Los abogados de León denuncian la situación “dramática” del Juzgado de Villablino con retrasos de más de 2 años
Su nombre es Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y su objetivo era modernizar el sector. “Pero nosotros le llamamos ley de ineficiencia”, ironizó este martes el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla, al advertir de que su implantación en el pasado 2025 ha generado “una tormenta perfecta para un colapso”. A la problemática general se suman situaciones particulares que ya vienen de lejos como la del Juzgado de Villablino, que Díez Revilla no dudó en calificar de “dramática” con “retrasos demenciales de más de dos años”, incluso con “falta de incoación de procedimientos”.
Villablino afronta la “situación más caótica” de la provincia de León, a juicio del Colegio de la Abogacía de León, que desvinculó del problema al personal. “Somos conscientes de que una jueza que hay ahora está tirando con lo que hay”, subrayó el decano, que reconoció las dificultades para que los profesionales elijan plaza en lugar periférico como Laciana. “Se mejoraron las instalaciones, pero no está mejorando la parte de personal”, indicó para abogar por el establecimientos de incentivos para ocupar ese tipo de puestos, así como de refuerzos para suplir las carencias en la plantilla actual.
La realidad del Juzgado de Villablino es comparativamente la más “dramática” en la provincia, subrayan los abogados para también denunciar “sobrecarga, escasa especialización y una falta de estabilidad en los titulares que está afectando de forma directa a la tramitación” en Ponferrada, incluso hasta el punto de “producirse declaraciones fuera de plazo en procedimientos sensibles” como los relacionados con la violencia de género.
Precisamente “la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer”, una iniciativa teóricamente positiva, “está funcionando en la práctica más como una centralización que como una verdadera justicia de proximidad”. Y es que los letrados también ponen el acento en la situación de los partidos judiciales rurales en una provincia que sufre hándicaps como “la distancia y la climatología”. El Colegio de la Abogacía apuesta, en este sentido, por tirar de servicios electrónicos y telemáticos para evitar desplazamientos con el argumento añadido del impacto de suspensiones imprevistas de actos: “Si pudiéramos cuantificar realmente el sobrecoste que generan para un ciudadano todas las suspensiones judiciales, nos tiraríamos de los pelos”.
En un repaso general del sector en la provincia, el Colegio de la Abogacía de León, que renovó su directiva tras las elecciones del pasado mes de octubre, también demandó una mejora de los espacios destinados a las personas detenidas en dependencias tanto policiales como judiciales. “Hace falta lugares de detención dignos”, reivindicó el decano para apostar, asimismo, por la instalación de rótulos informativos para los usuarios, a veces desorientados al sumarse el desconocimiento al nerviosismo a la hora de afrontar procesos de esta naturaleza. “Y ahora”, apostilló, “es la parte humana la que está solventando esas situaciones”.
Con un millar de letrados ejercientes y otros 700 no ejercientes, la abogacía leonesa reconoce otras disfunciones derivadas del hecho que la comunidad de Castilla y León no tenga transferidas las competencias de Justicia, una “niña fea ” de la administración pública a la hora de poner sobre la mesa recursos económicos para hacer frente a males como la sobrecarga de trabajo y los consiguientes retrasos en los procedimientos.
