El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, condenado por la Audiencia Nacional hace ya casi un año a ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público por el caso de corrupción destapado por la 'Operación Púnica' en la Diputación de León, dejará su cargo tras un ultimátum que le ha tenido que dar a él y al secretario del Ayuntamiento la propia Junta Electoral Central.
La sesión ha sido fulminantemente convocada este viernes para esta misma tarde, a las 17.00 horas, de manera extraordinaria y urgente, como había exigido en un acuerdo a modo de ultimátum ayer día 11 de abril la Junta Electoral Central. Y además, ante la presión de un pequeño grupo de personas, vecinos del municipio, que se han presentado hoy en el Consistorio exigiendo que se cumpla la sentencia, con un cartel que rezaba: “Alcalde, vete ya de una vez”.
En su duro escrito, la más alta entidad electoral del país afeaba el incumplimiento de la pérdida de la condición de alcalde y de concejal de Sánchez transcurridos casi once meses de la sentencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y casi tres desde que, en otra resolución, la Junta Electoral zanjara que el regidor tenía que abandonar definitivamente todo cargo municipal.
En todo este tiempo transcurrido, varias fueron las maniobras dilatorias del propio alcalde y también del secretario de este Ayuntamiento, Borja Javier Miguélez Rodríguez. Desde mediados de enero hasta finalizar el primer trimestre del año no se convocó Pleno alguno en el Consistorio, pese a la obligación legal, de modo que así no se tomaba la decisión, que es automática y ni siquiera necesita votación alguna, de que Pedro Vicente Sánchez abandonara su acta después de un cuarto de siglo como alcalde. De hecho, esto le permitió seguir cobrando el elevado sueldo municipal del que disfrutaba. Además, hace unas pocas semanas que el alcalde cogió la baja médica, algo que aducían también ambos para que no se celebrara la sesión plenaria.
Colmando la paciencia
Tales maniobras acabaron colmando la paciencia de la Junta Electoral Central, cuyo presidente, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, a instancias nuevamente de un vecino indignado con la situación de manifiesta ilegalidad, llegó en última comunicación a amenazar con acciones penales si no se resolvía de una vez esta situación.
De hecho, llegó por escrito en la resolución a “apercibir al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de Puebla de Lillo de las responsabilidades, incluidas las de naturaleza penal, en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento del requerimiento de esta Junta”. Incluso ante las más altas instancias, remitiendo “testimonio a la Fiscalía General del estado”. Tal firmeza por fin resultó ejecutiva: la convocatoria del Pleno tardó apenas unas horas.
La sesión no requiere ni que voten los concejales asistentes, ni siquiera que acuda el propio todavía alcalde, como ya pasara con el precedente del alcalde de Cuadros y expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, igualmente condenado a causa de 'Púnica' a los mismos ocho años de inhabilitación. En su caso, él dimitió minutos antes del Pleno.
La Junta Electoral, además, pide pruebas a Puebla de Lillo de que se cumpla el motivo de la “incompatibilidad sobrevenida” tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y reclama al secretario que traslade “de manera inmediata certificación acreditativa de la vacante de concejal” a la sede de Madrid.
Perfil de 'el hombre de las nieves'
Pedro Vicente Sánchez García, apodado políticamente por algún rival como 'El hombre de las nieves', por ser el alcalde del Partido Popular desde los años 90 del siglo pasado de Puebla de Lillo, donde se sitúa la más importante estación de esquí de la Diputación en la provincia leonesa, fue también diputado provincial de Turismo (el área del que dependen las estaciones invernales) y alto cargo de Presidencia cuando no consiguió el acta provincial.
En ese cargo, mano derecha elegido a dedo por la entonces presidenta del PP y de la Diputación, Isabel Carrasco, fue desde el que según la condena facilitó el pago de hasta 107.000 euros a las empresas del entramado de la Púnica del empresario Alejandro de Pedro, dinero a cambio de favores personales que beneficiaron primero a Carrasco hasta que murió asesinada en mayo de 2014 y después a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, hasta su detención fulminante por la Guardia Civil en noviembre de ese mismo año. El destino de ambos alcaldes quedaría sellado, junto al del exinterventor provincial, Jesús 'Suso' López, que recibió idéntica condena. Y es que los dos tuvieron que abandonar el PP y presentarse a las elecciones por sendos partidos independientes, que no sólo ganaron sino que arrasaron en Lillo y en Cuadros en las elecciones posteriores.
El concejal que hoy firma la convocatoria del Pleno que será el adiós de Sánchez es José Ramón Alonso, teniente de alcalde junto a Teodomiro Fernández Martínez. Pero está por ver, en una sesión plenaria posterior, si alguno de ellos o alguien diferente de la lista electoral asume la Alcaldía de Lillo, después de que tome posesión el suplente del eterno regidor.