El sindicato agrario Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León asegura que la Justicia ha “tumbado de nuevo” el reparto económico de la Diputación de León, que cogobiernan ahora como también en el pasado mandato el PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), respecto al reparto de ayudas a las organizaciones agrarias como la suya, a cooperativas y otras asociaciones agroalimentarias de la provincia.
Vence así, en primera instancia, Asaja a la Diputación un año más dentro de una batalla que les enfrenta desde que en el año 2020 se modificaran los criterios anteriores que hacían que Asaja recibiera más dinero público, criterios que cambió el entonces vicepresidente de UPL -luego expulsado de esta formación- y líder agrario desde el sindicato rival de Ugal-UPA, Matías Llorente, ya fallecido. Por su intervención, el líder provincial de Asaja, José Antonio Turrado, siempre ha considerado que el equipo de Gobierno provincial actuó con “prevaricación”, algo que denunció por vía penal y que sin embargo se archivó ya hace años.
Asaja recuerda que ha conseguido que se rechacen en los juzgados las bases reguladoras de las ayudas agrarias de la Diputación desde la convocatoria de 2020 y hasta la última en 2023, “una situación que deja en mal lugar al equipo de gobierno de ésta y de la anterior legislatura por utilizar mala praxis, y a los grupos políticos de la oposición que lo han apoyado, por no enterarse de nada, (igual que en el Congreso de los Diputados)”, reza la nota, en referencia a PP y Vox ahora o a PP y Ciudadanos en el anterior mandato.
La última resolución judicial contra la Diputación por este motivo emana del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León, que ha dictado la sentencia número 159/2024 en la que se falla estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asaja contra el acuerdo del Pleno de la corporación de 28 de noviembre de 2023 de aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de estas ayudas, al ser iguales que los demás años. También le impone las costas a la institución.
La organización admite, sin embargo, que el efecto real de la sentencia, como de las anteriores, tarde en verse y se pueda repartir el dinero de las ayudas porque “es probable que, como ha ocurrido con las convocatorias anteriores, la Diputación decida ganar tiempo y recurrir a instancias superiores, en vez de rectificar y asumir los criterios que le marca la Justicia”.