Ha sido uno de los principales caballos de batalla política y sindical agrario del mandato en la provincia de León, el que a costa del reparto de ayudas a las organizaciones agracias (OPAs) enfrentó al sindicato Asaja y a la Diputación, cuyo vicepresidente era Matías Llorente (ya fallecido), líder de Ugal-UPA.
Ahora, casi tres años después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León sentencia la anulación de aquel reparto económico de prácticamente 2010.000 euros correspondientes a la convocatoria del año 2020, que por lo tanto obliga a devolver a la institución a todos cuantos la recibieron, cuyas y bases de reparto también anula por ilegales.
Así lo trasladó hoy la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, de León, quie resalta que “el principal argumento que ha valorado el juez” del caso ha sido la falta de concurrencia competitiva, dada la “inexistencia de criterios de valoración de los expedientes”. O lo que es lo mismo, que en aquella ocasión, como siempre denunció este sindicato, se cambiaron las 'reglas de juego' habituales, por las que el reparto de las subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y a entidades asociativas agrarias siempre se había hecho en virtud de la representación de cada una dentro del sector.
Con aquel criterio, Asaja conseguía más dinero pero con los cambios introducidos, y aprobados en la Junta de Gobierno de la institución provincial, de la que formaba parte Llorente, dejó de ser así. Y de ahí el inicio de la múltiple batalla judicial que el sindicato liderado en León por José Antonio Turrado ha mantenido, ganado ahora por la vía del contencioso y perdido por la vía de lo penal.
“Conflicto de intereses”
Respecto al conflicto de intereses al que se aludía en la demanda, en las personas de los diputados Matías Llorente y la también diputada socialista Avelina Vidal, tanbién alto cargo en Ugal-UPA y en la cooperativa Ucogal, la sentencia determina que aún “resultando patente e indiscutible la existencia de conflicto de intereses, los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptaron por unanimidad, por lo que no es posible sostener que la intervención de los citados resultara decisiva para la adopción del acuerdo, además de tratarse de una cuestión dilucidada ya en el proceso penal sobreseído”.
De este modo, Llorente y Vidal quedan exonerados en esta vía judicial como ya lo fueron por la vía penal que también siguió en su día Asaja contra ellos, acusándoles de un presunto delito de prevaricación el cual, según el juez del caso, jamás se produjo.
Sin embargo, esta sentencia de la vía del Contencioso contiene dos 'palos' para la Diputación y su actual corporación que preside el PSOE: por un lado, la sentencia obliga a devolver 209.999,94 euros, de los cuales 13.770,68 euros corresponden a la demandante, Asaja. Este sindicato, con la resolución en la mano, ahora pedirá también que se anule la convocatoria de estas mismas ayudas del año 2021, regida por idénticas bases que ahora se 'tumban', y que se encuentra suspendida por propuesta del presidente vista en el Pleno y comunicada a las partes el 22 de febrero de 2022.
El otro problema para la institución es que la sentencia condena a la Diputación al pago de las costas, si bien todavía cabe la posibilidad de que se presente recurso y por lo tanto la condena no tenga efecto aún. En este sentido, Asaja ya advierte que el presidente en funciones, Eduardo Morán, “que ha tenido una gestión nefasta, no tenga la osadía de recurrir la sentencia, con depósito de fianza incluido, acto para el que seguramente no tenga poderes al estar en funciones”.