Casi 8.000 interinos de Castilla y León podrían beneficiarse de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE
Casi 8.000 interinos en Castilla y León podrían beneficiarse de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podrían obligar al Gobierno a convertirlos en indefinidos y a aplicar la indemnización por extinción a los contratos de duración determinada, siempre que el trabajador realizara funciones como un “indefinido comparable”, según explicaron a Ical fuentes de la Unión General de Trabajadores (UGT).
La Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), que elabora un estudio sobre el personal que puede estar afectado en estos momentos, señala que el sector más relevante en este sentido es el sanitario, con una media de interinidad que supera el 30 por ciento. En total, la cifra alcanza las 7.000 personas, con una media de interinos del 44 por ciento entre el colectivo de médicos de familia y del 25 por ciento en enfermería.
A ellos se sumarían otros 500 en el sector de justicia, una veintena en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), otras 110 personas en los dos centros de referencia estatal (CRE) de San Andrés del Rabanedo (León) y Salamanca, dedicados a discapacidad y dependencia y alzheimer, respectivamente, y tres personas en el Instituto Nacional del Estadística (INE), “del que que no se repone nada y está condenado a la extinción”.
UGT también suma, aunque no puede aportar una cifra concreta, al sector educativo, con una tasa de interinidad del 25 por ciento, con docentes contratados desde el 1 de septiembre al 31 de agosto y algunos hasta al 31 de junio.
A juicio del sindicato, “se están dando informaciones muy sesgadas” y por recomendación del departamento jurídico del sindicato se está pensando la conveniencia, a nivel estatal, de colgar información en la web para aquellas personas que pregunten por su situación laboral propia.
“Hay que darles una salida y está claro que esta sentencia refleja la precariedad en que estamos instalados en el mercado laboral español”, sentenciaron fuentes sindicales, que exigieron actuaciones judiciales y políticas encaminadas a la extinción de esta precariedad. “Se deben llevar a cabo sin tardanza porque estas políticas están en contra de la Carta Laboral Europea. Queda en tela de juicio si la Comisión Europea puede sancionar o no a España”, matizaron.
Con estas dos sentencias, el Gobierno y las comunidades autónomas deberán revisar su legislación laboral y política de contrataciones.
