotor durante un año y medio.
Otro de los procesados es L.C.B., el coordinador de seguridad y salud de la UTE y, por tanto, el encargado de velar por el cumplimiento de las normas y el plan de seguridad de la empresa. Permitió que hubiera un único señalista para coordinar las maniobras de los dos vehículos existentes en la zona a pesar del grave riesgo de accidente. En este caso, reclaman para él una pena de dos años de cárcel y diez meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (4.500 euros).
También están acusado J.C.F. y J.L.F.D., ambos jefes de equipo de la UTE, que omitieron su deber de dar instrucciones a los trabajadores de las distintas empresas a fin de que los movimientos de tierra en la zona fueran realizados en condiciones seguras. Para ambos la Fiscalía pide dos años de cárcel y diez meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (4.500 euros).
El último de los procesados es J.F.Q. encargado de la empresa propietaria de la pala que provocó el accidente que incumplió sus deberes de supervisar la actividad desarrollada en el lugar de trabajo. Solicitan para él la misma pena que para los tres últimos, dos años de cárcel y diez meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (4.500 euros).
