Amilivia recomienda que ayuntamientos y juntas vecinales que no rindan cuentas no puedan recibir subvenciones

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reclamó esta tarde en las Cortes de Castilla y León que la rendición de cuentas se extienda como requisito legal de las entidades locales para acceder a todas las subvenciones de la Junta. Una asignatura que los ayuntamientos de la provincia de León superan con nota, ya que el 91% de ellos se encuentra al día en este concepto; aunque el Consejo Comarcal del Bierzo es el borrón, ya que no presenta las cuentas en tiempo y forma.

Amilivia, que esta tarde presentó en la Comisión de Hacienda de la Cortes tres informes, uno relativo a las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León en 2020 y dos sobre el impacto de la covid –uno sobre capitales de provincia y otro sobre los recursos adicionales recibidos por las entidades locales–, recordó que la rendición de cuentas, además de ser una obligación legal, es una práctica necesaria para mejorar la transparencia de la administraciones. “Estamos hablando de una práctica que no perjudica a nadie y que forma parte de la esencia de la democracia”, sentenció.

En su intervención, también puso en valor la mejora de los niveles de rendición de cuentas y destacó que el 70 por ciento de las entidades locales de Castilla y León rinden sus cuentas en tiempo y forma ante el Consejo de Cuentas, porcentaje que en la media nacional se sitúa en el 65%. No obstante, Amivilia indicó que aún se está lejos de los mejores resultados obtenidos por las comunidades de Aragón, Galicia y Valencia.

“Es muy destacable el hecho de que, con relación al último ejercicio 2020, a fecha actual ha cumplido ya el 87% de los ayuntamientos de la Comunidad, con una horquilla que oscila entre el 75% de Segovia y el 91% de León. Le siguen a León en el ranking de rendición de cuentas los ayuntamientos de Soria (90,7%); Salamanca (89,8%); Valladolid (88%) o Zamora (87,5%). También mejoró el porcentaje de rendición de las entidades locales menores”, indica el informe.

Impedir recibir subvenciones a los incumplidores

En este sentido, señaló que en el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, a la vez que resaltó que esta mejora en la Comunidad no es ajena a medidas como la introducida por la Consejería de la Presidencia de la Junta, en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar 2021 por primera vez como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas.

Además, Amilivia indicó que en la convocatoria de 2022 se refuerza este requisito al exigirse no una declaración responsable de haber rendido la cuenta general, sino un certificado emitido por la secretaría de la entidad local de la rendición de la cuenta al órgano de control externo dentro de los plazos previstos en la normativa vigente.

Esta novedad, según subrayó, representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para mejorar la transparencia, para beneficio de las entidades locales y del conjunto de los ciudadanos. A su vez, defendió la extensión de esta medida al resto de subvenciones y ayudas, para lo cual sería conveniente elevar el rango normativo de este requisito, afirmó. Amilivia. Además, recordó que también ha reclamado un incremento del número de secretarios, pero puntualizó que las diputaciones tienen la obligación legal de ofrecer servicios de asesoramiento a los ayuntamientos. A su vez, Amilivia recalcó que el Tribunal de Cuentas lleva más de diez años reclamando medidas de estímulo para mejorar la rendición de cuentas.

La principal conclusión del informe es que las entidades locales de Castilla y León, analizadas de forma global, siguen gozando de una situación económica saneada. Mantuvieron en el primer año de la pandemia la senda creciente en superávit, remanentes de tesorería y fondos líquidos, mientras la deuda viva continuó su tendencia decreciente.

Reforzar el Tribunal de Cuentas

Por su parte, desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos) propuso reforzar el trabajo del Tribunal de Cuentas y articular los mecanismos necesarios para obligar a las entidades locales a cumplir con las recomendaciones que emite en sus informes.

Mientras tanto, el portavoz del grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García, lamentó que 680 ayuntamientos, dos diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo no rindan sus cuentas en plazo y preguntó por los motivos por los que las entidades locales no cumplen con la rendición de cuentas.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz del Grupo Vox, que calificó de “sonrojante” el elevado número de entidades que no presentan cuentas, a la vez que planteó medidas legales para los ayuntamientos, diputaciones y entidades menores con no rindan cuentas.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Juan Luis Cepa también recalcó la necesidad de extender el control de las entidades locales a la hora de rendir cuentas, pero lamentó que a pesar de las recomendaciones del Tribunal Cuentas, la Junta no extiende este control y se convierte, en el caso de la aprobación de los presupuestos, en el “primer incumplidor”.

Por último, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda, María Ángeles Prieto, argumentó que el Gobierno debe ampliar la plantilla de secretarios, ya que la falta de estos profesionales provoca que su carga de trabajo sea muy elevada y genere problema en el funcionamiento de muchos ayuntamientos.