Asaja denuncia la expropiación forzosa que autoriza la Junta para instalar un macroparque solar en Villadangos

Imagen de archivo.

Redacción ILEÓN

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León denuncia que la Junta de Castilla y León autoriza la “expropiación forzosa” de las tierras donde se pretende ubicar el macro parque fotovoltaico ‘Valtarafón’, en los términos municipales de Villadangos del Páramo y Cimanes del Tejar, a pesar de que la empresa “no haya llegado a acuerdos privados con los propietarios” de las mismas.

Se trata de uno de los cinco macroparques troceados que se proyectan en Villadangos del Páramo a los que dará servicio el llamado Nudo de Vilecha, que sumarán cuando se ejecuten unos 757.500 paneles solares en un terreno total de 453,5 hectáreas de superficie

Asaja lamentó que esta situación, que estas expropiaciones ya tuvieron lugar en anteriores ocasiones, como ya ocurrió tras la publicación el 27 de marzo de la expropiación para el macro parque de La Llanada, explicó que el Boletín Oficial de la Provincia de León publica hoy, 10 de abril, “la expropiación forzosa de pleno dominio para el macroparque ‘Valtarafón’, ”promovido por otra empresa jurídicamente distinta, aunque ambas comparten el mismo domicilio social“.

Concretamente el BOP publica: “La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa”.

Ante estos hechos, la organización agraria pidió a las administraciones públicas que “preserven el suelo agrícola de la provincia de este tipo de instalaciones”, así como que “no autoricen más líneas de evacuación aérea y que como mal menor sean subterráneas” y que, “en ningún caso”, se llegue a la expropiación forzosa, ya que los proyectos “no responden al interés general, sino única y exclusivamente al interés de sus promotores” y “siempre podrían tener otro emplazamiento”.

“Los promotores se aprovechan de que los agricultores y resto de propietarios, debido al minifundismo, se ven afectados por superficies de escasas dimensiones, por lo que en términos económicos no le suele interesar oponerse o defender el justiprecio en procesos judiciales largos y económicamente costosos”, concluyó Asaja.

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