La Audiencia condena a penas de 6 a 12 meses de prisión e inhabilitación para los acusados en el Caso Anestesistas de León
La Audiencia de León ha condenado a penas que oscilan entre los 6 y 12 meses de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión a los cuatro acusados en el conocido como Caso Anestesistas, una trama que falsificaba documentos oficiales para realizar intervenciones quirúrgicas en la Clínica López-Otazu, de León, mediante la suplantación de la identidad de otro facultativo.
La sentencia, conocida esta martes, condena a dos de los médicos acusados como responsables de trazar un plan para operar en la citada clínica saltándose las incompatibilidades preceptivas bajo la identidad de un tercero, y les impone sendas penas de 12 meses, multa de 6 meses con una cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico tanto en la sanidad pública como en la privada durante un año.
A las otras dos acusadas, auxiliares de enfermería, se les condena como cómplices de un delito continuado de falsificación de documento oficial a la pena de 6 meses de prisión con multa de 3 meses a 6 euros diarios e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El caso se empezó a instruir cuando el anestesista José Manuel Caunedo denunció hace más de diez años que habían estado utilizando su nombre sin su consentimiento en cientos de operaciones quirúrgicas sin que él estuviera presente en la clínica privada López-Otazu, ya desaparecida.
Finalmente fueron encausados el director gerente de la desaparecida clínica López-Otazu, el exjefe del servicio de Anestesia del Hospital de León, y a dos auxiliares de enfermería de la clínica.
Durante el juicio, celebrado los pasados 10 y 11 de abril, la Fiscalía sostuvo que en la clínica López-Otazu se utilizaba fraudulentamente el nombre de José Manuel Caunedo como profesional que sólo trabajaba en la sanidad privada, al no poder figurar el exjefe del servicio de Hospital de León como consecuencia de su incompatibilidad al tratarse de intervenciones que se efectuaban con pacientes derivados del sistema público de salud.
Además, mantuvo que las dos auxiliares de enfermería acusadas colaboraron en la trama mediante la alteración de documentación médica en la que cambiaban el nombre del anestesista.
Los acusados negaron los hechos que atribuyeron a errores sin mala fe lo sucedido y aseguraron que en ningún momento quisieron incurrir en ningún tipo de irregularidad.
A la clínica López-Otazu, que actualmente una residencia de mayores, Sacyl transfería pacientes de la sanidad pública en virtud de un convenio quirúrgico.
