La Diputación tarda un año, forzada por sentencia, en asumir la carretera de Caín en Picos, de las más complejas de León
La Diputación de León nunca quiso asumir como propia, con todas las obligaciones de inversión y mantenimiento que ello conllevaba, una de las carreteras más complejas de la provincia, la que da acceso a Caín de Valdeón, la puerta de entrada al hito turístico que es la Ruta del Cares en el Parque Nacional de Picos de Europa en la vertiente leonesa. Y a pesar de que finalmente la institución ha perdido la batalla judicial que le ha enfrentado durante años al Ayuntamiento de Posada de Valdeón, tampoco parece tener mucha prisa ahora para afrontar lo que los más altos tribunales han zanjado.
Hace prácticamente un año que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León sentenció que Valdeón tenía razón: que a un municipio le resulta imposible hacerse cargo de la única carretera de acceso a los pueblos de Posada de Valdeón, Los Llanos, Cordiñanes y Caín, un tramo por el que se ha calculado la circulación de 250.000 vehículos de media al año.
La sentencia admitía sin lugar a dudas que se cumplían los requisitos legales para que la Diputación, el ayuntamiento de todos los pequeños ayuntamientos, se quedara en propiedad la compleja carretera LE-2705. Y eso a pesar de que hacía años, primero gobernando el Partido Popular y después con e pacto el PSOE y UPL, que la institución provincial se negaba con uñas, dientes y recursos. El actual presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, llegó a decir que asumir esta vía sería tal lastre en la institución que podría hacer imposibles otras muchas inversiones imprescindibles en carreteras de la provincia.
Incluso cuando en noviembre de 2024 el TSJ marcó la decisión final, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, el leonesista Roberto Aller, tardó meses en anunciar que ya no se interpondrían nuevos recursos. Cabía un último ante el Tribunal Supremo. Como declaró a ILEÓN el pasado mes de marzo de este año, arrancaría entonces su inminente inclusión en la red provincial de carreteras. A partir de ahí, se comenzaría a planificar con un informe técnico su actual situación para decidir y cuantificar qué inversiones urgentes necesita el vial, tras acumular varios años sin apenas mantenimiento debido al largo litigio.
Tuvo que arrancar el presente año 2025 para que la decisión judicial Tribunal Superior fuera declarada firme, en concreto el 24 de enero de 2025. Pero la institución provincial no movió ficha. Se conoce ahora, cuando un informe debatido en el seno de la Comisión de Infraestructuras y Movilidad, Protección Civil y Sepeis de la Diputación delata que ha tenido que ser el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León el que ordene la ejecución forzosa de la sentencia firme, que databa originalmente del 10 de enero de 2023. Ese ultimátum judicial es de hace apenas dos semanas, el 14 de octubre de 2025.
Ha sido sólo por esta insistencia judicial el motivo por el que ahora se comienza a desbloquear la situación. Porque todavía el camino administrativo es incipiente y apenas se pone realmente en marcha. En el Pleno ordinario de finales de octubre aparece, por fin, en el orden del día el primer paso real y efectivo para asumir aquella sentencia y la propia carretera de Caín.
El punto deja claro que todavía arranca ahora todo el proceso, al someterse a votación de todos los partidos políticos la “propuesta de iniciación del procedimiento para la incorporación al catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación de León de la carretera” a Caín“, en un tramo de poco más de 8 kilómetros. La finalización de este proceso aún carece de fecha, mientras el vial sigue acumulando años sin mantenimiento alguno.
Lo que se aprobará hoy, en concreto, es comunicar a la Junta de Castilla y León el inicio de la modificación del Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de León. Un catálogo que data de 2011 y que ahora, cuando culmine el proceso, se enmendará para incluir en él la carretera LE-2705 de Los Llanos de Valdeón a Caín, con una longitud concreta de 8,3 kilómetros.
A partir de ahí, este cambio se considera aprobado pero sólo de manera inicial. Todavía deberá realizarse una publicación oficial por diversas vías y someterse al trámite de información pública durante treinta días, abriendo plazo para el conocimiento de todas las partes que se consideren interesadas y posibilitando la presentación de posibles alegaciones. Transcurrido ese plazo, sólo se considerará definitivamente aprobado si no se formulara alegación o reclamación alguna. Es decir, con suerte ese proceso podría concluir todavía a finales de este año.
